De resistirse a lo dispuesto en la Ley de Ingresos que contempla el pago de contribuciones por el uso y disfrute del inmueble, comerciantes asentados en zona federal deberán iniciar un nuevo litigio contra el gobierno municipal
El Fideicomiso del Centro Comercial de La Bufadora iniciará un deslinde para fijar un límite entre propiedades públicas y privadas, a fin de recuperar la posesión de al menos 15 mil 318 metros como parte del plan para reconstruir el destino turístico más importante de Ensenada.
El viernes 3 de diciembre comenzó el procedimiento dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), la cual está concesionada al gobierno municipal, pero por años ha sido ocupada por comerciantes de la asociación civil La Bufadora en Pie de Lucha.
Esta situación se presenta luego que, el 10 de noviembre, el Cabildo de Ensenada aprobara una Ley de Ingresos 2022 en la que proponen el pago de contribuciones de quienes se benefician con negocios dentro del polígono.
De acuerdo con el anteproyecto de Ley, actualmente en análisis en el Congreso del Estado, contempla la firma de contratos por el uso y disfrute del área pública.
Si la disposición, avalada por el alcalde Armando Ayala Robles, resulta adversa a los comerciantes, cabe la posibilidad de iniciar un nuevo litigio con el Ayuntamiento, afirmaron integrantes del Consejo de La Bufadora.
En noviembre de 2013, un grupo de comerciantes tuvo un violento enfrentamiento con la extinta Policía Federal, cuando estos intentaban cumplir con una orden de desalojo del Juzgado Séptimo, debido a una disputa legal por los terrenos con integrantes del Ejido Coronel Esteban Cantú.
La orden se suspendió, no obstante, los locatarios continuaron las protestas, afirmando que el gobierno municipal de Pablo Alejo López Núñez y ejidatarios, trataban de privatizar La Bufadora en beneficio propio.
REQUIERE MILLONARIA INVERSIÓN
Hasta 2020, el fideicomiso citado no tenía control sobre ninguno de los espacios y, por lo tanto, no tenía ingresos, ni siquiera para cubrir el pago de la nómina, por lo que oficinas centrales se hacían cargo de esa obligación.
Cuestionado sobre este proceso de recuperación de espacios públicos alrededor del géiser marino, el director del fideicomiso, Joaquín Bolio Pérez, confirmó que la intención es legalizar -en lo posible- el área turística.
Refirió que los propios integrantes de la asociación civil han sido invitados a presentar un proyecto para mejorar los negocios instalados con el paso de los años, sin embargo, el plazo se está agotando. En contraste, ha recibido dos propuestas de inversión privada para mejorar las condiciones del centro comercial: uno de estos proyectos incluye una tirolesa, con una inversión de 2 millones de dólares por parte de la empresa Condor Zip.
Algunos propietarios de negocios han colaborado con mejoras en la infraestructura y están dispuestos a mejorar el entorno, en tanto, otros aún no responden a las convocatorias.
SIN PERMISOS NO HAY INVERSIÓN: FIGUEROA TENTORI
Jaime Figueroa Tentori, director de Infraestructura Municipal del XXIV Ayuntamiento, declaró que el plan en La Bufadora es volver a tener un espacio aprovechable, vistoso y atractivo para el turismo, “sobre todo ordenado, desde los locatarios, pasando por las entradas, los estacionamientos y la zona de restaurantes”.
Aún no hay un proyecto consensuado, sin embargo, se calcula que la remodelación del mirador, andador y otras obras podría costar alrededor de 20 millones de pesos.
Figueroa agregó que el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, tiene en su poder un proyecto parcial que presentará en una asamblea en la que estarán comerciantes, ejidatarios y servidores públicos, y aceptó que persisten dudas respecto a renovar el quiosco, o construir un anfiteatro con gradas, estacionamiento público y siete locales comerciales.
“Si vamos a reconstruir y remodelar, necesitamos tener los permisos, así como limitaciones de la zona federal, porque no queremos que pase lo mismo que en Playa Hermosa”, expresó en alusión a la clausura por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por supuestos daños ambientales.
PLAN PARA 2022, EN ENERO
A pesar de la pandemia por COVID-19, La Bufadora ha sido el destino turístico más visitado en Ensenada, ya que acuden entre 2 mil 500 y 3 mil personas, aunque los fines de semana la cifra alcanza hasta 6 mil turistas.
Como no hay estacionamientos públicos, los viajeros deben pagar una cuota “variable” de entre 60 pesos o 3 dólares, dependiendo del pedazo de terreno para acomodar el vehículo.
Joaquín Bolio Pérez aseguró que no hay oportunidad para solicitar fondos federales para la remodelación de La Bufadora, pues desde hace 15 años se encuentra en litigio casi toda la superficie.
Los quioscos, andadores y baños se encuentran en ruinas: para ejecutar un plan, ha celebrado al menos 100 encuentros con comerciantes, miembros de la iniciativa privada y otros funcionarios. Estas obras fueron edificadas en anteriores administraciones y quedaron como elefantes blancos. Con el tiempo algunos comerciantes invadieron, y ahora tienen tomadas las áreas comunes.
Para Bolio, la única forma de mejorar las condiciones, es elevar los ingresos y permitir la inversión privada. Los servicios que más demandan quienes tienen negocios, son la recolección eficiente de basura, seguridad pública y limpieza general del inmueble.
En total, en La Bufadora hay 130 comerciantes entre fijos, semifijos y ambulantes.
De acuerdo con el proyecto de Ley de Ingresos 2022, el Ayuntamiento hará contratos “por el uso de los baños públicos”, con el objetivo de inhibir invasiones al inmueble y generar recursos propios.
Con esto, se pretende obtener un ingreso mensual por el uso y disfrute del inmueble, mientras que, por otra parte, el gobierno se compromete a mantener en buen estado y limpio el lugar, para beneficio de turistas nacionales y extranjeros.
Como parte de las nuevas reglas, todos aquellos músicos, danzantes, fotógrafos e incluso vendedores semifijos de alimentos, deberán contar con un permiso y tributar ante el gobierno municipal.
El fideicomiso también cobrará por la instalación de publicidad al comerciante que así lo quiera, con un costo entre 4 mil y 8 mil pesos mensuales.
HARÁN EXCEPCIÓN PARA LEGALIZAR VENTA DE ALCOHOL
Para evitar una modificación al reglamento y permitir que los locatarios continúen con la venta de bebidas preparadas con graduación alcohólica, se presentó un plan de regularización a cargo de José Ángel León Zumarán, director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos del XXIV Ayuntamiento.
En lo que va del año, personal de dicha dependencia ha realizado 24 inspecciones, en las que detectó a 16 locatarios que ofertaban bebidas alcohólicas de manera clandestina.
“Hemos tenido decomisos de cerveza, o destilados que acompañan algunas bebidas preparadas típicas. Una vez pagada la multa, se les devuelve”, indicó León Zumarán.
En un recorrido por La Bufadora, ZETA pudo constatar que en los negocios fijos instalan barras improvisadas y hieleras para revender a los turistas las bebidas alcohólicas que compran en negocios de conveniencia.
La primera multa es de 4 mil pesos, pero como la mayoría son reincidentes, va subiendo a 8 mil, 16 mil y 32 mil pesos. “Llega un momento en que, de plano, prefieren dejar el producto con nosotros. Tenemos cuatro meses para su destrucción, aunque en este momento estamos revisando cuál es el protocolo, porque nunca se ha realizado este procedimiento”, abundó el director.
Un permiso para la comercialización de bebidas destiladas tiene un costo aproximado a 300 mil pesos, cantidad incosteable para un vendedor de la zona.
Por último, el funcionario adelantó que la propuesta es que cada comerciante pague la barra durante los fines de semana, como si se tratara “de un evento”, para de esa manera “cumplir con el reglamento”.
