La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, reclamó que no había justificación para votar en contra de la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), uno de los principales ejes de la política pública en materia de seguridad del actual gobierno.
La mañana del sábado 20 de noviembre, la mandataria encabezó el desfile conmemorativo del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, y al término del acto fue entrevistada por los representantes de los medios de comunicación, a quienes explicó, que su propuesta fue analizada en comisiones y posteriormente en el Pleno del Congreso del Estado, pero apenas alcanzó los 17 votos necesarios para la reforma constitucional. Esto en medio de una serie de jaloneos y sospechas de presiones externas.
“Cada quien tendría sus motivos, no los encuentro para votarla en contra, y más cuando se votó a favor en la comisión, no hubo una justificación en voto en contra con los diputados, esta Ley tiene como objetivo trabajar en una estrategia coordinada en materia de seguridad”, refirió la mandataria mientras recordaba que Baja California encabeza las listas en materia de homicidios a nivel nacional.
Agregó que hubo dos diputadas que se salieron de la sesión durante el sufragio, haciendo referencia a la del Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba y a Rosy García Zamarripa, mismas que inexplicablemente dejaron de participar y sólo la primera mencionada regresó para exponer un posicionamiento referente a la reserva presentada para que el Centro Estatal de Control y Confianza (C3) permanezca en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ávila Olmeda aseveró que ya habló con el alcalde de Tecate, Dario Benítez, y este le comentó que el Cabildo apoyaría la iniciativa ante la situación de violencia que se está viviendo. Sin embargo, aún faltaría ver la determinación que tomen los municipios de Tijuana, Ensenada y Rosarito, porque Mexicali ya se ha manifestado a favor del proyecto.
La gobernadora morenista también habló de los amparos que le fueron otorgados a empresas en torno al cobro desmedido de agua y los derechos de conexión, a lo que respondió que sólo tienen notificación de 11, lo que representaría un monto que no supera los 15 millones de pesos. Sin embargo, aún no son sentencias definitivas, por lo que el equipo jurídico sigue analizándolo.
La Fiscalía se queda, es un órgano de investigación en el cual se seguirá dando facultades e incluso la fortaleceremos para lograr más judicializaciones con el Poder Judicial también y estaremos haciendo una ruta de trabajo, tenemos que ir empezando con la SSC, a nuestros agentes y la fuerza de seguridad en el Estado seguir trabajando con la Guardia Nacional, hay una excelente comunicación con el nacional, esta iniciativa viene por recomendación del gabinete de seguridad nacional con quien ya comentamos la iniciativa, porque lo que buscamos es empatar una estrategia y era necesaria.
Seguimos trabajando con Economía, Gobernación y haciendo los trámites necesarios y censos correspondientes, continuamos con el proceso.
Investigaciones de UNEME y FENTANILO
En los cabildos ya deben aprobarla, todos buscan mayor tranquilidad, en el caso de todos los municipios del Estado se encuentra en una situación de inseguridad en Ensenada y Tijuana, Rosarito y Tecate, que se volvió un pueblo trágico, vamos a hacer ekl primer municipio en aprobar el tema, hemos trabajado que a pesar que aún no la tenemos no hemos parado de trabajar.
Lo que queremos.
Nosotros recibimos la información, se hizo el movimiento del personal implicado y está en FGE, está en una primera etapa de investigación, vamos a llegar hasta donde tendremos que llegar.
No podemos asegurar que el Secretario estuviera involucrado, hay personas señaladas pero no están asegurados, estamos hablando varios millones de pesos sustraídos dee la unidad b
Nosotros tenemos conocimiento de 11 amparos, que no son sentencias definitivas, no se han ganado y no hay una sentencia definitiva, pero si implican una devolución de 12 millones de pesos
