El 2 de noviembre, el gobierno estatal informó que se prorrogará 90 días el inicio de las labores del Centro de Conciliación Laboral Estatal y los tribunales laborales, de manera que la impartición de justicia laboral en Baja California seguirá a cargo de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
Para Roberto Quijano, representante de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la prórroga decretada se venía venir, toda vez que la administración de Jaime Bonilla Valdez fue “muy irresponsable” al no tener lista la infraestructura para los tribunales, ni la del Centro de Conciliación Laboral Estatal, pese a que recibió 83 millones de pesos de la Federación para ese propósito.
Consideró que este es “el primer golpe a la administración de Marina”, debido a que la prórroga significa un “atraso enorme” para la justicia laboral y contraviene la Constitución en el sentido de que la justicia laboral debe ser pronta y expedita.
En tanto, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui Ibarra, calificó como una decisión “responsable” y “oportuna” por parte de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda la prórroga, ya que el 3 de noviembre, “no había condiciones para dar trámite” a las demandas laborales con el nuevo modelo de justicia, conforme a lo previsto.
Reconoció que “todavía faltan avances en el proceso de contratación de sistemas, acondicionamientos de espacios” necesarios para que el servicio que preste el Centro Estatal de Conciliación sea “óptimo” y garantice el acceso a la justicia laboral de manera “efectiva, expedita y que tenga viabilidad operativa”.
Asimismo, se está trabajando en la definición de los espacios que ocupará el Centro Estatal de Conciliación en las diferentes ciudades de la entidad, y “todavía no está contratado el total de los conciliadores que serán necesarios para la operación de ese centro”, detalló.
En ese contexto, se logró un acuerdo con el Poder Judicial para hacer una capacitación a todo el personal que va a operar y de esa forma empatar criterios, procedimientos y profesionalizarlos.
En entrevista con NEGOCIOZ, Arregui Ibarra refirió que al iniciar la administración de Ávila Olmeda se constituyó el grupo interinstitucional para la implementación de la reforma con los nuevos funcionarios estatales, quienes analizaron los avances y establecieron que no había condiciones para ponerla en marcha.
Tras ello, la dependencia que encabeza solicitó vía oficio a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, la prórroga de 90 días, y al día siguiente, 2 de noviembre, se notificó en sentido positivo. Pese a la prórroga, el Estado implementará la reforma laboral dentro del término establecido en la norma federal, cuyo plazo vence en mayo de 2022.
En cuanto a los tribunales laborales -pertenecientes al Poder Judicial-, aseguró tener conocimiento de que están en el proceso de acondicionamiento.
El mismo martes que se anunció la prórroga, el Poder Judicial emitió un comunicado en el que indicó que se encontraba “listo” para iniciar la reforma laboral, toda vez que había concluido el proceso de capacitación y selección de los jueces, secretarios instructores y actuarios judiciales.
A nivel nacional, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que 13 entidades -incluida BC- se sumaron a la segunda etapa de implementación de la reforma laboral, aunque en algunos casos sólo fue en el ámbito federal o local. Con ello, se habilitaron 19 oficinas del Centro Federal; 40 centros de Conciliación locales; 32 tribunales federales y 36 locales, donde ya despachan más de mil conciliadores, jueces, secretarios y verificadores.
