José Adrián Medina Amarillas, nuevo titular de la Secretaría de Salud de Baja California, tiene la consigna de dar continuidad a los “programas exitosos” de la dependencia, siempre y cuando sean aprobados por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Considera que el manejo de la pandemia fue el adecuado, en un escenario nunca antes visto a nivel mundial, mientras que los médicos que aún están en primera línea frente a la COVID-19 siguen peleando por conseguir insumos y medicamentos básicos para sus pacientes
José Adrián Medina Amarillas se acaba de estrenar como secretario de Salud de Baja California. Fue de los últimos funcionarios de primer nivel en ser anunciados por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a pesar de las protestas de médicos, desabasto de medicamento, mantenimiento de hospitales deficiente, cifras negras en contagios, casos activos y defunciones por COVID-19, asegura que la pandemia se manejó de la mejor manera por Alonso Pérez Rico, el secretario saliente.
En entrevista con ZETA, Medina señaló que “se hizo un buen trabajo en la secretaría, sobre todo en lo relacionado a la pandemia, pero hay áreas que queremos reforzar para tener un mejor control”.
Justificó las deficiencias que se presentaron en el último año y siete meses, con la situación mundial que dejó al descubierto lo débil del sistema de salud en cada país, sin tomar en cuenta que la situación en BC ya estaba mal desde 2016.
DESDE EL PRINCIPIO ESTUVO MAL
Cuando el virus SARS-CoV-2 llegó a la entidad, sólo había 0.5 camas por cada mil habitantes. Ante esto, Alonso Pérez Rico, quien apenas tenía cuatro meses en el cargo, dijo que no era necesario alarmarse, pues no habría más de 140 contagios de coronavirus y posteriormente corrigió a 5 mil en toda la entidad, y de ellos, sólo 500 llegarían a hospitalizarse.
La realidad fue muy diferente. Entre más se alargaba la cuarentena y había más brotes y casos activos, las hospitalizaciones y defunciones se dispararon, y encima de todo, intentaron ocultar información.
La realidad es que, al miércoles 3 de noviembre de 2021, Baja California llegó a los 70 mil 662 casos confirmados, 36 mil 550 casos sospechosos de contagio por COVID-19, y 9 mil 782 personas fallecidas por la enfermedad. Además de ser uno de los tres estados de la República Mexicana que no está en semáforo epidemiológico Verde, es decir, con los índices de contagios controlados.
El 1 de junio de 2020 comenzó la semaforización de riesgo en el país, donde Baja California, junto con Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, iniciaron en Rojo, al tener los indicadores más altos a nivel nacional.
A la par con la semaforización, el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez permitió que las empresas con actividad esencial volvieran a laborar, incrementando la movilidad y, por ende, los contagios y defunciones en un 210.5 y 267.2%, respectivamente, en el periodo del 1 de mayo al 1 de junio.
Tal incremento exponencial se dio a conocer por parte del Registro Civil Municipal, donde se informó que las actas de defunción por enfermedades respiratorias habían aumentado, y en respuesta, tanto Bonilla Valdez como su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, prohibieron que los registros civiles de cada municipio dieran información relacionada con COVID-19.
De hecho, fueron más allá, no sólo se amenazó a cualquier dependencia estatal o municipal de brindar cualquier información sobre la enfermedad, pues cualquiera podría contrastar con lo que se informaba en las “mañaneras” estatales, sino que ninguna autoridad de cualquier otra institución médica podía hablar, mucho menos quejarse.
Personal médico de la Secretaría de Salud, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ISSSTE e Issstecali no tardaron en manifestarse. Los primeros, siendo trabajadores de contrato, no tenían prestaciones, los turnos al frente de COVID eran extenuantes, los contratos eran mensuales para evitar generar antigüedad, y un sueldo que no llegaba ni a los 5 mil mensuales, además de tener que comprar ellos mismos su equipo de protección personal.
Aunado a ello, junio de 2020 se convirtió en el mes más letal, al menos en lo correspondiente a la primera ola de contagios, pues en las primeras tres semanas, la cantidad de defunciones incrementó un 87.16%, los hospitales comenzaron a colapsar y a rechazar pacientes, mientras que los hospitales generales de Rosarito y Tecate ya no podían aceptar a más pacientes No COVID.
La situación fue tal, que los pacientes con sintomatología respiratoria morían antes de ser diagnosticados con COVID-19 y la Secretaría de Salud incumplió con lineamientos federales al no hacer la prueba PCR a los fallecidos en domicilio, sin contar que las personas que se hacían pruebas en laboratorio privado y no eran hospitalizadas, no eran consideradas en las estadísticas estatales. De hacerlo, el número de contagios se habría elevado aún más.
LAS FRASES DE PÉREZ RICO
Desde el inicio de la pandemia en la entidad, Alonso Pérez Rico minimizó las tragedias que podrían ocurrir, pues desde el comienzo señaló que sólo serían 140 personas las contagiadas por el virus en un periodo de tres meses; sin embargo, al 24 de marzo modificó a que serían 5 mil y 500 de gravedad.
Otra frase popular que estuvo repitiendo en las transmisiones diarias fue: “Baja California ya le dio la espalda al COVID”, o bien, “Llegamos al ápice”, justo cuando estaban al alza las defunciones y contagios durante la segunda ola, y en el repunte de la tercera, desde finales de septiembre y lo que quedó de su administración en octubre.
En octubre de 2020, cuando el Estado finalmente estaba en semáforo Naranja a nivel nacional, el ex funcionario advirtió sobre un incremento de contagios si celebraban Halloween o iban a bares y restaurantes; sin embargo, permitió el aforo al 50% en la mayoría de estos lugares, con horarios extendidos hasta las 05:00 horas en algunos casos.
La segunda ola llegó de manera oficial el 7 de diciembre, mes en el que, a pesar del incremento en los indicadores, Pérez Rico “apeló” a la conciencia de la gente para mantenerse en resguardo, pero no hizo nada a nivel operativo para que así fuera, al permitir que bares siguieran abiertos y a altas horas, las reuniones en casa, la ausencia de sana distancia en lugares públicos y que no se portara cubre bocas en los mismos.
“Cuando la gente salió a celebrar Halloween, fue donde dije ‘ya no puedo más’, la gente no había entendido nada, y nuestros líderes -Pérez Rico- seguían permitiendo que eso sucediera al tomar la postura de cero penalización”, confió en su momento a ZETA un empleado de Isesalud.
LLEGÓ CON DESABASTO Y SE FUE CON EL MISMO
Desde la administración de Sergio Tolento Hernández (2013-2016), el Hospital General de Tijuana ya contaba con desabasto de medicamentos y suministros, sin contar con la falta de mantenimiento de más de 20 años que tenía la institución.
La pandemia agravó la situación, pues sólo sacó a relucir las deficiencias que ya tenía el nosocomio y no se atendieron, ni siquiera al estar saturados de pacientes con COVID-19.
La falta de medicamento era tal, que las familias tenían que comprar lo que los doctores recetaban, bajo la promesa de que eventualmente recibirían un reembolso por lo gastado, situación que nunca se dio.
Hubo familias que tuvieron que pagar más de 20 mil pesos y ni siquiera garantizaban que su paciente fuera a librar la batalla contra el novel coronavirus. Incluso ahora, a 19 meses de la pandemia, la situación sigue igual, “sin medicamento, y entendemos que no es por parte de los directivos del hospital, sino de más arriba, le tenemos que pedir a la familia que consiga el medicamento, estamos hablando de Tramadol, Buprenorfina, para mantener a los pacientes sedados mientras están intubados, el 80 por ciento de ellos mueren, cuando hablamos con Pérez Rico, prácticamente nos dijo que no podía hacer más”, dijo a ZETA un empleado del Hospital General de Tijuana.
En julio de 2020, casi 20 mil personas quedaron a la deriva como pacientes No COVID, pues dejaron de recibir atención médica en las áreas de Traumatología, Medicina Interna, Ortopedia, Pediatría, Psicología, Obstetricia, Dental, Nutrición y Epidemiología.
Aunque fueron derivados a otras instituciones, como los hospitales de Tecate y Rosarito, el Materno-Infantil, así como ISSSTE e Issstecali, al poco tiempo los médicos comenzaron a protestar por la falta de apoyo y recurso humano y económico para atenderlos.
La falta de medicamentos persiste, no sólo para pacientes COVID, sino para los No COVID, como las personas con cáncer, quienes no han dejado de manifestarse cada vez que pueden o que viene a la región el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que no se ha habilitado el Centro Oncológico en la Unidad de Especialidades Médicas de Tijuana.
“No es que no queramos dar la atención, es nuestro llamado, nuestra vocación, pero ¿qué hacemos si las autoridades no nos dan ni lo básico? No tenemos guantes, no tenemos jeringas, las que tenemos son de 3 mililitros, tenemos que diluir soluciones grandes, que deberíamos de hacerlo en jeringas de 100 mililitros en una de 3, obviamente tardamos más, así no se puede”, dijo un empleado del HGT.
Alonso Pérez Rico ya se fue y la situación del abasto de medicamentos quedó igual, “lo hizo mal, desde el principio hizo todo mal, no se dedicó a preparar los hospitales o al personal, si así hubiera sido, se hubiera preocupado por darnos el medicamento básico, pero no; se justificó en que la compra consolidada le tocaba a la Federación y se lavó las manos”, argumentó una enfermera que desde el inicio estuvo al frente de la batalla contra la COVID-19.
“Cuando vino López Obrador al hospital -17 de octubre-, no nos dejaron acercarnos, sabían que nos íbamos a quejar, disfrazaron la fachada, presumieron el tomógrafo y calderas, pero no le dijeron la realidad: que no tenemos ni guantes esterilizados para trabajar dignamente”, agregó.
CAOS EN HOSPITALES
Ante el incremento de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, el área de Ginecobstetricia del IMSS fue trasladada por completo a la Clínica 7, mientras que en el Materno-Infantil de Isesalud, persiste la falta de médicos especialistas, incluyendo anestesiólogo.
De acuerdo con información obtenida por ZETA, el último día de la administración de Pérez Rico, médicos solicitaron al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que ya no enviaran a más pacientes al Materno-Infantil, al no contar con especialistas para atender emergencias; sugirieron remitirlos a Tecate o Rosarito.
Sin embargo, los médicos de estas instituciones reaccionaron, al no contar tampoco con insumos, médicos y espacio. Entre lo que se discutía el debate sobre quién atendería a dichos pacientes y la mala planeación logística, Pérez Rico envió un mensaje de despedida y agradecimiento por su “cooperación y apoyo”, además de que “los quería mucho”.
De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, pero el ahora exsecretario de Salud, ya se había salido del grupo.
“Hubo médicos inconformes con el desempeño de la Secretaría de Salud ante el resguardo de colegas por 18 meses sin laborar, pero que no realizaron apoyo a las otras unidades No COVID y siguieron ejerciendo en lo privado. Peticiones que se hicieron, pero no fueron nunca contestadas por el doctor Reyes Escamilla, director de Hospital General de Tijuana”, señalaron a este Semanario.
Unidades como el Hospital Materno-Infantil de Tijuana, Hospital General de Rosarito y de Tecate no tenían recurso humano y material ante las constantes demandas de atención médica, cuando había recurso humano mal distribuido que formaba parte de la Secretaría de Salud.
HICIERON TODO BIEN
En lo que fue su primera conferencia de prensa como secretario de Salud, José Adrián Medina Amarillas recalcó que la administración pasada hizo “todo bien”, sobre todo lo relacionado con la vacunación contra la COVID-19.
En entrevista con ZETA, reveló que hasta el momento no han detectado irregularidades en los trabajos de transición, encabezados por Efrén Zazueta, jefe de Epidemiología de la Secretaría de Salud.
Sin embargo, estos trabajos se vieron lentos y hasta el miércoles 27 de octubre, seguían sin confirmar a Medina Amarillas como titular de la dependencia, por lo que pago de nóminas, proveedores, recorridos, situación de vacunación y número de contagios, seguían en incertidumbre.
El nuevo funcionario estatal afirmó que revisarían si hubo un mal manejo de recursos por parte de la administración saliente -situación que se debió dar en la etapa de transición-, pero no serían ellos los encargados de sancionar. Por el contrario, darán continuidad a programas relacionados con COVID-19, enfermedades crónico-degenerativas, así como al pago de prestaciones del personal de salud, aunque no dijo cuándo ni con qué recurso, pues apenas están revisando el presupuesto disponible.
ESCENARIO POCO ESPERANZADOR
Desireé Sagarnaga Durante, delegada regional del IMSS, admitió que han tenido un aumento considerable de hospitalizaciones en la Clínica 1, el anexo está lleno y ya se movió el área de Ginecobstetricia a la Clínica 7, sin embargo, están bajo una situación controlada.
“Estamos teniendo más detecciones, pero las hospitalizaciones se mantienen en control, la vacuna ha cambiado el resultado, porque en la segunda ola teníamos a más de 800 hospitalizados con el mismo número de contagios y casos activos que ahora, pero hoy no tenemos más de 200 y podemos albergar a más si se diera el caso”, expuso.
La funcionaria refirió que existe un plan desarrollado en fases, después de lo ocurrido en diciembre de 2020 y enero de 2021: cada vez que el área habilitada para pacientes COVID se llena en un 80%, se comienza a habilitar una nueva. Sin embargo, pronosticó que en diciembre podría aumentar el número de contagios y muertes, sobre todo de personas no vacunadas, por la temporada invernal y porque la gente no deja de tener movilidad, lo que provoca que haya más brotes.
