El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó, este miércoles 17 de noviembre, a la Fiscalía General de la República (FGR, hacer pública la carpeta de investigación del caso Odebrecht y actualizarla cada tres meses.
Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI, informó que el pleno aprobó por unanimidad revocar la respuesta de la FGR, institución de procuración de justicia que, a su vez, alegó que esta se trata de información clasificada.
Sin embargo, el Instituto ordenó hacer pública la carpeta de investigación en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde se tendrán que dar a conocer los nombres de funcionarios y ex funcionarios llamados a declarar y que están presuntamente ligados al caso de corrupción.
Ibarra Cadena calificó esta determinación como “histórica”, convirtiéndola en una obligación de transparencia, pues la investigación ha estado sujeta a diversas solicitudes de información. Esta resolución es la primera en que el INAI ejerce su facultad para que un caso particular se convierta en una obligación de transparencia.
ℹ️En el #Pleno del @INAImexico aprobamos, por unanimidad, REVOCAR la respuesta de la #FGR, a efecto de que entregue los documentos que den cuenta de los nombres de funcionarios y exfuncionarios que han sido llamados a declarar y enfrentan acusaciones, ligados al caso #Odebrecht. pic.twitter.com/x03aN72E9X
— Blanca Lilia Ibarra (@bl_ibarra) November 17, 2021
Hasta la fecha, sólo dos personas han sido vinculadas a proceso en México por dicho caso. Se trata del ex legislador Jorge Luis Lavalle Maury, ex presidente de la Comisión de Administración del Senado y militante del Partido Acción Nacional (PAN).
Ello por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, derivados de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, tras las acusaciones que hizo en su contra el ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien también fue vinculado a proceso por dicho caso.
Ello por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por asociación delictuosa y cohecho, todos derivados del caso Odebrecht, ante la actitud “reticente, evasiva y grosera” ante la autoridad, por parte del ex funcionario federal.
Asimismo, el pasado 9 de noviembre, la FGR solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), emitir ficha roja para la búsqueda y localización en más de 190 países del ex director general de PEMEX, Carlos Treviño Medina, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en el caso de Odebrecht.
Esto, luego de que el político regiomontano fuera acusado de recibir sobornos por 4 mil 390 millones de pesos a cambio de otorgar un contrato a la empresa Brakem, filial de la compañía brasileña Odebrecht, por el también ex director general de PEMEX, Lozoya Austin.
Además, la FGR acusa al ex presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores (SRE), de recibir un soborno de más de 6 millones de dólares, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, “con el objetivo principal de beneficiar a empresas trasnacionales” con la reforma energética, todo ello a través de un depósito en Islas Vírgenes, que luego fue retirado en efectivo.
“Con el objetivo principal de beneficiar a empresas trasnacionales, entre ellas la brasileña Constructora Odebrecht, ello en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de constructora Odebrecht, sobornos por más de 6 millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso”, dice la imputación de FGR, que el diario Reforma citó el pasado 1 de septiembre.
Lozoya Austin presentó una denuncia de hechos el 11 de agosto del 2020, en la cual acusó 16 políticos y ex altos funcionarios- de recibir sobornos de hasta 500 millones de pesos, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, para aprobar la reforma energética en 2012, impulsada por el ahora ex presidente Peña Nieto.
El diario Reforma reveló el ‘modus operandi’ a través del cual la empresa brasileña Odebrecht pagó 4 millones de dólares a Lozoya Austin, ex director general de PEMEX, dinero que fue usado en la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.
Dicha cantidad, según le informó el ex funcionario federal al Gobierno de México antes de aceptar su extradición, fue usado para el pago de consultores extranjeros que Luis Videgaray Caso, entonces coordinador de la campaña presidencial y después titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contrató para asesorías electorales.
Según afirmó Lozoya Austin, ya con Peña Nieto como presidente, la constructora brasileña Odebrecht pagó 6 millones de dólares al Gobierno del entonces mandatario nacional, para ser beneficiada en contratos y que dispusiera una parte para sobornos a legisladores, a fin de garantizar la aprobación de la Reforma Energética en 2014.
“El ex director de Pemex, que actualmente enfrenta los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, preparó un documento, al que tuvo acceso REFORMA, donde revela delitos sobre los que tenía conocimiento y con ello tener la posibilidad de acogerse al ‘criterio de oportunidad’ y así poder sortear las acusaciones que pesan en su contra. Con lo negociado a cambio de su testimonio, Lozoya aceptó su extradición y ser juzgado en México”, indicó el rotativo.
Según este documento, el ex funcionario federal narró que uno de los pactos para recibir el pago de Odebrecht ocurrió en la panadería El Globo, de Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, con el ex director de Odebrecht en México, el brasileño Luis Alberto Meneses Weyll, cita a la cual aseguró haber acudido por órdenes de Videgaray Caso, entonces coordinador de la campaña de Peña.
“La instrucción era gestionar recursos económicos para cubrir diversos pagos a consultores en materia electoral, principalmente en el extranjero”, señaló Lozoya Austin en su testimonio respecto a dicho encuentro, mismo en el que el brasileño se comprometió a entregar 4 millones de dólares, de los cuales depositó 3 millones 150 mil dólares en la off shore Latin America Asia Capital Holding LTD.
El ex funcionario federal señaló haber informado de este movimiento tanto a Peña Nieto como a Videgaray Caso, según el testimonio de Lozoya Austin previo a su extradición, en el cual el ex director general de Pemex también comunicó al Gobierno Federal mexicano que Odebrecht entregó otros 6 millones de dólares luego de obtener un contrato de 3 mil millones de pesos por realizar obras en la refinería de Tula, Hidalgo.
Esos 6 millones de dólares fueron transferidos a Fabiola Tapia Vargas, administradora de Construcciones Industriales Tapia, una empresa que se asoció con Odebrecht para las obras en Tula. La mujer, quien murió en mayo de 2014, le entregó a Lozoya Austin una tarjeta de una cuenta con los 6 millones de dólares, para ponerlos a disposición del Gobierno de Peña Nieto.
Según admitió Lozoya Austin en su testimonio, parte de ese dinero fue usado para sobornar a legisladores en una oficina en Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec. El ex director general de Pemex señaló que el “enlace” designado por Los Pinos era el priista David Penchyna Grub, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado.
Uno de los encuentros que refirió Lozoya Austin se registró el 17 de septiembre de 2014, fecha en que asegura que una persona encargada del reparto de dinero, cuya identidad por ahora no ha revelado, entregó 6 millones de pesos a Penchyna Grub -ex director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFOMAVIT)- en la oficina de Montes Urales.
SUPUESTOS SOBORNOS A LEGISLADORES DEL PAN
Asimismo, en otra parte de su testimonio, Lozoya Austin informó al Gobierno Federal que pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN, para que aprobaran reformas del llamado Pacto por México, además de que el entonces presidente Peña Nieto y Videgaray Caso, titular de la SHCP, encabezaban directamente dicha estrategia.
Según el ex director general de PEMEX, Videgaray Caso le solicitó enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien era presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuando se discutió la Reforma Energética, del 2013 a marzo del 2014, y en mayo de ese año asumió el cargo de secretario general del PAN.
Dicho dinero habría sido entregado el 8 de agosto de 2014 a una persona, cuya identidad no ha sido precisada, aunque hizo saber que existen dos números telefónicos con los que se tuvo comunicación para concretar la entrega. Reforma recordó que Anaya Cortés fue presidente del PAN de agosto del 2015 hasta diciembre del 2017, cuando fue designado candidato presidencial.
Según la versión del ex director general de PEMEX, a través de terceros, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, Lozoya Austin envió a un grupo de legisladores panistas un total de 52 millones 380 mil pesos, entre ellos a los senadores Ernesto Cordero Arroyo, ex coordinador de la bancada del PAN, y Salvador Vega Casillas, ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Así como los hoy gobernadores Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente. Además de José Luis Lavalle Maury, quien fue presidente de la Comisión de Administración del Senado.
Asimismo, Lozoya Austin denunció a senadores de Acción Nacional de intentar extorsionarlo con 50 millones de dólares para aprobar las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras.
“El grupo que ejecutaba estas extorsiones, era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury”, detalló en su denuncia de hechos.
Según el ex director general de PEMEX, Lavalle Maury tenía “proyectos políticos” en Campeche y esa era su excusa para pedir más dinero, llevar a contratistas cercanos para que la paraestatal los favoreciera y amenazaba con boicotear la reforma energética “si no recibían sus sobornos”.
Días después, el diario Reforma reveló que Lozoya Austin acordó con el Gobierno Federal difundir al menos 12 videos con 16 horas de grabación para comprobar el pago de sobornos a dirigentes y legisladores de partidos opositores para apoyar la reforma energética impulsada por el entonces presidente Peña Nieto.
El pago de los sobornos habría ocurrido en 2013, previo a la aprobación de la reforma energética, en la oficina de Lozoya Austin en la Torre de PEMEX así como en un despacho alterno que tenía en la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
