El decreto de López Obrador despertó diversas
reaccionesen el ámbito empresarial y político
de Baja California Sur, mientras hay quienes
aseguran que la regularización fortalece la
delincuencia y la cultura de la ilegalidad.
Otros sugieren al mandatario modificar la
resolución para evitar amparos. Por otra
parte, el gobierno estatal se prepara para
el proceso de recaudación, recurso que se
aplicará para mejorar las calles de las
ciudades de la entidad
El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California Sur, Gustavo Díaz Tronco, ofreció una conferencia de prensa en la que arremetió en contra del decreto del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el que busca un proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera.
Calificó el decreto como un cheque en blanco que el Gobierno de México entrega a la delincuencia, la irregularidad y la ilegalidad.
Recalcó que un gran número de unidades entran al territorio nacional por medio de procesos irregulares, ilegales y, en algunos casos, han sido usados en crímenes de la delincuencia organizada.
“Si bien, se ha comentado que el Gobierno del Estado tendría una recaudación, vemos más un problema a corto y largo plazo. Sería un parque vehicular que muchas veces no está en las condiciones para transitar: son vehículos viejos, que dañan mucho al medio ambiente”, dijo.
“La gente que compra un vehículo para poder trasladarse a su trabajo abusa de esto y evade impuestos, estos vehículos muchas veces se usan en el crimen organizado. Estamos totalmente en contra de la decisión del Gobierno Federal”, advirtió.
Díaz Tronco se refirió a las afectaciones que, anticipan, vendrán para la industria automotriz de México por el decreto de AMLO. Asegura que más de dos millones de personas dependen de este sector en el país, mil 200 se encuentran en Baja California Sur.
Los cálculos de la Coparmex apuntan a que la regularización provocará una caída del 39% en los ingresos que se obtienen en esta industria por la venta de vehículos nuevos y usados.
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el proceso de regularización tendrá un costo de hasta 2 mil 500 pesos por unidad. Únicamente podrán solicitarlo quienes vivan en estados fronterizos y en Baja California Sur.
El acuerdo firmado por el presidente indica que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la entidad encargada de los procesos administrativos para que las personas físicas de Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas puedan registrar sus autos.
Una vez que las unidades cumplan con el proceso de regularización, quedarán inscritas en el Registro Público Vehicular, a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Dentro de las estrategias, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intervendrá en la coordinación con los gobiernos estatales para identificar e incentivar entre las y los propietarios de las unidades irregulares que no hayan cumplido con el proceso para que se acerquen a las instancias correspondientes.
SIN MODIFICACIONES, DECRETO FRACASARÁ: ANAPROMEX
A través de sus líderes, la Asociación Nacional para la Protección de los Mexicanos (Anapromex) aseguró que no existe temor ante una posible desaparición del organismo, debido a que, consideran, el problema de la entrada de autos ilegales a territorio nacional es un asunto mucho más complejo, que no se resuelve con un decreto de regularización.
El presidente nacional de Anapromex, Fidel Villanueva, señaló que el decreto de regularización de carros chocolate de AMLO fracasará si no se modifica para reforzar huecos legales que podrían permitir un amparo a las empresas y particulares.
“El Presidente tiene que cuidar mucho los medios legales, si no, todo mundo se va a amparar y se la van a tumbar. Si viene, así como la metieron anunciada, va a ser un fracaso. Si viene tal, sin cambiar puntos y comas, se va a ir abajo. El problema es que, así como la están haciendo, insisto, y si no la cambian o la refuerzan un poco, es caída libre; se la van a tumbar, hasta yo se las puedo tumbar, yo lo voy a hacer”, advirtió.
Sobre las declaraciones del presidente de la Coparmex, Villanueva arremetió contra el líder del sector patronal y lo retó a un debate público sobre la problemática de la entrada de vehículos de procedencia extranjera al país.
Aseguró que “todo lo que está en México fue legalizado”, y acusó que quien faltó a la primera regla de las leyes del Gobierno Federal, fueron las aduanas, que permitieron el acceso a estas unidades.
“Le quiero decir a la Coparmex que, por favor, abra y use sus neuronas. No entraron ilegales, entraron legalitos, porque en las aduanas ya es el contrabando parejo, pero si ya pasó a Tijuana, se jodió; ahí está la Ley aduanera”, subrayó.
Al cuestionarlo sobre las afectaciones que, afirma la Coparmex, tendrá la industria automotriz en México, respondió que se trata de un sector que desde hace décadas está desfondado.
Añadió que la producción de carros nacionales se desplomó desde hace tiempo, situación que ha provocado la desesperación de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
“Se volvieron dinosaurios y ahora traen hambre. No es problema de los vehículos ilegales, es parte de un problema binacional. De esos 10 mil carros que entran a diario, ¿cuántos se devuelven? Ni la mitad, se va a acabar el decreto. Que se acabe la corrupción y desaparece Anapromex, esos son los parámetros”, observó.
Ante una posible ola de decomisos de unidades de quienes no cumplan con la regularización, mencionó que el Gobierno del Estado no puede quitarle sus vehículos a ningún asociado de Anapromex, al contar con un amparo que los protege.
“Él (el gobernador) es un respetuoso de la Ley, es la única organización a nivel nacional que posee un amparo, pero todos esos temas los queremos quitar para que venga esa regularización bien. Todo puede pasar, Anapromex va a seguir con vida”, prosiguió.
RECAUDACIÓN IRÁ PARA MEJORAS DE LAS CALLES: GOBERNADOR
Siguiendo con las instrucciones del Presidente de México, el gobernador Víctor Castro Cosío informó que dentro de poco darán a conocer el protocolo exacto para las personas que posean un auto irregular que deba ser regularizado.
Según datos del Gobierno del Estado, en Baja California Sur existe un parque vehicular de casi 360 mil unidades: 177 mil en La Paz, 106 mil en Los Cabos, 47 mil en Comondú, 22 mil en Mulegé y 7 mil en Loreto.
De estas, el gobernador calcula que alrededor de 50 mil son vehículos de procedencia extranjera sin documentación necesaria para circular en territorio nacional.
Con el decreto de AMLO, si las autoridades logran la regularización de las 50 mil unidades, las arcas del Estado podrían alcanzar una recaudación de hasta 125 millones de pesos. Víctor Castro adelantó que el recurso se quedará para beneficio de Baja California Sur, mismo que se aplicará para mejorar las condiciones de las calles.
Precisó que se coordinarán con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Guardia Nacional para el proceso de adscripción al Registro Público Vehicular.
Por su parte, la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño, comentó que existe la mejor disposición para colaborar con las instrucciones del Gobierno Federal, ya que habrá beneficios para la entidad.
“Ya revisamos el decreto que se expidió a nivel federal en agosto, así como los lineamientos y reglas que se dieron ya. Habíamos estado trabajando con eso, ahora que el Presidente está haciendo ya el anuncio del programa que se va a ejercer. Eso nos favorece a nosotros cuando captamos recursos, contribuciones que le competen a la Federación; la Federación hace una especie de incentivo por esa recaudación que se realiza a nivel estatal, esa, normalmente, anda en el rango del 70% del ingreso”, expuso.
Montaño recordó que no sólo es un tema de recaudación, sino por las connotaciones que tiene la problemática del parque vehicular de los autos que entran de forma ilegal por la frontera.
El gobernador Víctor Castro indicó que hasta el momento no ha recibido alguna invitación de diálogo por parte de las asociaciones encargadas de registrar unidades irregulares en Baja California Sur, como Anapromex; no obstante, se declaró dispuesto a conversar con los líderes de estos organismos.
“No han pedido reunión ellos, pienso que no van a pedir porque a ellos ya no les va a salir la cosa. Si piden una reunión, que se reúnan con nosotros, no hay ningún problema”, finalizó.
