El gobierno de Baja California perdió el juicio legal por haber vendido terrenos irregulares a 15 mil familias de Tijuana y ahora el verdadero dueño les exige el pago en dinero o en especie
El gobierno de Baja California cometió fraude contra 15 mil familias que compraron sus terrenos en la Zona Este de la ciudad de Tijuana en 1993. La venta y fraccionamiento de los terrenos iniciaron un pleito agrario que en 2011 perdió el estado ante los reclamos del Ejido Rojo Gómez, que desde 2018 exige el pago de sus terrenos con valuaciones vigentes que oscilan entre los 140 mil a los 250 mil pesos por domicilio.
Algunas de las 15 mil familias de Terrazas del Valle y de La Morita, ya recibieron notificaciones y avisos de la demanda en sus hogares. Aunque hay vecinos que temen ser desalojados, oficialmente el gobierno del Estado está confiado en que las medidas no llegarán a momentos incómodos o difíciles; así lo explicó a ZETA Gregorio Saúl Osnaya López, director general del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda en Baja California (Indivi).
“Desde la perspectiva judicial, tienes que ser requerido de un pago y el requerimiento del pago tiene otra formalidad y no es un papel dejado en tu casa, tiene otra formalidad. Tiene una acción oficial, tiene presencia de actuarios, tiene presencia de documentales en demanda y presencia individual. Imagínate, para que el Ejido se aviente ese giro y desalojar a tanta gente…. Primero tienes que identificar quién ocupa cada predio”, explicó Osnaya.
“A eso te condena la sentencia: a la restitución o al pago, y eso es lo que dice la sentencia agraria”, reconoció el director de Indivi.
Osnaya admite que el gobierno tiene responsabilidades. Ahora se sabe que los terrenos tenían problemas desde la década de los 70, cuando había una disputa entre la familia Vargas y la familia Zúñiga. Aun así, los predios se vendieron en 1993 en la administración del gobernador Ernesto Ruffo Appel y se inició un pleito que concluyó en 2011 que perdió la administración de José Guadalupe Osuna Millán en el tribunal agrario en Ensenada.
“¿Por qué no se dimensionó en aquel entonces el problema que se iba a desencadenar por la irresponsabilidad, en aquel entonces, de quienes ocuparon los mandos de los institutos públicos de la vivienda? Porque al final tiene un problema de 40 años. Son 40 años de un problema legal. ¿A poco no lo viste? ¿O lo ignoraste?”, cuestionó el director Osnaya.
Aunque la tarea de la regularización de la tierra, supuestamente lo atendería Alejandro Ruiz Uribe como delegado único del gobierno de México en la administración de Andrés Manuel López Obrador, el director Osnaya asegura que será el secretario de gobierno Catalino Zavala el responsable de resolver el problema en la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
De hecho, la solución es pagar la deuda con el Ejido Rojo Gómez o acordar ceder un terreno propiedad del gobierno de Baja California que el demandante acepte y sea equiparable a los montos reclamados a particulares.
“Por ejemplo, una vez que tú resuelvas el tema macro, ya beneficia a toda la comunidad. Es apoyar a 13 mil a 15 mil familias. Pero, como te comento, nosotros vamos a estar trabajando desde nuestra ala, desde el Indivi, el acercamiento porque este gobierno es reciente y este problema es muy añejo a nuestras acciones”, explicó.
Para concluir el problema no hay plazos, por lo que seguirán en la incertidumbre legal los terrenos donde habitan los 15 mil residentes de la colonia La Morita.
