Ex gobernador Jaime Bonilla incumplió la promesa de dignificar el salario de los oficiales, asegura el dirigente de Ministeriales Unidos; 56 policías retirados en BC, demandan una pensión vitalicia
La fuerza policial de la Fiscalía General del Estado (FGE) Ensenada es de 266 elementos, de los cuales 24 tienen problemas para recibir una pensión vitalicia, ante la falta de reglamentación en materia de seguridad pública.
Juan Ambrosio Arce Soto, presidente del grupo de Ministeriales Unidos de Ensenada, Asociación Civil, reconoce que el asunto de las prestaciones de Ley a los policías, es un conflicto histórico que enfrentan las corporaciones en el país, sin embargo, ha cobrado fuerza en los últimos tres años.
En los próximos dos años, alrededor de 80 los elementos en edad de jubilación en Baja California demandarán las prerrogativas estipuladas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios de Baja California (Issstecali).
De acuerdo con datos de la Federación de Asociaciones de Policías en el Estado, entre los seis municipios de Baja California, actualmente 56 agentes retirados de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con una pensión humanitaria.
Es decir, los beneficios económicos son intransferibles a otro familiar en caso de fallecimiento, no tienen acceso a servicios médicos, aguinaldos, prima vacacional o bonos, por lo que demandan una pensión vitalicia.
Durante la campaña política y en su mandato, el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez prometió mejorar las condiciones de los elementos en activo y en proceso de jubilación, pero incumplió. “Nos dijo que iba a dignificar al policía y no sólo eso, también a las familias de los policías, pero no hubo tal”, recordó Ambrosio Arce.
Incluso se habló de un presupuesto de 400 millones de pesos para pagar a los elementos en vías de retiro, incluyendo atención médica. En dos años, el pago nunca se materializó.
ESTADO DESTINÓ 25% DE PRESUPUESTO A RETIRADOS
En julio de 2020, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California presentó una demanda ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para regular el trabajo de los policías.
“Creemos que desde ese momento fue cuando salió la nueva Ley de Seguridad, publicada por el gobernador del Estado, donde habla de las prestaciones de las policías y la obligatoriedad que deben tener los ayuntamientos”, indicó el presidente del Consejo, Juan Manuel Hernández Niebla.
A raíz de la publicación, se determinó ante el Congreso y Gobierno del Estado, una bolsa por 400 millones de pesos para empezar ese proceso de pagos en lo que cada municipio ajustaba sus reglamentos. Todos reglamentaron, con excepción de Tecate, que quedó pendiente, y de los 400 millones de pesos, sólo se bajaron 100 millones.
“Los otros 300 millones sólo fueron una promesa que no fue cumplida”, indicó.
Los 100 millones se utilizaron para homologar algunos salarios y pensionar a elementos del sistema penitenciario. De ese total, a Tijuana le entregaron 33 millones de pesos. El presupuesto en materia de seguridad en ese municipio es de mil millones de pesos, por lo que es una cantidad insuficiente para solucionar el problema.
POLICÍAS PENSIONADOS VAN POR MÁS
Alejandro Monreal Noriega, presidente de la Federación de Asociaciones de Policías en el Estado, coincidió con el líder de Ensenada en que este asunto fue desestimado en la pasada administración estatal.
Dijo que los 56 elementos retirados tienen expedientes integrados, en espera que el Congreso del Estado emita un decreto o que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ordene una modificación y así recibir la pensión vitalicia con todos los beneficios.
También entregaron la documentación al titular de la Secretaría de Finanzas, Marco Moreno Mexía.
A los funcionarios se les hizo saber que existe otra lista de policías próximos a retirarse tras cumplir los años de servicio o por enfermedad; la mayoría de ellos forman parte del Sistema Penitenciario.
Una vez modificado el convenio con el Issstecali, el camino para el resto de los elementos será más sencillo al momento del retiro, “como un machote o un modelo de convenio, el cual utilizaremos para el resto de los compañeros”, confió el presidente de la federación.
SIN PLAN PARA AGENTES DISCAPACITADOS
En Ensenada hay asuntos concretos que preocupan a los integrantes de la Asociación de Ministeriales Unidos, debido a que las familias no tienen incertidumbre económica.
Un grupo de agentes reveló que dos compañeras de la FGE recientemente fueron diagnosticadas con cáncer y, a pesar de que ambas reciben atención médica, están obligadas a seguir con sus labores.
Además, en los últimos dos años siete policías de investigación han sido atacados por sicarios dentro del municipio, en distintos hechos violentos derivados de la inseguridad.
De ese total, cinco oficiales fueron asesinados: Hiram Rivera Lizárraga, Manuel Avendaño Rojas, Edmos Sánchez Lizárraga, Daniel Federico Villalvazo -de la Unidad Antisecuestros de Tijuana- y Cristian Urías García en San Quintín. Otros dos oficiales sobrevivieron a ataques armados: Cristian Armando Mouet Quiñonez y Carlos Antonio Orozco Díaz.
Mouet Quiñonez es quien pasó más tiempo hospitalizado en el Issstecali, tras recibir disparos en cara y cráneo. “Creemos que pronto va a recuperar la vista y la movilidad de sus manos, la coordinación, pero será poco a poco”, informó ZETA uno de los allegados al agente.
En este caso, la familia ha recibido el sueldo íntegro de Mouet, así como los medicamentos y atención médica, pero no hay certeza jurídica sobre cuánto tiempo más estarán recibiendo el dinero.
El agente Carlos Antonio Orozco también se encuentra en recuperación. Él recibió disparos en bazo, pulmones y ambas piernas, por lo que estuvo hospitalizado poco más de dos semanas. De acuerdo con sus compañeros, la condición de este elemento es de menor gravedad, pero debe recibir terapia para recuperar la movilidad de las piernas.
En otro incidente violento por separado, se encuentra el ex coordinador de la Policía Ministerial en San Quintín, Ensenada, Rito Antonio Venegas Soto, quien tampoco podrá reintegrarse en las filas de los agentes ministeriales, tras sufrir quemaduras de gravedad durante una explosión dentro de la casa que rentaba en San Quintín, el 4 de febrero de 2020. Se desconoce si se trató de un accidente o un atentado.
Conforme a los registros, la familia de Venegas recibe el sueldo y, al igual que el resto, no tienen certeza de cuánto tiempo más se los darán junto con la compensación.
POLICÍAS ACTIVOS CON SUELDOS PRECARIOS
Desde hace dos años, los agentes han tenido serios problemas con el abasto de medicamentos en el Issstecali, y deben poner de su bolsa para surtir recetas.
“Los agentes de las fiscalías y sus familias no tienen garantía de nada en el ámbito laboral”, sentenció Juan Ambrosio Arce Soto, de Ministeriales Unidos de Ensenada.
Calculó que un elemento de la FGE percibe en promedio 6 mil 500 pesos a la quincena y adicionalmente una compensación por la misma cantidad, la cual no está integrada al sueldo y no reciben un comprobante por ese excedente.
Por tal motivo, los oficiales en activo en Baja California están tomando medidas a futuro y exigen que la compensación se integre a su sueldo base para alcanzar una pensión más alta.
“Un policía inseguro y mal pagado, tampoco puede dar seguridad en la calle”, opinó el líder de los ministeriales, por lo que de nuevo pedirán que cualquier agente se retire a partir de 25 años de servicio, al igual que aquellos que ya rebasan los 60 años de edad.
“Tenemos policías en activo con más de 33 años de servicio y más de 60 años de edad que salen a patrullar todos los días y nos dicen que ya no pueden, no rinden igual”, comentó.
Están conscientes que, ante la falta de aportaciones a una institución de salud, en este caso Issstecali, los elementos en vías de retiro no podrán aspirar a más que una pensión sin servicio médico.
“No queremos dinero en el aire -compensaciones-, sino un retiro con la nómina integrada, el aguinaldo, bonos, primas vacacionales. Creemos que no estamos pidiendo nada exagerado, sino que el gobierno, como cualquier patrón, nos retire”, ejemplificó.
Por último, Arce urgió a hacer valer la carrera policial en Baja California, pues hay elementos hasta con dos carreras universitarias y, pese al esfuerzo, no logran obtener un ascenso.
