Columna invitada
“Donde la ley no distingue, un servidor público no puede distinguir”.
-Principio General del Derecho.
El lunes 22 de noviembre del 2021, el Presidente de la República cruzó el único río de autoritarismo que le faltaba: atentar contra la Constitución. Su firme decisión no tiene vuelta para atrás, ni para él ni para su ejército de leales: publicó un Decreto, donde declara de “interés público” y “seguridad nacional” todas las obras de infraestructura que se le ocurran, todas, en un catálogo genérico e incierto.
Instruye además a todas las dependencias y entidades federales a otorgar de manera automática, autorizaciones “provisionales” para todas aquellas licencias, permisos o dictámenes necesarios para poder llevar a cabo las multicitadas obras; finalizando con la gracia de que si no se emiten las autorizaciones, en cinco días se entenderán por otorgadas, con una vigencia de doce meses hasta en tanto se emitan las autorizaciones definitivas.
El Decreto presidencial fue presentado como un simple instrumento facilitador de “trámites” para las obras de infraestructura que pretende el Presidente. No lo es. Quienes burdamente lo suscriben, olvidaron la base primigenia de su actuar: el Principio de Legalidad. Previsto en los Artículos 14 y 16 Constitucional; éste asegura que la actuación de las autoridades solo es posible si se encuentra enteramente subordinada al derecho.
Siguiendo dicha lógica constitucional, mientras a los particulares se les permite hacer todo aquello que la ley no les prohíba, la autoridad solo puede hacer lo que la ley les permite de manera expresa.
Sí, el Decreto presidencial atropella el Principio de Legalidad antes descrito:
Porque el “interés público” y la “seguridad nacional” son conceptos que derivan de la Constitución y de sus Leyes secundarias; no se transforman o manipulan según Decretos presidenciales sin fundamento ni motivación alguna.
Porque las dependencias y entidades “instruidas” no pueden otorgar “autorizaciones provisionales” automáticas, sin estudio, según un Decreto con jerarquía normativa inferior a la Ley que las regula y que no incluye esos supuestos.
Porque la irresponsabilidad de tratar como simples “trámites” a autorizaciones técnicas, genera un precedente gravísimo para el futuro actuar de cualquier sujeto de regulación público o privado, en cuanto a la observancia de la norma.
Un puerto marítimo, un puente vehicular, vías ferroviarias, una planta desalinizadora de agua, una carretera, una refinería, una planta termoeléctrica, un aeropuerto, una planta de almacenamiento de gas, un hospital, un cárcamo de bombeo de aguas negras, una escuela, entre muchas más.
Imaginemos que todas y cada una de las mismas se llegaren a ejecutar según proyectos, especificaciones y características sobre las cuales, los funcionarios públicos expertos en cuestiones técnicas o científicas (ambientales, de asentamientos humanos, de revisión de suelos, de calidad del agua, de ingeniería civil, de estructuras, de salud pública, de protección civil, de impacto urbano o vial), no han verificado o revisado dichas obras; es decir, aún no han aplicado la ley. ¿Te sentirías seguro utilizándolas? ¿Permitirías que tus hijos lo hicieran? ¿Cuántas obras públicas has visto mal ejecutadas, que ponen en riesgo a terceros, a la comunidad?
No, no son simples “trámites”; lo importante no es la celeridad en la obtención del “papelito” para completar un “expediente”, esa es la frivolidad y superficialidad del populismo criminal que pone en peligro al verdadero “interés público” y “seguridad nacional”. Ahí se encuentra el contrasentido de la medida. Su finalidad es contraria a su justificación, porque se terminará afectando precisamente lo de todos, lo común, lo más importante; así, al revés, para la supuesta 4T la Constitución sirve solo para lo que les conviene, no para lo que esta ordena. Y al ver el derecho como una construcción de un sistema añejo y opresor, justifican que por encima de la Ley esté siempre su líder, en un autoritarismo digno del politburó soviético.
La periodista española Rosa Montero escribió hace algunos años lo siguiente: “El primer emperador romano, Octavio Augusto, consiguió sus inmensos y abusivos poderes porque la República se los otorgó de buen grado. ¿Y por qué hizo semejante barbaridad la República romana, por qué se suicidó? Cuncta fessa, explicó Tácito: “Todo el mundo está cansado”. Sí, estaban cansados de la inseguridad política y social y no creían en las instituciones. Así perdió Roma sus derechos y libertades durante siglos. A veces los pueblos se suicidan”.
Para no inmolarnos, México merece que estemos despiertos. Ya descansamos tres años.
Héctor R. Ibarra Calvo es mexicalense, abogado postulante y catedrático de Amparo en Cetys Universidad. Ha sido regidor en el XXII y XXIII Ayuntamiento de Mexicali.
Correo: hectoribarra@idlegal.com.mx Twitter: @ibarracalvo
