Elementos de la Policía Estatal denunciaron ante la CEDH maltrato, hostigamiento laboral, abuso de poder y malas condiciones de trabajo, así como salarios desproporcionados
102 elementos de la Policía Estatal Preventiva de Baja California Sur acusaron a altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública por diversos abusos de autoridad, violaciones de sus Derechos Humanos y a las condiciones de trabajo a las que están expuestos en su labor diaria, informaron a ZETA.
La inconformidad data de 2018, cuando la imposibilidad del Gobierno del Estado por contener los hechos violentos entregó la estrategia al Gobierno Federal, que colocó en puntos clave a agentes de la Secretaría de Marina en activo. Así es como policías municipales, la Policía Estatal Preventiva y la Ministerial quedaron a cargo de mandos militares.
“Ya estamos cansados de esos maltratos que están generando los actuales altos mandos de la Policía Estatal, desde el comisario, el subcomisario de operaciones, del área jurídica y la supervisión general; ya estamos hartos de ellos, porque nos traen en condiciones precarias, cero uniformes, unidades deplorables, cambios y salarios injustificados, inclusive en ocasiones se han dirigido con groserías. De todas esas anomalías han puesto quejas ante Derechos Humanos”, denunció Eduardo Alonso Rodríguez Camacho, presidente de la Asociación de Policías de Baja California Sur.
El 7 de diciembre, un grupo de agentes acudió a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para dar trámite a su queja por supuestos atropellos por parte de algunos mandos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública.
Entre los servidores señalados destacan el secretario de Seguridad Pública, Javier López García; el comisario José del Carmen Romero; el subcomisario José Luis Esquivel; el suboficial Eulogio Polanco Flores; del área jurídica, Blanca León Graciano y la subdirectora de la Academia, Yessenia Rivera Ruiz.
“Son 102 elementos estatales los que presentan su queja ante este organismo protector. De entrada, se recibieron 102 escritos, uno escrito por cada persona, por cada elemento de la Policía Preventiva, hombres y mujeres, los cuales se están integrando en un expediente para dar mejor trámite a la queja, todos en un expediente, porque todas las quejas versan sobre los mismos hechos”, afirmó Elías Camargo, titular de la CEDH.
Los agentes se dicen víctimas de maltrato de los mandos de la institución, denuncias que ya se hicieron ante el Poder Ejecutivo estatal, pues anteriormente se levantaron quejas ante la Unidad de Asuntos Internos y la Comisión de Honor y Justicia, sin embargo, “la mayoría no procedió, por ser en contra de altos mandos”.
Las denuncias y expedientes correspondientes son:
De acuerdo con los denunciantes, ya no se trabaja de conformidad en la corporación, incluso argumentan que acuden a sus labores con temor a represalias.
“Los tratos inhumanos son con relación a que el señor es muy déspota, él gira instrucciones a los mandos que tenemos ahorita para que nos arresten, nos hostiguen, que nos busquen motivos para arrestar al personal, sin darles derecho de ir a la institución e ir con ganas y gusto de poder hacer su función; uno ya llega con miedo, porque empiezan los hostigamientos laborales, las represalias: ‘Te voy a mandar fuera, haz esto, lo otro’”, apuntó el policía.
“El comisario es una persona muy cuadrada, nunca nos atiende en su oficina, él dice que la oficina está para recibirnos, pero él nunca ha tenido esa calidad humana o ser partícipe con la corporación, porque a final de cuentas es de la corporación, prácticamente nos deja fuera del derecho a decirle a él que nos manda a partidas repetitivas, los tratos que nos dan, las represalias en sentido de que nos arrestan sin justificación”, argumentó el presidente de la Asociación de Policías de Baja California Sur.
La colocación de mandos militares en una dependencia civil ha traído múltiples maltratos, así lo manifiestan los policías estatales, tanto así que ya existen 300 amparos indirectos por malas condiciones laborales.
De 2018 a la fecha se han registrado múltiples manifestaciones, siendo la última, la semana pasada. Incluso, elementos de la corporación colgaron mantas fuera de su área de trabajo, con la leyenda “Policía Estatal labora bajo protesta”.
“Todo eso ha traído consigo muchos atropellos que nos han dado a nosotros, se han ejecutado más de 300 amparos indirectos en contra de todas las violaciones que tenemos por parte de ellos, en cuanto a los grados de una profesionalización que ellos realizaron, que sinceramente fue totalmente a desproteger a muchos elementos, bajando los salarios, dejándonos inclusive con préstamos muy bajos, incluso de vivienda”, establece la denuncia.
MALAS CONDICIONES LABORALES
Una serie de fotografías han inundado las redes sociales en los últimos días. En estas se aprecian camionetas chatarra que son utilizadas como patrullas para vigilar las calles de BCS. Los agentes estatales confirmaron a ZETA que se trata de las unidades en las que actualmente recorren los barrios de los cinco municipios. Además, la semana pasada se difundió el video de la puerta de una patrulla que estaban soldando, “se le cayó cuando íbamos en persecución”, reiteraron los elementos.
“Son alrededor de 300 unidades, sinceramente la Policía Estatal, las operaciones vaya que es lo que hace fuerte a la Policía Estatal, los que hacemos el trabajo, son tres unidades en la ciudad de La Paz, dos en Cabo San Lucas, dos en Comondú y dos en Loreto, son poquitas unidades. Las demás, gracias a un convenio del gobierno, todo el parque vehicular se lo llevaron tanto Sedena, Marina, Guardia Nacional; las unidades que quedan de la Policía Estatal están prácticamente chatarras, son inservibles”, confirmó el agente.
Según testimonios de los inconformes, desde la llegada de los mandos a la corporación, están aplicando disciplina militar, al tratar a los oficiales civiles como milicia, recurriendo al maltrato físico y psicológico.
“En general son los tratos inhumanos que nos han hecho los actuales altos mandos de la Policía Estatal, tenemos más de 10 años que no se da un incremento salarial en relación a nuestra digna profesión e implementaron la carrera policial, lo cual transgrede los derechos de los compañeros, ya que ellos ponen a los más allegados en los grados más altos. Todavía después de esto, bajan los salarios a los policías terceros y policías rasos, de 400 a 800 pesos”, reveló Eduardo Alonso Rodríguez Camacho.
Algo muy común en las policías Municipal y Estatal, es que los elementos no familiarizados con la tecnología o que no tienen los medios para comprar teléfonos celulares o computadoras de última generación, tienen más problemas en las capacitaciones. Pese a que ellos son los que más arrestos realizan, no les facilitan equipo para cumplir con las capacitaciones.
“Cómo es posible que nos obligan a tomar un curso de libertad de expresión, algunos sí cumplimos, pero otros compañeros que no tienen los medios, ni electrónicos, ni de computadoras, y algunos carecen de ese conocimiento, se les arreste posterior a que se emite el comunicado”, informó Rodríguez Camacho.
“Los teléfonos personales de nosotros, es de donde ellos se llenan de información, no nos dan los medios para nosotros cumplir con la función, además, las unidades, las patrullas, son totalmente chatarra, no sólo nos ponen en riesgo a nosotros, también a la ciudadanía en general”, remató Eduardo Alonso.
DERECHOS HUMANOS INTERVIENE
Las denuncias se han hecho en la Unidad de Asuntos Internos de la misma corporación, también lo han hecho frente a medios de comunicación en diversas manifestaciones, pero ahora intentan que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emita una recomendación a la Policía Estatal, solicitada por los elementos.
Normalmente esta clase de procesos ocurren en las unidades internas de vigilancia y la mayoría de las veces no pasa nada, por eso recurren a un órgano externo.
“Directamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ellos nos brindaron total apoyo para que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Vamos a ir con el Ejecutivo estatal para solicitarle el apoyo, ellos están tomando problemáticas con los representantes anteriores del gobierno estatal, ellos de alguna manera tienen que escuchar. Aparte, como elementos estamos sufriendo un sinfín de arbitrariedades, de tratos inhumanos, violaciones a nuestros derechos humanos y también laborales”, expuso el agente estatal.
Todo el equipo de investigación de Derechos Humanos está elaborando la carpeta de investigación, en espera de que los elementos estatales ratifiquen la denuncia.
A pesar de las múltiples denuncias por maltrato y condiciones laborales, los Derechos Humanos deben esperar a llevar a cabo entrevistas con ambas partes.
“Ellos manifiestan malos tratos, por ahí cuestiones de intimidación parece ser y algunas situaciones de carencia de equipo para desempeñar su trabajo en cuanto a seguridad pública”, detalló el comisionado Elías Camargo.
Aún no hay acercamiento por parte de la CEDH con el patrón, en este caso el Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, pero ya están enterados. Apenas el 9 de diciembre se manifestaron en la explanada del Palacio de Gobierno, donde solicitaron el cese de los altos mandos de la Policía Estatal.
“Cuando presentaron la queja, la semana pasada, recibí a unos policías, pero desde entonces no he tenido ningún acercamiento con ellos y tampoco con las autoridades. Aún no se abre la queja como tal, estamos en espera de que los 102 elementos ratifiquen la queja, y una vez ratificada, ya pasa la queja a la Visitaduría y empieza la investigación como tal”, refirió el ombudsman sudcaliforniano.
La queja de malos tratos en la Policía Estatal no es nueva, es un problema añejo que en 2020 no fructificó, debido a la mala integración de la carpeta de investigación por parte del visitador de la CEDH.
Por citar otro ejemplo de policías en apuros, el 26 de noviembre de 2020, agentes de la Policía Municipal de La Paz hicieron una denuncia similar en la Coordinación Municipal de Derechos Humanos del Ayuntamiento. Bajo el expediente 008/QJ/CMDH/2020, denunciaron “hechos presuntamente violatorios” por abuso de autoridad, tortura, tratos crueles y lesiones.
En cambio, la Unidad de Asuntos de la Policía Municipal de La Paz aperturó 100 expedientes de queja en 2018, todos fueron resueltos y casualmente ninguno concluyó por violación a los Derechos Humanos.
“Hace un año o poco más, surgió una queja que lamentablemente no fue bien integrada por el anterior visitador y no llegó a más, pero sí lo tenemos bien presente. Hubo también una queja de los policías estatales donde hubo una situación de que los habían hecho acudir de La Paz a Vizcaíno a una comisión en condiciones precarias, dormían en condiciones no muy buenas, es dicho por ellos, no lo estoy dando por cierto; ellos manifestaban que estaban durmiendo en un lugar no adecuado, les daban una comida al día, cosas así, en esa comisión”, apuntó Camargo.
En 2019, en la Unidad de Asuntos Internos de La Paz, se recibieron 114 expedientes de queja por malas condiciones de salud ante la pandemia. En 2020, 186 policías se quejaron por el mismo motivo, y siguen trabajando en los r
esolutivos.
AUTORIDADES SIN POSICIONAMIENTO ANTE LAS ACUSACIONES
Luego de la denuncia de policías estatales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, presentada el 7 de diciembre por abusos laborales, físicos y psicológicos, así como la falta de equipamiento, dos días después se manifestaron en la explanada de Palacio de Gobierno para ser escuchados por el mandatario Víctor Manuel Castro Cosío. Aunque no se encontraba disponible, fueron atendidos por autoridades de la Secretaría General de Gobierno.
En ese momento, el Gobierno del Estado aseguró al grupo de inconformes que serían atendidas sus demandas, incluso con una reunión programada en próximos días.
ZETA solicitó el posicionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública a través del subsecretario de Seguridad, Alberto Rentería Santana y del área de Comunicación Social, quienes coincidieron en que la versión oficial sería a través del gobernador o de la Secretaría General.
Al cierre de esta edición, la respuesta oficial no se generó, de hecho, no se dio instrucción alguna de referir el tema de la denuncia; en cambio, por la magnitud de la denuncia, sería una réplica centralizada.
En espera de un posicionamiento del gobernador o secretario general, se solicitó a través de Comunicación Social del Estado y con el propio secretario, sin embargo, Víctor Castro Cosío se encontraba fuera de la ciudad, acompañando al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en Villahermosa, Tabasco.
Seguido a una convivencia social con los servidores públicos y gobernadores del país, de la misma forma, Homero Davis Castro, titular de la Secretaría General de Gobierno de Baja California Sur, mencionó encontrarse en dicha reunión, que a decir del director de Comunicación Social, Vladimir Torres, se desarrollaba desde un día antes.
Cabe resaltar que, cuando los oficiales estatales se manifestaron ante la CEDH y dos días después en la explanada del Palacio de Gobierno por abusos, falta de equipo y violencia en su contra, ningún servidor público de la administración estatal manifestó una postura.
Pero sí lo hicieron las autoridades cuando policías municipales de Los Cabos fueron demandados por abuso de poder, incluso la Secretaría General y Comunicación Social enviaron inmediatamente su posicionamiento condenando los hechos, y ordenaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado investigar hasta las últimas consecuencias.
El posicionamiento fue acompañado del siguiente mensaje íntegro: “Reitera Gobierno del Estado de BCS, rechazo a toda forma de violencia, en especial las que constituyen violaciones a los derechos humanos”.
Respecto a ello, Homero Davis Castro declaró a través de un comunicado:
“En tal sentido, nos sumamos a las voces de preocupación externadas por los hechos ocurridos en Los Cabos, en los que el periodista gráfico Noé Avilés, resultó agredido, presuntamente por elementos de la policía municipal”.
ABUSO CONTRA CIUDADANOS
Así como los policías denuncian a altos mandos, la ciudadanía también es víctima de abuso de poder y violencia por parte de los agentes del orden.
En 2018, la CEDH emitió una recomendación en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por uso abusivo de la fuerza, al personal del Centro de Reinserción Social de La Paz por violación al derecho a la igualdad y al trato digno, y violación al derecho de las personas privadas de su libertad.
Al siguiente año no se emitieron recomendaciones, sin embargo, en 2020 se registraron tres: una contra la Dirección General de SAPA en Mulegé por violación a los derechos de personas con discapacidad; otra contra el secretario de Educación Pública por no acceder al derecho de petición; y la última contra la Policía Municipal por desplazamiento forzado de interno y uso ilegal de la fuerza, al presidente municipal de Comondú por dilación de justicia, así como contra el procurador general de Justicia.
En 2021 abundan las recomendaciones contra las corporaciones de Seguridad Pública, por uso abusivo de la fuerza contra la Policía Municipal de La Paz y la Estatal; otra contra un policía y el alcalde de Mulegé, así como el procurador por seguridad jurídica y dilación procesal.
La tercera recomendación contra la Policía Municipal, por emplear arbitrariamente la fuerza, Contraloría Municipal de La Paz por derecho de petición, e incluyen al procurador general de Justicia por dilación procesal. Y una última a la Policía Municipal de Los Cabos y a la ex alcaldesa Armida Castro por violación al derecho de petición.
“La Procuraduría General de Justicia, es en primer lugar la autoridad más señalada por presuntas quejas de violaciones a los Derechos Humanos, después de la procuraduría vienen las policías Municipal, Estatal, la Agencia Estatal de Investigación Criminal, etcétera. Lo que mayormente se presenta en contra las policías sería el abuso en el uso a la fuerza, básicamente”, finalizó el presidente de la CEDH.
El 12 de diciembre, agentes de la Policía Municipal de Los Cabos agredieron física y verbalmente al reportero gráfico de CPS Noticias, Noé Avilés. Oficiales llegaron hasta su domicilio en la colonia Santa Rosa, donde lo detuvieron con lujo de violencia sin motivo aparente.
Luego del suceso, el alcalde Óscar Leggs Castro se pronunció al respecto:
“Repruebo cualquier tipo de abuso de autoridad, agresión o uso excesivo de la fuerza por parte de nuestros policías hacia cualquier ciudadana o ciudadano. Es por ello que he instruido al director de Seguridad Pública, a la suspensión temporal del o los elementos de la corporación municipal que habrían tenido participación en los hechos, para dar inicio a la investigación correspondiente por parte de la Visitaduría Interna de Seguridad Pública, a fin de deslindar responsabilidades sobre los sucesos descritos”.
Los cinco elementos que participaron en el evento fueron separados del cargo, a fin de que se realicen las investigaciones.
