El proyecto de Ley de Ingresos del Poder Ejecutivo
para 2022 no tiene previsto el concepto de cobro de
los centros de verificación vehícular de la empresa
Worldwide Environmental de Verificación
Vehicular, S de RL de CV, por lo que no podría ser
cobrado -al menos- durante los primeros meses del
año. Esto se debe -según el subsecretario Víctor
Amador Barragán- a que no se presentaron estudios
ni información del proyecto para la definición del
cobro de impuestos del próximo año. Representantes
del sector empresarial y diputados de oposición,
cuestionan el esquema previsto por la administración
de Jaime Bonilla Valdez
Plagado de irregularidades en el otorgamiento de la concesión y con una densa capa de opacidad, fue como se concretó uno de los últimos arrebatos del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, cuya gestión decidió entregar el único permiso para operar los centros de verificación vehícular de Baja California, a la empresa californiana Worldwide Environmental de Verificación Vehicular, S de RL de CV.
Impulsado por los ex funcionarios Mario Escobedo Carignan y Amador Rodríguez Lozano -ex secretario de Economía Sustentable y Turismo, y general de Gobierno, respectivamente-, el ex mandatario morenista avaló la firma del contrato de la empresa con el Poder Ejecutivo el 30 de julio de 2021, es decir, el último día que tenía facultades para signar contratos de ese tipo.
Por medio de una Declaratoria de Necesidad publicada en el Periódico Oficial del Estado del 23 de julio, y justificada por una necesidad urgente de contar con una buena calidad del aire, se omitió el proceso de licitación y se recibieron 12 propuestas para brindar el servicio.
En tiempo récord, la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, evaluó los densos dictámenes y otorgó un informe a la Comisión Estatal de Concesiones, dirigida por Rodríguez Lozano, la cual definió a la empresa californiana como la que ofreció el mejor servicio.
Pese a que el compromiso era que el programa de verificación vehicular entrara en vigor a partir de octubre, la empresa no ha entregado una sola documentación al nuevo gobierno que permita evaluar su avance, o si se encuentra en condiciones para operar.
Al menos esto consideró el subsecretario Víctor Amador Barragán, y, por ende, no se presupuestaron tarifas ni cuotas en el proyecto de Ley de Ingresos 2022, lo que quiere decir que no se podrá cobrar.
Por medio de una solicitud de Transparencia, ZETA tuvo acceso al contrato signado entre la empresa y el Poder Ejecutivo, mismo que durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, se ocultó del ojo público, pero tras el arribo del nuevo gobierno, la documentación fue liberada.
Diego Echeverría, diputado presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, considera que este esquema es insuficiente para garantizar una buena calidad del aire, además de que el proceso estuvo plagado de opacidad y determinaciones no claras, lo cual genera sospechas en el contrato mismo.
Además, cuestionó que el propio Estado tiene capacidad para otorgar este servicio, por lo que un esquema de concesión no es el más indicado.
Por su parte, Alberto Sánchez Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), sostuvo en entrevista que avalan cualquier esfuerzo por mejorar la calidad del aire, pero no hubo transparencia en el proceso y a la fecha se desconoce qué tipo de condiciones fijó el Estado con la empresa.
EL CONTRATO
En septiembre, ZETA solicitó copia del contrato por medio de una solicitud a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, y otras dos dependencias más, pero todas negaron contar con información al respecto y sugirieron turnar la pregunta a otras áreas.
Con el cambio de administración, se repitió el ejercicio y la Secretaría General de Gobierno otorgó el contrato por medio de una liga al Periódico Oficial del Estado, publicado el 2 de agosto. Lo curioso es que dicha publicación no estuvo disponible para su consulta hasta meses después, lo que deja claro que el gobierno de Bonilla ocultó intencionalmente el contrato que compromete a Worldwide Environmental Verificación Vehicular, S de RL de CV con el Poder Ejecutivo.
El documento de 30 páginas -en poder de este Semanario- y firmado por los ex secretarios Amador Rodríguez Lozano, Karen Postlethwaite y Mario Escobedo Carignan; y por Miguel Ángel Pulido Muñoz y James Patrick Delaney, indica que la empresa fue elegida omitiendo procesos de licitación, debido a que el ex mandatario bajacaliforniano presentó una Declaración de Necesidad ante la urgencia de tener una buena calidad del aire en los seis municipios del Estado, y según su explicación, otorgar el permiso a dicha empresa representaría un apoyo para reducir las emisiones contaminantes.
La empresa favorecida se registró en Guadalajara, Jalisco en junio de 2020, es propiedad de William Oscar Delaney Jr. y tiene como representantes legales a James Patrick Delaney, a Miguel Ángel Pulido Muñoz y al abogado y académico Daniel Mier Morales. Dicho negocio se localiza en Puerto Chamela número 456, interior 17 de la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco.
La explicación de motivos responsabiliza a los vehículos del 51.06% de las emisiones atmosféricas, de las que los automóviles son el 89% son de monóxido de carbono.
Según el documento, los datos extraídos del estudio Pro-Aire 2017 no son fielmente precisos, toda vez que dicha evaluación considera a las partículas P,10 y PM2.5 como las principales responsables de la mala calidad del aire, y son atribuidas a calles no pavimentadas.
Respecto al monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y óxido de azufre, sí los ubica como los principales responsables, pero focaliza el daño ecológico a vehículos de gran tamaño como camionetas y pick-ups, y desplaza en segundo -e incluso tercer lugar- a vehículos pequeños, que son la mayoría.
El documento también responsabiliza -en gran medida- al enorme flujo de vehículos de procedencia extranjera con más de 12 años de antigüedad y que incumplen con equipos para reducir emisiones contaminantes. Y reconoce que los autos chocolate son uno de los principales responsables de esta realidad, aunque, por otro lado, promueve la regularización de vehículos de procedencia extranjera, e incluso crea un Instituto de Identidad Vehicular, en aras de brindar certeza jurídica a estos automóviles de procedencia extranjera y cuya estancia en el país es irregular.
Entre los puntos que destaca el documento, la empresa de origen estadounidense se obliga a presentar una petición para abrir un centro de verificación vehícular con dimensión de 500 metros cuadrados -sólo del área de verificación-, donde presente planos arquitectónicos y detalles del inmueble a utilizar. La Secretaría de Economía deberá informar sobre la cantidad de vehículos registrados en la zona para determinar la viabilidad de su instalación.
Por la urgencia, la empresa se comprometió a presentar el inmueble en Tijuana durante los primeros 30 días del inicio de la vigencia del contrato, es decir, a partir de su firma, para que a la sexta semana se tenga ya instalado un centro. Después de la octava semana, ya operen dos más en Ensenada y Mexicali; que en la doceava semana sean inaugurados otros dos en Tecate y Tijuana; y que en la semana dieciocho ya se cuente con otros tres en Rosarito, Tijuana y Mexicali.
De inicio, el proyecto contemplaba ocho centros de verificación vehicular que iniciaran operaciones en el ejercicio fiscal 2021, y de ser necesario, otorgar más permisos para que la empresa amplíe sus operaciones.
Cabe recordar que cuando se implementó el primer esquema de verificación vehicular, durante la administración del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán, se otorgaron 18 concesiones, pero 16 mantuvieron operaciones. En el actual esquema sólo se tienen previstos ocho centros, es decir, la mitad, lo que automáticamente representará una saturación en el servicio.
Acorde con Víctor Amador Barragán, subsecretario de Ingresos, hasta el momento no han recibido información sobre un solo documento relacionado con los centros de verificación, lo cual resulta extraño, toda vez que la información relacionada con el parque vehicular corresponde precisamente al área que dirige.
“La tarifa iba a ser de acuerdo a como se estableciera en la Ley de Ingresos, en el Estado, realizando el cobro de los derechos en los términos de la Ley de Ingresos que corresponda, eso que nos has comentado en ese valor, por parte de la transición, pero no tenemos ninguna propuesta en términos de las concesionarias y no tenemos nada”, refirió el funcionario.
Por tal motivo, presentaron un proyecto de Ley de Ingresos para 2022 que no contempla los cobros de este concepto. De ahí que las empresas no podrán llevar a cabo ningún esquema de verificación vehicular, y, por ende, no existen elementos para arrancar el programa en enero.
“No hay centros, no hay tarifa propuesta, ni proyecto, ni nada. Eso ya no compete a esta área, tendría que verse en otra ventanilla, no se podría cobrar. Es evidente que debió cumplir con algo, ya prácticamente se acaba el año, es más, la revalidación empieza el 2 de enero y hay gente aquí revalidando sus placas, entonces, qué pasará si no hay centros de verificación vehicular y estamos a diciembre; iban a empezar como en febrero”, cuestionó el funcionario.
El contrato también define que, por cada aviso de instalación, la concesionaria deberá pagar 11 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) como póliza al Poder Ejecutivo, pero tampoco se han registrado ingresos al respecto.
A pregunta directa sobre si esto podría modificarse arrancado el siguiente ejercicio fiscal, Amador Barragán dijo que sí, pero recordó que los primeros meses del año son precisamente los de mayor recaudación en torno a la revalidación de placas y tarjeta de circulación.
Al parecer, el gobierno de Bonilla tenía previsto que esto podría ocurrir, pues en una de las cláusulas estableció que el retraso en su instalación no era una falta grave y no sería causal para rescindir el contrato.
De igual forma, el contrato refiere que los servicios deben ser equivalentes al Buró de Reparaciones Automotrices de California (BAR, por sus siglas en inglés), para que la verificación sea válida en la región Baja California-California.
El Estado también otorga beneficios para informar cuando no se pueda cumplir con el servicio, concediendo un periodo de 20 días hábiles previos o siguientes, según sea el caso, por el que se interrumpirá la labor de dicho centro, siempre que no sean causas fortuitas; además de varias oportunidades para resarcir el daño o la falta del servicio antes de permitir facultades al Estado de emitir una sanción o la revocación misma.
WORLDWIDE SE LLEVARÁ 70% DEL RECURSO
Según la propuesta de la transnacional, la distribución de las ganancias sería de 70% para la empresa y 30% para el Poder Ejecutivo, definiendo un monto de 540 pesos por automóvil inspeccionado.
Esto quiere decir que el Estado recibiría 160 pesos por cada unidad, lo que para el diputado Diego Echeverría representa una ganancia sustancial para la empresa, de la que bien pudo hacerse el Poder Ejecutivo.
Cuestionado al respecto, el secretario de Ingresos comentó que no se cuenta con estudios de cuánto pudiera ser la recaudación total del Estado, puesto que la empresa no ha presentado un solo proyecto, por lo que dicha información ya se encuentra en la Secretaría General de Gobierno, donde se están analizando las cláusulas del contrato. Sin embargo, estimó que en BC estarían registrando aproximadamente 600 mil automóviles.
El último dato disponible en la PNT del Gobierno del Estado, indica que en el último trimestre de 2020, cuando se incluyó la inspección ambiental, se verificaron 4 mil 494 vehículos, de los cuales 3 mil 709 fueron aprobados y sólo el 17% rechazado, lo que quiere decir que es muy pequeño el porcentaje que no cumple.
Para el presidente de la Canacintra, el proceso fue cuestionable desde que se creó el Instituto de Identidad Vehicular, el cual, pese a ser irregular, permitió la erogación de 70 millones de pesos por el registro de autos chocolate.
“Nosotros no conocemos esta empresa, su plan de acción, cuánto se va a tener, esperemos que tengan un esquema de citas previas para el usuario; hay que revisarlos y ser propositivos para la ciudadanía, hay vehículos para estas verificaciones, pero revisar el proceso”, argumentó el empresario al conocer que se tienen previstos menos centros que los establecidos en la pasada concesión.
El diputado por el Partido Acción Nacional agregó que era necesario definir un esquema en el que el recurso que ingrese en las arcas estatales, sea realmente en beneficio del medio ambiente, por lo que se debe plantear la creación de un fondo destinado específicamente a definir políticas públicas para resarcir el daño ambiental.
Como ejemplo -dijo-, puede destinarse a instalar puntos de recepción de muebles viejos y otro tipo de centros de transferencia, para evitar los tiraderos clandestinos o ensuciar terrenos baldíos.
MUNICIPIOS NO PREVIERON SANCIONES EN SU LEY DE INGRESOS
El tema prácticamente pasó de noche a todos los municipios de BC, pues ninguno definió o habilitó sanciones para unidades que no cuenten con los esquemas de verificación vehicular, es decir, no podrán cobrar o multar a los automovilistas que incumplan con esta medida. Sólo Mexicali cuenta con una multa de 2.6 UMA por incumplimiento, el cual -extrañamente- no se retiró de las leyes de Ingresos de años previos, la cual nunca se ha ejercido, pero persiste año con año.
Por otro lado, no se definen mecanismos para establecer qué ocurrirá con las unidades que incumplan, mismas que -en teoría- ya no podrían circular por la entidad y sólo tendrían una oportunidad en caso de exceder el límite de emisiones en su primera intervención.
