La administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda
se convertirá en el tercer gobierno que intenta un
rescate financiero del Instituto por medio de un
esquema de financiamiento bancario. La institución
se dirigió a la quiebra desde 2010, cuando los propios
gobiernos dejaron de cumplir con sus aportaciones,
pero, además -según expertos-, cuando se volvió
insostenible estructura del sistema de pensiones y
jubilaciones para el sector magisterial y burócrata.
Tanto el ex presidente del Colegio de Economistas,
Enrique Rovirosa, como el presidente de la Coparmex,
Octavio Sandoval López, consideran que la medida no
soluciona el problema, mismo que podría colapsar
-según estimaciones- en 2030
En las primeras semanas al frente de la administración estatal, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, prioriza lo urgente por encima de lo importante, y en una medida que pretende brindar una solución inmediata a la grave crisis financiera del Instituto de Seguridad y Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado y los Municipios de Baja California (Issstecali), se adelanta para hacer un convenio de reconocimiento de deuda que, según expertos, es un mecanismo para burlar la Ley de Disciplina Financiera que impide el endeudamiento para cubrir el gasto corriente.
El 9 de diciembre, la administración de Ávila Olmeda presentó ante el Congreso del Estado una petición para firmar un convenio de colaboración con el Instituto, a fin de reconocer su deuda y buscar un mecanismo bancario por el cual se pudiera cubrir el monto de 2 mil 589 734 mil pesos.
Dos días después, la Comisión de Hacienda, dirigida por Julia Andrea González, ya tenía el dictamen de viabilidad de la Auditoría Superior del Estado (ASEBC),mismo que respaldó la petición de la gobernadora para que, por medio de una especie de triangulación financiera, el Issstecali, con el aval del Poder Ejecutivo, ceda su capacidad de cobro a una banca privada -o pública- y compromete al Estado a cubrir el mismo monto, pero a una banca privada, en un periodo máximo de 24 meses, con seis meses de tolerancia.
El tema fue avalado por los siguientes diputados:
Rocío Adame, Alejandra Ang, Manuel Guerrero Luna, Sergio Moctezuma Martínez, Michel Sánchez Allende, Víctor Hugo Navarro, Juan Manuel Molina García, Ramón Vázquez Valadez, Araceli Geraldo, Julia Andrea González Quiroz,
Evelyn Sánchez Sánchez, Dunia Monserrat Murillo López y Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, de Morena; Alejandrina Corral, Amintha Briceño Cinco, Diego Echeverría, del Partido Acción Nacional (PAN); María Monserrat Rodríguez Lorenzo, Miguel Peña Chávez y Rosa María Zamarripa García, de Partido Encuentro Solidario (PES); Román Cota Muñoz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano; y César Adrián González García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Con ello, la flamante administración morenista se convertirá en el tercer gobierno, de manera consecutiva, que intenta un rescate financiero para sanear las finanzas de una institución quebrada, pues tanto la administración de Jaime Bonilla Valdez, como Francisco Vega de Lamadrid, adquirieron compromisos financieros con banca privada, los cuales nunca se destinaron al pago de la institución.
En los primeros 45 días, Ávila Olmeda ya solicitó tres créditos a corto plazo por 2 mil millones de pesos, para cubrir los compromisos de salarios y aguinaldos del cierre del ejercicio fiscal, a lo que -en caso de concretarse- se adquirirá un tercer compromiso a cubrirse -en el mejor de los casos- en 24 meses, según el dictamen de la ASEBC.
El endeudamiento total de los organismos públicos con Issstecali ascendía en octubre de 2021 a los 6 mil millones de pesos -según cifras oficiales-, siendo el Estado y ayuntamientos como Ensenada, los que presentan los peores retrasos.
NUEVO COMPROMISO CREDITICIO
Aunque en ninguna parte del estudio de viabilidad de la ASEBC -conformado de 42 páginas- menciona un préstamo o una reestructuración, la realidad es que el reconocimiento de deuda solicitado por el Poder Ejecutivo al Legislativo, abre la posibilidad para que el Estado signe un compromiso de pago con una banca privada.
El secretario estatal de Hacienda, Marco Moreno Mexía, comentó en entrevista telefónica para ZETA que el esquema presentado no es precisamente un préstamo, pues no se contempla dentro de la Ley de Disciplina Financiera, la cual restringe adquirir préstamos para pagar gasto corriente.
En este caso, el convenio de reconocimiento de deuda, permite al Issstecali ceder sus pasivos a una banca privada por medio de un descuento del propio adeudo y comprometer al Estado a que en un plazo de 24 meses -sí así lo autoriza la financiera- pueda cubrir el adeudo en su totalidad.
“Pero la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera, la operación no pasa, es una transacción regulada por la Ley Mercantil, el Estado tiene un pasivo a favor de Issstecali y los derechos de cobro se los pasa a un tercero, y es el que irá a cobrar; el Estado pagará la misma cantidad, en lugar de hacerlo de inmediato”.
En otras palabras, el Issstecali vende la deuda de más de 2 mil 500 millones de pesos a un precio menor a una banca y este se la cobra al Estado, el cual tendrá que pagar el monto exacto.
“Estamos hablando con un par de bancos que están dispuesto, insisto, sin intereses, es un factor de descuento, estamos negociando en el rango de 2.5 por ciento sobre la tasa del 7.5 por ciento”, refirió el experto en finanzas de la gobernadora, quien agregó que no es un esquema nuevo, pues el gobierno anterior pretendió un esquema similar por mil 960 millones de pesos, salvo que en esta ocasión se intentó hacer -asegura- transparente y con el aval de los diputados.
Los ex gobernadores Jaime Bonilla Valdez y Francisco Vega de Lamadrid, utilizaron la justificación de la deuda con el Issstecali para hacerse de recursos de la banca privada, pero nunca resolvieron el problema.
“¿Qué está sucediendo? Que está creciendo el déficit en Issstecali, se acumulan problemas y pasivos. El Estado no tiene recursos disponibles para cubrirlos y al cierre del ejercicio se tienen que cubrir todos los compromisos para atender todas las necesidades del cierre del ejercicio”, expuso.
Para el ex presidente del Colegio de Economistas, Enrique Rovirosa, la intención de este esquema es evadir la Ley de Disciplina Financiera y “ocultar” una deuda directa del Poder Ejecutivo del Estado, por medio del Issstecali.
Si bien, justificó que existe una necesidad del actual gobierno por resolver problemas urgentes, no es precisamente el mejor esquema, puesto que lo vuelve más opaco o sospechoso.
Con esto, Ávila Olmeda estaría comprometiendo las arcas estatales por dos años, para cubrir más de 2 mil 500 millones de pesos, lo que quiere decir que sólo en este préstamo deberá apartar más de mil millones de pesos al año para cubrir el compromiso.
Por ello, la urgencia de aprobar el decreto antes de concluir 2021 y así recibir el recurso y alistar los compromisos para el año entrante.
A juicio de Rovirosa, la solución que ofrece la gobernadora es simplemente para “patear el bote” y dar soluciones inmediatas que sólo posponen la crisis financiera del organismo de salud.
Durante la sesión de Pleno realizada el lunes 13 de diciembre, donde se aprobó el Dictamen 57 que avala la oportunidad de firmar el convenio de reconocimiento, diputados como Manuel Guerrero Luna y Diego Echeverría, de Morena y PAN, afirmaron que era una buena medida para dar solución a la necesidad de solucionar el rezago de pensiones y jubilaciones del magisterio y de la burocracia.
Incluso Echeverría Ibarra reclamó que el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, adeuda más de mil millones de pesos a la institución, afirmando que tiene parte de responsabilidad en el problema.
Lo que no mencionaron es que el adeudo al Issstecali supera los 7 mil millones de pesos, incluyendo las Comisiones Estatales de Servicios Públicos y otros institutos; los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y los propios ayuntamientos de Baja California.
La situación es tan risible que hasta el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado -de reciente creación- ya debe 100 mil pesos por cuotas no reportadas por parte del Poder Ejecutivo.
Entre las instituciones que más deben al Issstecali, se encuentra el Ayuntamiento de Ensenada, que hasta octubre de 2021, debía 2 mil 787 millones 752 mil 755.2 pesos; el de Mexicali, mil 761 millones 417 mil 054 pesos; de Tecate, mil 228 millones 384 mil 330.77 pesos; la CESPE, 756 millones 896.96 pesos; y el Instituto de la Vivienda (Indivi) -entonces dirigido por el diputado Marco Antonio Blásquez- adeuda 191 millones 611 mil 498.37 pesos. De manera que prácticamente todas las instituciones y dependencias públicas tienen algún adeudo con la institución de salud y pensiones.
Cabe recordar que si bien, el ex gobernador Bonilla impuso una condonación de recargos a varios municipios del Estado, la realidad es que aun así, deben las cuotas percibidas por el Issstecali.
PENSIONES Y JUBILACIONES, CAUSA DE LA CRISIS
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconoce que su propuesta no solucionará realmente los problemas del Instituto, pero confía en que lo entregará más sano que el que recibió.
“Sería quizás absurdo decir que en seis años se va a resolver la situación de Issstecali, han sido muchos años que lo estamos recibiendo quebrado, se requiere hacer las reformas y reestructuración financiera para dejar un Issstecali más sano del que estoy recibiendo en estos momentos”, refirió la mandataria, exhortando a los ayuntamientos a cubrir sus cuotas.
Tanto para el contador Octavio Sandoval López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), como para Enrique Rovirosa, la única solución es reestructurar el sistema de pensiones y jubilaciones del magisterio y de la burocracia del Estado.
Dentro del estudio de viabilidad se hace énfasis en el déficit que genera la prestación mutualista, entre los ingresos de aportaciones de los trabajadores y los gobiernos, pero ni Marina ni el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, se han comprometido -hasta este momento- a realizar una revisión de fondo del sistema de pensiones.
Según el documento, el Estado estima ingresos de cuotas del magisterio que rondan los 3 mil 830 millones 727 mil 457 pesos, pero considera egresos por 5 mil 476 millones 708 mil 315 pesos; mientras que en la burocracia ingresan cuotas por 3 mil 347 millones 330 mil 946 pesos, pero eroga 3 mil 733 millones 603 mil 533 pesos; y los Servicios de Salud estiman ingresos por 3 mil 511 millones 646 mil 177 pesos, con egresos de 4 mil 069 millones 127 mil 670 pesos.
Precisamente de esa evaluación, el equipo de la gobernadora estima un préstamo indirecto por más de 2 mil millones de pesos, a lo que se le deben agregar los intereses que se cobrarán, que de acuerdo con Rovirosa, no serán menores del 5.5 por ciento.
Por su parte, el presidente de la Coparmex aseveró que la solución a esta problemática es revisar los esquemas que vuelven a jubilados y pensionados, perfiles con ingresos onerosos de manera injustificada. Es por ello que -como ha sido durante los últimos años- solicitaron reestructurar el sistema de jubilaciones para definir cuentas individuales y no una bolsa general, con el objetivo de que todas las personas sepan cuánto dinero han cotizado a lo largo de su carrera y percibir el ingreso con base a ello.
NO ES OTORGAR IMPUNIDAD A GOBIERNOS PASADOS: PAN Y MC
Para las diputadas Amintha Briceño Cinco y Daylín Ruvalcaba, se otorgó un “voto de confianza” a la gobernadora, pero negaron que se trate de brindar impunidad a las administraciones pasadas -principalmente panistas- que hicieron caso omiso en el reporte de cuotas.
“Se debe crear un sistema de pensiones de gobierno con cuentas individuales y la pensión será lo aportado por el gobierno en la vida laboral del trabajador, en base a semanas cotizadas con edad de jubilación mínima de 60 años, independientemente de los años trabajados”, refirió el representante de la Coparmex.
“En el sector público con 30 años laborados, te retiras a los 48 de edad, y de acuerdo a la vida esperada en los hombres de 74 años, durarían viviendo de la pensión 26 años, pero esos 26 años no están fondeados”, analizó Sandoval.
Agregó que, conforme a estudios actuariales, el problema inició en 2010, pero de continuar la tendencia, las carencias financieras del Issstecali colapsarían a partir de 2030.
Pese a ello, ni la diputada García Ruvalcaba, ni Briceño Cinco, definieron un mecanismo para garantizar -primero- que el recurso adquirido sea pagado a la institución; y segundo, que el empréstito venga acompañado de una reestructuración en el sistema de pensiones del Estado.
Cabe recordar que una de las primeras acciones del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid fue solicitar un préstamo para cubrir el pago al Issstecali, pero finalmente no lograron concretarlo debido a las restricciones de la Ley de Disciplina Financiera.
El recurso -según Vega de Lamadrid- se gastó en proyectos de inversión, los cuales no se concretaron.
