Marina, obligada a combatir la corrupción

Foto: Archivo
Columnaz lunes, 1 noviembre, 2021 8:00 AM

En materia de combate a la corrupción, el Estado bajacaliforniano tiene una deuda con los ciudadanos por más de 30 años, y ahora será responsabilidad de la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solventarla.

Facturas falsas, venta de permisos, cobros de comisiones por contratos y obras, utilización de prestanombres, creación de empresas aprovechando información privilegiada, uso personal de los recursos de gasto social y compras con sobreprecio han sido denunciados, mientras los funcionarios se convierten en nuevos ricos o se vuelven más adinerados, sin que servidores de primer nivel responsables sean llevados ante la justicia, ni obligados a regresar al pueblo lo robado.

En 1989, durante sus diez meses como gobernador de Baja California, el priista Oscar Baylón Chacón y su Procuraduría Estatal, investigaron y obtuvieron órdenes de aprehensión por temas de corrupción en contra de sus antecesores -también tricolores- de la administración de Xicoténcatl Leyva Mortera (1983-1989).

Los acusados fueron Felipe Torres Murguía, ex secretario de Asuntos Especiales; el arquitecto Enrique Luna Herrera, ex secretario de Asentamientos y Obras Públicas; Carlos Oviedo Petterson, director en la Comisión Estatal de Servicios Públicos; y Rodolfo Hernández, administrador del fideicomiso San Antonio del Mar. Unos se mantuvieron prófugos, y otros fueron presos y liberados.

Entre noviembre de 1989 y principios de 1990, el gobierno panista de Ernesto Ruffo (1989-1995) descubrió que 35 mil millones de viejos pesos del erario se habían desviado con prestanombres a la campaña del PRI, entonces los panistas giraron órdenes de aprehensión contra Remigio León y Jorge Argote, directores de Egresos que firmaron los cheques -aunque el dinero lo movieron sus jefes-. También fue acusado Javier Fimbres Durazo, ex director de PRODUTSA, quien no regresó a BC hasta ser liberado de cargos.

A lo largo de tres décadas, pasaron seis gobernadores, todos hablaron mucho de combatir los abusos al erario, pero no pasaron del discurso.

Nada sucedió. Cuando los ex regidores de Tijuana (2001-2004) fueron denunciados por usar facturas falsas para apropiarse de entre 150 mil y 300 mil pesos, poco antes de dejar el cargo, los susodichos siguen activos políticamente. La misma ausencia de resultados tuvo la denuncia presentada en 2014 en contra del ex alcalde de Tecate, Javier Urbalejo, algunos de sus funcionarios y un proveedor, por fraude, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. Nada contra funcionarios de primer nivel.

Incluso la administración morenista de Jaime Bonilla, que fustigó todos los días a su antecesor Francisco Vega de Lamadrid y anunció que presentaron más de 15 denuncias, al final, no les alcanzaron dos años para procesarlos en la Fiscalía General del Estado.

Le fue peor al tema de los moches, solicitados y recibidos de proveedores por funcionarios de Bonilla, bajo la promesa de futuros contratos, en el que fueron señalados la ex secretaria de Bienestar, Cynthia García Soberanes; el ex oficial mayor, Jesús Núñez Camacho -hoy coordinador del Centro de Reinserción Social-  y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez, denunciado a finales de noviembre de 2019. Carpeta que fue congelada en abril de 2020.

Conforme al más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentado en septiembre 2021, durante el año pasado, con 3 mil 520 anomalías detectadas en auditorías, BC ocupa el quinto logar con más irregularidades en el país; sin embargo, en el mismo período, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Secretaría de Honestidad y Función Pública local sólo concluyó ocho expedientes: dos desestimados, cuatro amonestaciones privadas o públicas y dos inhabilitaciones, a un mensajero y un jefe de almacén de Ensenada.

En esta cuna de opacidad y funcionarios que abusan impunemente de su poder para servirse, fue aprobada el 7 de agosto de 2017 por el Congreso la Ley que dio vida al Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, que salvo los resultados informativos de las auditorías a las cuentas públicas 2018 y 2019, no ha tenido avances en cuatro años, porque ha sido acotado una y otra vez, por los congresos y los gobiernos del Estado.

El CPC entró en funciones en julio de 2018, algunos de los consejeros designados fueron repudiados públicamente porque eran militantes de partidos, ex funcionarios, algunos incluso denunciados por abuso del erario. Luego les llevó cuatro meses elegir a un secretario técnico. Después hubo bloqueos en la asignación de recursos, y así llegaron a noviembre de 2019 sin acciones significativas.

Para entonces ya había iniciado el gobierno bonillista, que hizo de desmantelar el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, una misión. Obstruyeron el acceso a recursos, ordenaron que funcionarios se ausentaran de las sesiones para que no hubiera quórum, e intentaron intervenir en la designación de presidente del Consejo.

En el inter, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ordenó adecuarse a la Ley Federal, a no tener dos tipos de consejeros -honoríficos y técnicos-, y tácitamente a reducir el número de representantes ciudadanos.

Mientras, la Secretaría de Honestidad y Función Pública suspendió a cinco consejeros, incluido el presidente del organismo, y al secretario técnico. Resolución que fue cancelada por el Poder Judicial porque el Gobierno del Estado se tomó facultades exclusivas del Congreso, quien también había bloqueado -convocó en octubre- la sustitución de consejeros.

En la prometida lucha contra los malos funcionarios que se enriquecen a costas del pueblo, ahora toca a la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pasar de la verborrea demagógica a los hechos. Proponer o reformar leyes que generen las condiciones para el funcionamiento óptimo de un Sistema Estatal Anticorrupción con autonomía, de mayoría ciudadana, integrado por menos consejeros y con perfiles neutros alejados del conflicto de intereses, capaces de cumplir con la obligación de generar bases de datos que permitan a los ciudadanos dar seguimiento a los procesos de contrataciones y adquisiciones públicas para alertar sobre posibles actos de corrupción; producir “políticas públicas, indicadores y recomendaciones para prevenir, disuadir y disminuir los índices de corrupción”, para que efectivamente, “las distintas autoridades competentes prevengan, detecten y sancionen” los abusos del poder y del erario; que castiguen el manejo opaco y desaseado de las finanzas públicas, sin importar si los responsables son del mismo partido que la nueva mandataria.

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