Claudia Elena Meza de la Toba es la visitadora general de la Fiscalía General del Estado (FGE) y su desempeño al frente de la institución ha destacado más por sus irregularidades que por sus resultados.
La funcionaria, quien fue denunciada por el abogado Elías Flores Gallegos por no cumplir con los requisitos de elegibilidad -debido a que su título profesional como licenciada en Derecho fue expedido fuera de los tiempos requeridos para ocupar dicho cargo-, no ha presentado buenos resultados, lo que genera más dudas sobre los motivos del fiscal Guillermo Ruiz Hernández de mantenerla al frente de la dependencia encargada de regular el trabajo policial.
En una solicitud de transparencia realizada por CachanillaZ, se pudo constatar que desde la creación de la FGE en Baja California se han recibido 336 denuncias en contra de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, ministerios públicos y personal que se encuentra bajo su jurisdicción.
Contando los casos que arrastraban y los que recibieron, la dependencia ha concluido 433 quejas, pero sólo 27 se han tornado en denuncias de carácter penal por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada, cohecho, amenazas y delitos cometidos contra la administración de justicia.
Aunque se haya procedido de esta manera, la dependencia no informó sobre resultados reales como sanciones, detenciones o cualquier tipo de amonestación, por lo que podemos establecer que de todas las denuncias que reciben, menos del 10 por ciento se resuelven de forma favorable para las víctimas.
La impunidad desde las entrañas de la FGE.
80 mil pesos en fotos
El narcisismo del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez era más que evidente. Desde su programa de revista mal llamado “informe diario” o “mañanera”, donde contaba incluso con un patiño llamado Mario Bezares, digo, Alonso Pérez Rico, hasta la forma en que se expresaba de sí mismo y sobre su gestión, su gobierno fue prácticamente un reality show de dos años al estilo Kardashian, el cual se centraba en observar lo que el poder hacía en una persona que no estaba preparada para ejercerlo.
Conociendo su autoelogio, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), CachanillaZ solicitó el costo de la impresión de la fotografía oficial de Bonilla, la cual se colocó en prácticamente todas las oficinas de Gobierno del Estado.
Resulta que el ex mandatario ordenó dos lotes de fotografías, uno de 14 y otro de 29 ejemplares, cuyo valor fue de mil 661.69 pesos, por cada una.
Las dos facturas en poder de CachanillaZ precisan que las imágenes de Jaime Bonilla costaron al erario un total de 85 mil 730 pesos, mismos que fueron pagados en dos emisiones.
El encargo de llevar a cabo el servicio lleva por nombre Esaak Alexander Venegas Chapluk, propietario de un negocio de fotografía de Tijuana.
Curiosamente, el ex gobernador cuenta con perfiles especializados en fotografía de retrato y hasta periodística dentro del mismo equipo de trabajo, incluso aparatos para imprimir dichas imágenes, pero en vez de eso, contrató a una empresa foránea para tal labor con un costo bastante oneroso. Pero, bueno, sabemos que la austeridad de la Cuarta Transformación es para el pueblo, no para sus gobernantes.