“Los Fiscales Federales son designados por el Presidente de los Estados Unidos y actúan a criterio del mismo, con el consejo y el consentimiento del Senado de los Estados Unidos”, así, abiertamente se habla de la subordinación entre la procuraduría en la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos que define la misión de los procuradores.
En el mundo, el mismo modelo de total dependencia a la figura presidencial es vivido abiertamente por países europeos como Francia, Alemania Italia y España.
Mientras que en México y sus estados fingen, proclaman y legislaron para sus fiscalías una independencia de papel y de mentira, que se ha ridiculizado en los últimos dos meses, a partir de las remociones de seis fiscales supuestamente “autónomos” por los gobernadores electos que tomaron posesión en noviembre.
Las fiscalías supuestamente autónomas son un tema más de países latinoamericanos, un tanto derivado de la serie de informes anuales presentados desde principio de los años noventa por diferentes departamentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organizaciones, en los que se ha destacado que la falta de autonomía y profesionalización de las instituciones persecutoras de los delitos, es una de las principales causas de la impunidad, corrupción y ausencia de respeto a los Derechos Humanos.
Después de 30 años de reclamos internacionales, algunos países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México han reformado leyes, en busca de la sugerida autonomía funcional y financiera. Pero todo ha quedado en discurso y la teoría de leyes reformadas a medias.
La realidad es que las fiscalías siguen dependiendo, sea de los poderes Ejecutivos, de los Judiciales y las Cortes.
En México, durante 2014 se aprobó una serie de reformas para creación de una Fiscalía General de la República (FGR) autónoma, promovida por 300 organizaciones.
Fue hasta finales de 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, que le dieron continuidad, pero también le pusieron trabas.
A conveniencia, no contemplaron cambios constitucionales para limitar o eliminar la participación del Ejecutivo en la designación y remoción del titular; y menos consideraron la participación de un comité ciudadano en la nominación del candidato a fiscal, como se sugirió en la propuesta original.
Los pejistas también decidieron evitar establecer un sistema que permitiera y obligara a seleccionar a un fiscal sobresaliente, superior por su calidad moral, trayectoria democrática, conocimiento de la problemática y experiencia en el sistema de justicia, y no por su cercanía con el grupo de poder en el gobierno o en el Congreso. Proximidad que evidentemente anula todo intento de independencia y autonomía.
Ante la obvia injerencia, las autoridades argumentaron que la duración en el encargo -nueve años en la Federación, seis en Baja California y otros estados mexicanos- conseguiría un fiscal independiente, ya que se desempeñaría durante una etapa de su puesto con el Ejecutivo que los designó, y una segunda etapa con un mandatario diferente. De ese tamaño la vacilada, pero ni eso.
Para empezar, seis de quince gobernadores electos en 2021 cambiaron en el primer trimestre a sus fiscales “autónomos”: los mandatarios morenistas de Baja California, Colima, Guerrero y Sinaloa, también la panista de Chihuahua, y el del Partido Verde Ecologista de San Luis Potosí. Total, más de seis años y presupuesto perdidos en una autonomía fingida.
Entonces, más vale que se dejen de ficciones y se decidan. O legislan para que de verdad se creen órganos independientes, donde los candidatos deban cumplir con requisitos que demuestren independencia y eficiencia, cuyas ternas sean preseleccionadas por un comité ciudadano, por un consejo de procuradores u organismos civiles y su temporalidad sea diferentes a la de los ejecutivos; o de plano, el Presidente y los gobernadores se quitan las máscaras de libertarios, reconocen en Ley, la jerarquía que ejercen sobre los fiscales y se hacen responsables:
– De los resultados y el trabajo en el combate a todos los delitos de sus fiscalías subordinadas.
– De que la persecución de los delitos sea objetiva sin revanchismos políticos.
– De que las investigaciones se realicen de manera rápida y expedita, sin importar si comprometen a altos funcionarios.
Al final, la corrupción de los órganos que persiguen el delito, es directamente proporcional a la corrupción de sus gobernantes, pero en el actual modelo, regido por una autonomía de imitación, ninguno de los poderes se hace realmente responsable de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, mientras la impunidad crece, la corrupción permanece y la fiscalía continúa usándose como instrumento de presión política.
Es hora que se dejen de autonomías patito, que repartan responsabilidades claras y definan los grados de subordinación de las fiscalías, para que los gobernados decidan si están o no de acuerdo, y actúen en consecuencia.
