Está acusado de recibir dinero de los “ofendidos” para asistirlos legalmente ante un incremento de rentas, sin haberse hecho cargo de su defensa. Quien se desempeñara como titular de Zofemat en el trienio ensenadense de Marco Novelo Osuna, enfrenta cuatro autos de formal prisión
Carlos Enrique Castillo Gutiérrez, en cuya contra obran cuatro autos de formal prisión por la presunta comisión de “fraude específico” a pensionados y/o jubilados de Estados Unidos en el poblado de San Luis Gonzaga, recurrió a la protección de la justicia federal y se amparó de los autos dictados por la juez Único Penal de Ensenada, Martha Flores.
A Castillo Gutiérrez se le acusa de haber recibido dinero de los extranjeros, a cambio de defenderlos ante un incremento de rentas en el complejo turístico Punta Final, sin que hubiera llevado a cabo la defensa.
Según consta en los autos de término constitucional en los que se determinó su probable responsabilidad, Castillo Gutiérrez recibió mensualidades de los arrendatarios para efecto de depositarlas mediante diligencias de consignación.
Sin embargo, posteriormente los pensionados y/o jubilados fueron demandados por no estar al corriente en las rentas de los predios que ocupaban en Punta Final. Ante ello, Castillo Gutiérrez les sugirió que siguieran depositando.
Además, los “ofendidos” le pagaron una cantidad por concepto de trámites, así como otro monto, destinado a promover un amparo para que no perdieran sus propiedades.
Castillo Gutiérrez, también les pidió dinero “para demostrar la buena fe del arrendador y evitar con ello el juicio de desahucio”.
Con la asesoría de la licenciada Rosa María Gómez Guzmán, los extranjeros advirtieron que no había un expediente relativo a las diligencias de consignación, como tampoco depósito alguno para evitar el juicio de desahucio, y que no se habían desahogado pruebas ni esgrimido alegados en su beneficio.
Los trabajadores pensionados y/o jubilados, Martin Geraldine Lorraine, Steven Bruce Doman, Douglas A. Hasselo y John Lothar Gerstenberg, acusaron que Castillo Gutiérrez los hizo caer en un error con miras a obtener en provecho propio la cantidad (total) de 52 mil, 352.2 dólares.
En contra del acusado, quien se distingue por haber fungido como jefe de la Zona Marítima Federal (Zofemat) en Ensenada en el trienio priista de Marco Antonio Novelo (2016-2019), se abrieron las causas penales 237/2018, 129/2020, 130/2020 y 117/2020.
Con la interposición de un juicio de amparo directo, la defensa de los extranjeros logró que el Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, determinara que sí se había cometido delito en perjuicio de los extranjeros.
Los autos incluyen un testimonial de Gómez Guzmán alusivo a que Castillo Gutiérrez aceptó no haber hecho los depósitos de rentas.
Se libraron cuatro órdenes de aprehensión, una por cada causa penal. Castillo Gutiérrez se amparó y pagó garantías para no ser detenido. No obstante, en vista de que no se presentaba voluntariamente a hacer frente a sus cargos ante la juez Único Penal, la defensa igualmente integrada por el licenciado Juan Antonio Raygosa Medina, presionó en un afán de que se le revocara la suspensión y pudiera ser detenido. De ahí que el acusado haya procedido a presentarse para enfrentar las cuatro causas penales.
Una vez que se presentó y rindió su declaración preparatoria dentro del término constitucional, la juez dictó auto de formal prisión en cada una de las causas penales. De esa manera, la situación jurídica de Castillo Gutiérrez cambió, toda vez que pasó de ser alguien con órdenes de aprehensión en su contra a estar sujeto a proceso.
En tal caso, los autos de formal prisión implicaron la existencia de elementos para establecer su presunta responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, de modo que los amparos con los que contaba quedaron sin efectos.
Castillo Gutiérrez, de cualquier forma, se volvió a amparar, en esta ocasión contra los autos de formal prisión. De esto se le notificó a la defensa en octubre. Actualmente la situación jurídica del ex funcionario está en manos de la justicia federal; será cuestión de que los amparos se resuelvan para que quede establecido si procede la formal prisión o queda en libertad.
ZETA procuró contactarse con Castillo Gutiérrez en aras de que diera su versión del caso que lo involucra; la búsqueda se hizo por medio de un abogado así como a través de dos líneas telefónicas. Mediante uno de estos números se le enviaron mensajes solicitándole un posicionamiento. Sin embargo, la persona que contestó se limitó a responder: “disculpe, ¿quién es?” (sic), pese a que se le había proporcionado ese dato a manera de presentación. Se le volvió a decir de quién se trataba, pero ya no hubo respuesta.
