La siguiente audiencia está programada para el lunes 6 de diciembre
A un año y siete meses de que se interpuso un juicio de amparo en contra de los sobreprecios del contrato firmado entre la administración del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y la empresa SeguriTech, para la operación del C51, el juez no ha concretado una audiencia.
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Los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, esperaban el pasado viernes 4 de noviembre la primera audiencia; sin embargo, ésta fue suspendida con el argumento de que no hubo una confirmación por parte de los señalados.
El expediente 1287/2018 se encuentra en el Juzgado Cuarto de distrito en materia de amparo y juicios federales, a cargo del Juez Francisco Caballero Green.
“El Juzgado está en espera de que las autoridades responsables les confirmen que ya recibieron las notificaciones, no le dan prioridad al caso; y al no confirmar se difieren las audiencias y el juez no los multa. Dice el juez que si no confirman no hay certeza de que les llegó la notificación”, informó el jurídico del CCSP.
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En 2017, el ex gobernador, intentó contratar con la empresa SeguriTech, un Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para seguridad pública por cuatro mil 660 millones de pesos, a 20 años. Sin embargo la Ley Disciplina Financiera, un año después, les dio el contrato por 789 millones de pesos a pagar en 10 años, sin un dictamen de propuesta económica.
Quienes conforman el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) en Baja California, hicieron un análisis y encontraron evidencias de sobreprecio tanto en el servicio como en equipo de seguridad, lo que derivó en la demanda.
En dos ocasiones se han suspendido las audiencias constitucionales programadas para fechas diversas, bajo el argumento de que las autoridades señaladas como responsables no han remitido acuse de recibido del acuerdo que ordena la reanudación del procedimiento.
Derivado de la contingencia por COVID-19, los plazos estaban suspendidos desde el día 18 de marzo del 2020 hasta el 31 de julio del 2020, por lo que a través del Acuerdo General 21/2020 se ordenó la reanudación de todos los procedimientos.
Fue necesario notificar a las autoridades responsables de lo anterior, ordenando a través del acuerdo de fecha 19 de agosto de 2020 y se fijó el 21 de septiembre del 2020 a las 11:30 a.m. para la celebración de la audiencia constitucional pendiente; la cual se difirió con el mismo argumento de que “los responsables no han remitido acuse de recibido”.
La siguiente audiencia está programada a las 10:50 a.m. del lunes 6 de diciembre del 2021. Está vez se solicitó al Tribunal imponer una multa aludida en el anterior acuerdo.
