Las 10 grandes empresas fabricantes de armas de Estados Unidos, acusadas por el Gobierno de México de supuestas prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano, pidieron, este lunes 22 de noviembre, a la Corte Federal del Distrito de Massachussets que se desestime el caso.
Además de que no se tome en consideración, alegando que ninguna de ellas promueve ni facilita el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican, así como que el Gobierno de México se equivocó en presentar la demanda en una Corte que no tiene jurisdicción para el caso que presenta.
Este mismo día era la fecha límite para que las 10 empresas, que el Gobierno mexicano calcula que son productores de al menos el 68 por ciento de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año, presentaran sus argumentos sobre su posición en el caso.
Las empresas Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt´s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock GES; Sturm, Ruger & Co.; Witmer Public Safety Group; e, Interstate Arms. presentaron un memorándum conjunto, además de peticiones individuales, que cuestionan la legitimación del Gobierno de México para iniciar una acción legal de este tipo.
“La teoría de México es que una serie de terceras personas, intermediarias en Estados Unidos, legal o ilegalmente compran y revenden las armas que fabricamos, que luego son ilegalmente obtenidas por compradores ‘de paja’, quienes ilegalmente las trafican por la frontera hacia México, donde eventualmente son usadas por cárteles de las drogas para cometer violencia criminal, que a su vez provoca daños financieros al gobierno de México. Por múltiples razones, la ley no puede ser estirada sobre este golfo espacial, causal y temporal para imponer responsabilidad [a los fabricantes]”, dice el memorándum conjunto.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, que es representada en este litigio por el despacho Hilliard Shadowen, tendrá hasta el próximo 31 de enero para contestar las solicitudes de desechamiento, mientras que los fabricantes tendrán hasta el 28 de febrero para su contrarréplica. Será hasta entonces cuando el juez Dennis Saylor decidirá si desecha la demanda, o si procede a una etapa de descubrimiento probatorio, misma que puede prolongarse de uno a dos años.
GOBIERNOS Y PRIVADOS DEBEN FRENAR TRÁFICO DE ARMAS, DICE EBRARD EN LA ONU
Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SRE mexicana, participó, este lunes 22 de noviembre, en el foro ‘El impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad’, en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya sede está en Nueva York, Estados Unidos.
El foro, en el que participaron 50 oradores, entre representantes de los Estados y especialistas, fue encabezado por el canciller mexicano, quien llamó a mejorar los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo.
El canciller mexicano dijo que el tráfico de armas es un fenómeno global que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil, destruye el tejido social, propicia la violencia, en especial contra grupos vulnerables, genera desplazamientos y flujos irregulares de personas que desean escapar de contextos de inseguridad. E indicó que muchos han sido los esfuerzos que se han emprendido desde la ONU.
“Sin embargo, nuestros esfuerzos han sido, debemos reconocerlo, insuficientes. México hace un contundente llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo”, abundó el funcionario federal mexicano.
“Al mismo tiempo, llama la atención de los gobiernos para que juntos animemos a nuestros respectivos sectores privados a establecer medidas de autorregulación conforme a sus legislaciones domésticas, para prevenir que sus prácticas comerciales propicien activamente el tráfico ilícito de sus productos”, indicó Ebrard Casaubón.
El titular de la SRE refirió que diversas fuentes estiman que, cada día, alrededor de 500 personas pierden la vida y otras dos mil resultan heridas por disparo de arma de fuego en el mundo. Y que, según datos de las Naciones Unidas, más de 8 mil menores han muerto o han quedado mutilados en 21 situaciones de conflicto armado.
“Dicho de manera clara y sencilla: si no hubiera una disponibilidad casi ilimitada de armas, la mayoría de los conflictos armados bajo la agenda del Consejo tendrían más oportunidades de soluciones pacíficas”, señaló el secretario de Relaciones Exteriores.
En su intervención, de casi 15 minutos, el canciller mexicano explicó los motivos de la demanda civil que la Administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador inició contra los 10 fabricantes de armas en Estados Unidos.
“No se trata, en esta demanda, de cuestionar el derecho de países y particulares a comerciar armas legalmente, sino de denunciar aquellas prácticas negligentes que generan graves consecuencias en otras poblaciones”, comentó Ebrard Casaubón.
CORTE DE MASSACHUSSETS ACEPTA LITIGIO DE GOBIERNO DE MÉXICO CONTRA FABRICANTES DE ARMAS EN EU
El pasado 20 de agosto, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que la Corte Federal del Distrito de Massachussets, aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra 10 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos, acusándolos de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano.
Según un documento citado por la agencia británica Reuters y el diario The Washington Post, la demanda señala que el Gobierno de México busca una compensación de hasta 10 mil millones de dólares. “Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos”, escribió el canciller en su cuenta de la red social Twitter.
La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí. Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos. pic.twitter.com/aKasaCrZmo
— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 20, 2021
CONTROL DE ARMAS EN EU AYUDARÍA A REDUCIR LA VIOLENCIA EN MÉXICO, ASEGURA LÓPEZ OBRADOR
El pasado 5 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la demanda que interpuso ayer el Gobierno de México para que haya control de armas en Estados Unidos, ayudará a reducir la violencia en territorio mexicano.
“Ayudaría mucho [a la reducción de la violencia] por el control de las armas, pero vamos a ver, es la primera que se hace un planteamiento con apego a legalidad y con respeto a independencia de Estados Unidos”, dijo el mandatario nacional.
“Es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas, no es ir en contra de la Enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas, sino la forma en que se fabrican y venden las armas que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control”, afirmó el político tabasqueño.
López Obrador dijo que espera que la Corte Federal del Distrito de Massachussets atienda este asunto. Asimismo, según él, los fabricantes de armas estadounidense hacen armas a la medida de los clientes de México, mismos que se dedican a la delincuencia organizada.
El titular del Poder Ejecutivo Federal acusó que esas armas llegan ilegalmente a México causando muertes, ya que “compran hasta, por internet, Barret calibre 0.50 y armas de alto poder que se introducen en este país”.
FABRICANTES DE ARMAS DE EU ACUSAN: MÉXICO BUSCA “CHIVO EXPIATORIO” POR CRIMEN DESENFRENADO EN SU TERRITORIO
La Asociación de la Industria de Fabricantes de Armas de Fuego de Estados Unidos (NSSF, por sus siglas en inglés), acusó, el pasado 4 de agosto, al Gobierno de México, de buscar un “chivo expiatorio” por “el crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, con la presentación de una demanda civil por prácticas negligentes, presentada en una Corte Federal de Massachusetts, en contra de sus agremiados, misma que, según ellos, carece de sustento.
“Estas acusaciones carecen de fundamento. El Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo Lawrence G. Keane, abogado general de la NSSF, asociación que dijo las acusaciones son patentemente falsas, dado que las armas de fuego son vendidas en EE.UU., según las leyes federales y estatales, estableciendo un registro en papel y tras una verificación de antecedentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
“En lugar de buscar un chivo expiatorio en las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia […] La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que afectan a los ciudadanos de México”, dijo Keane.
“Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al Ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”, insistió el también vicepresidente principal de la Asociación estadounidense.
La NSSF criticó que Steven Shadowen, uno de los abogados que representan al Gobierno mexicano en su demanda civil sean los representantes legales de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia por Armas de Fuego, una de las principales organizaciones a favor del control de armas de Estados Unidos.
“Esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México, es una afrenta a la soberanía de los Estados Unidos y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses, respetuosos de la ley de poseer y portar armas”, apuntó Keane.
“El Gobierno mexicano, que recibe una ayuda considerable de los contribuyentes estadounidenses, es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus propias fronteras”, insistió el abogado general de la Asociación.
Fundada en 1961 y con sede en el estado de Connecticut, la NSSF congrega a más de 8 mil miembros, principalmente en el área de la fabricación de armas de fuego y municiones, pero también incluye a distribuidores, clubes de tiro, vendedores y aficionados estadounidenses.
Entre los argumentos que presentó la Asociación está que el propio Gobierno de EE.UU. también vende armas de fuego directamente a su homólogo de México. “Los soldados mexicanos continúan desertando para trabajar para los cárteles de la droga, llevándose consigo sus rifles de servicio fabricados en Estados Unidos. En los últimos años, el número de deserciones se ha disparado a más de 150 mil”, abundó la NSSF.
La Asociación explicó, además, que según cables del Departamento de Estado de EE.UU., las armas más letales utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de arsenales centroamericanos. Asimismo, recordó que según un informe de 2006 elaborado por la organización no gubernamental Amnistía Internacional, China suministró de forma activa armas a países latinoamericanos, que después fueron incautadas en México.
MÉXICO DEMANDA A COMPAÑÍAS DE ARMAS ESTADOUNIDENSES EN CORTE DE EU, POR COMERCIO NEGLIGENTE E ILÍCITO
El Gobierno de México anunció, el pasado 4 de agosto, que demandó a 10 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos en una Corte Federal del Distrito de Massachussets, acusándolos de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano.
Según un documento citado por la agencia británica Reuters y el diario The Washington Post, la demanda señala que el Gobierno de México busca una compensación de hasta 10 mil millones de dólares.
Ello alegando que las unidades de Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt´s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock GES; Sturm, Ruger & Co.; Witmer Public Safety Group; e, Interstate Arms; sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país latinoamericano.
“No obstante, [los fabricantes] continúan priorizando su beneficio económico y utilizan estrategias de publicidad para promover armas cada vez más letales, sin mecanismos de seguridad ni de trazabilidad”, indica la demanda.
“Se ha presentado la demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en Estados Unidos, comercio que nos causa un daño directo”, dijo el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio Alcántara.
En conferencia de prensa, señaló que se trata de un litigio estratégico, y que se encuentran preparados para responder a las defensas legales que puedan presentar los demandados. Es por ello que se realizó la demanda en territorio estadunidense, con el fin de que las compañías se puedan defender en su propia idioma y bajo su legislación, detalló Celorio Alcántara.
“Es un ejemplo de practica negligente, es un derecho constitucional de los estadunidenses poseer y comprar armas, pero hablamos de daños en el territorio mexicanos, que tiene un estricto control de la compra de armas, sino es con la autorización de las autoridades correspondientes”, agregó el consultor jurídico de la SRE.
Celorio Alcántara dijo que la ley estadounidense permite a terceros demandar ante sus cortes, si se sufren daños y de acuerdo a su ley. Aclaró que con esto no se entra en conflicto con la Segunda Enmienda, que permite a los ciudadanos estadounidenses adquirir armas, sino que se fundamenta en que los daños ocurren en territorio mexicano, donde la legislación mexicana establece que los civiles no pueden adquirir armas.
“La demanda no es contra el gobierno de Estados Unidos, a quien le reconocemos el esfuerzo para controlar el tráfico de armas”, informó el consultor jurídico de la SRE.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, señaló que la demanda presentada en Boston, Massachusetts, es un hecho sin precedentes, ya que México no puede guardar silencio ante la situación.
“La demanda en materia civil que hoy se ha presentado en una Corte en Massachusetts por el Gobierno mexicano es correcta, oportuna, valiente, justa, porque es un hecho sin precedente lo que está ocurriendo hoy en México”, comentó el también coordinador del grupo parlamentario del partido Morena en la Cámara alta.
“¿Qué es lo que busca esta demanda? No sólo la reparación del daños, sino el tajo de que se seguía evitando esta tragedia dude violencia que México vive. Muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso y la entrada ilegal de armas a nuestro país”, comentó el ex gobernador de Zacatecas.
Mientras que Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SRE, aseguró que las empresas productoras de armas de Estados Unidos están desarrollando diversos modelos para los cárteles del narcotráfico y que sus productos se adapten al crimen organizado.
”Están desarrollando diferentes modelos para el narco, que los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas. Tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso”, detalló el canciller mexicano.
“Que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, para que podamos prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito de armas”, dijo Ebrard Casaubón.
#EnVivo | Presentación del Litigio contra la comercialización negligente de armas en Estados Unidos y su tráfico ilícito a México. https://t.co/xv0rVENecx
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 4, 2021
LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA
La demanda de 139 páginas establece la presunta responsabilidad de las citadas empresas, las cuales tienen la obligación de cumplir con las leyes mexicanas y estadounidenses de importación y exportación, en particular de asegurarse que sus distribuidores no provean de armas a grupos de la delincuencia organizada.
Según el Gobierno mexicano, los acusados “saben desde hace mucho tiempo que algunos de los traficantes que utilizan para vender sus armas al por menor suministran una cantidad significativa de armas al mercado criminal en México”.
La demanda dice que las empresas han recibido reportes de la prensa y organizaciones de la sociedad civil sobre los canales de distribución que existen de sus productos para la delincuencia organizada, aunque no han creado “un solo protocolo de seguridad pública en sus sistemas de distribución para detectar y disuadir el tráfico de armas a México”.
“La elección de los acusados de utilizar políticas de distribución y ventas que abastecen a los cárteles viola todas las obligaciones y deberes que han asumido como fabricantes y distribuidores de estas armas”, agrega la demanda.
“Los acusados saben que las armas de estilo militar, como los rifles de asalto y los rifles de francotirador, son particularmente buscadas por los cárteles de la droga que las utilizan con efectos devastadores en México. Los acusados saben que estas armas se suministran con frecuencia a los cárteles a través de vendedores corruptos o irresponsables”, indica la demanda.
“La respuesta de los acusados a estos hechos ha sido redoblar las prácticas exactas que saben que suministran a los cárteles arsenales de estilo militar. Las elecciones de los acusados han tenido el efecto de maximizar en lugar de minimizar las ventas a los mercados criminales”, dice la demanda.
Según el texto citado, la naturaleza y magnitud de la conducta ilícita de los acusados ha infligido inevitablemente un daño masivo a México, tanto en términos económicos como de vidas humanas.
“México está experimentando niveles crecientes de violencia armada y sufre la muerte de civiles por armas de fuego a una de las tasas más altas del mundo. Antes del dramático aumento en la producción de armas en los Estados Unidos que comenzó a fines de 2004, el número anual de homicidios en México había disminuido, incluidos menos de 2,500 cometidos con un arma en 2003″, insiste la demanda.
“Pero el fuerte aumento en las ventas de armas en los Estados Unidos resultó en un aumento de diez veces en los homicidios relacionados con armas en México, que aumentaron a alrededor de 23,000 en 2019”, acusa el Gobierno de México, el cual argumentó que entre el 70 y 90 por ciento de las armas recuperadas en su territorio provienen de Estados Unidos.
En su mayoría, las armas decomisadas son de siete marcas: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Glock, Colt y Ruger. Además, anualmente, cerca de 340 mil armas de estas firmas llegan a México desde sus plantas productoras en el estado de Massachusetts.
Incluso, el Gobierno de México añadió a la marca Barrett, por su rifle de francotirador y antiblindaje de calibre 50, citado como “un arma de guerra predilecta por los cárteles de la droga”. Como ejemplo, señaló el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch, en junio del 2020.
En el documento se advierte que la ola de armas militares en México es un resultado previsible por las acciones y deliberadas prácticas de negocios de las empresas demandadas. Por ejemplo, trabajar con vendedores y revendedores de armas corruptos, diseñar armas que puedan ser fácilmente modificadas para ser automáticas, e incluso publicitarlas de una forma en la que atraigan a organizaciones criminales trasnacionales.
La demanda detalla que las compañías estadounidenses están informadas de prácticas como la ventas con intermediarios, donde personas con autorización para tener armas, más no para venderlas, obtienen el equipo y después lo cruzan por la frontera hacia México.
En ocasiones, según apuntó el Gobierno mexicano, se trata de decenas de piezas compradas por una sola persona. Además de que los fallos en diversas cortes en materia de ventas de armas han obligado a las firmas a regular su venta, distribución y diseño, aunque lo han evitado “cabildeando reformas” en la materia, a través de congresistas aliados.
La demanda mexicana señala que, a pesar de ello, los fabricantes de armas han decidido no implementar monitoreos ni controles de sus sistemas de distribución, a pesar de tener formas de implementar estas restricciones.
¿QUÉ PIDE EL GOBIERNO DE MÉXICO?
La Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, demanda que las empresas presenten medidas cautelares y equitativas para reducir el daño que han causado; incorporar todos los mecanismos de seguridad razonablemente disponibles en sus armas, incluidos los dispositivos para evitar el uso de esas armas por parte de usuarios no autorizados.
Así como otorgar al Gobierno una indemnización por daños y perjuicios por una cantidad que se determinará en el juicio, otorgar sanciones civiles al Gobierno según lo permita la ley y adjudicación al Gobierno de restitución y devolución de las ganancias de los demandados.
Además de financiar estudios, programas, campañas publicitarias y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilegal de armas. También presentar una orden judicial contra los demandados, exigiéndoles que tomen todas las acciones necesarias para mitigar el daño actual y futuro que su conducta está causando y que de otra manera causaría en el futuro en México.
Asimismo, la reparación de daños en una cantidad que se determinará en el juicio y que sea suficiente para castigar a los demandados o disuadirlos a ellos y a otros de continuar o repetir su conducta ilegal. Además de restituir intereses previos y posteriores al juicio según lo permita la ley Restituir los costos de la demanda, incluidos los honorarios razonables de abogados, según lo dispuesto por la ley Otorgar una reparación adicional, según lo requiera el caso, y se considere justo y apropiado.
