El 3 de noviembre pasado, Carlos, padre de familia de dos niños presentó una denuncia penal contra Ampelio Iñíguez Arellano, secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda derivado del paro de labores que el magisterio lleva a cabo en demanda de que le sean pagadas prestaciones que les adeuda el gobierno estatal.
La demanda con el Número Único de Caso 0204-2021-48330 presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) denuncia también a los secretarios de Educación (Gerardo Solís) y General de Gobierno (Catalino Zavala), así como a la delegada del SEP/ISEP y al responsable de Recursos Humanos del SEP/ISEP presuntamente por cometer abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, cohecho, corrupción más lo que resulte.
En el documento, el padre de familia relata que el martes 2 de noviembre, el líder de los maestros informó en redes sociales que los días 3, 4 y 5 de noviembre no habría clases “dejando a todos los alumnos de Baja California sin derecho a la educación” mientras “todos los denunciados siguen cobrando sus sueldos por no realizar su trabajo”.
En el paro magisterial también participan profesores adscritos a la sección 2 del SNTE, que iniciaron la suspensión de labores desde el miércoles pasado. En un comunicado, su secretario General, Juan Enrique Villanueva Villa precisó que a profesores en activo se les debe 50 millones de pesos que cubrirían la nómina extraordinaria pendiente.
Además del bono magisterial a compañeros del nivel medio superior y jubilados, 2 millones de pesos de adeudo de horas interinas en asignaturas de la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana, 57 trámites de directores y supervisores de promoción vertical asignados en agosto de 2021.
Así como 3 millones 423 mil pesos por concepto Incremento a la Compensación de Inspectores (ICI), 55 millones 764 mil 139 pesos del Fondo de Beneficios por concepto de retenciones, 411 mil 451 pesos por el concepto B2 Activos (agosto-septiembre), un millón 175 mil 959 pesos por el mismo concepto por profesores jubilados, 411 mil 451 pesos por concepto D5 por patrimonio sindical y 609 mil 015 por concepto C9 referente a promociones económicas, de agosto y septiembre.
Al cierre de edición, se esperaba que funcionarios de la administración estatal se reunirían con integrantes del sindicato. La gobernadora Marina del Pilar Ávila afirmó que el pago a los profesores es una de sus prioridades, “nada más que por el momento nos dejaron sin el recurso, pero estamos por trabajar con ellos y darles la garantía de que será nuestra prioridad que llegue el pago justo a los maestros y maestras”.
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