Acuerdo sobre obras es para agilizar trámites, no para ocultar información, afirma AMLO

Destacados martes, 23 noviembre, 2021 6:52 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, este martes 23 de noviembre, que el decreto por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su Gobierno, es un acuerdo para agilizar trámites y no se detenga la construcción de las obras.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que las dependencias e instituciones del Estado están regidas por principios de honestidad, justicia, por lo que pidió tener confianza en ellas.

Además, dijo que lo publicado ayer lunes 22 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no es un decreto, “no alcanza esa figura”, sino solo es un “acuerdo”, dirigido únicamente para asuntos internos de la Administración Pública.

“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya”, indicó el mandatario nacional.

“Para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación”, agregó el político tabasqueño.

“EN el entendido de que las empresas, las dependencias del Gobierno Federal pues están regidas por principios como protección al medio ambiente, justicia, y se les tiene que dar facilidades y se le tiene que dar confianza”, comentó López Obrador.

El presidente afirmó que se trata de un asunto interno entre dependencias. “Que Medio Ambiente ayude a comunicaciones y transportes o ayude a FONATUR, para que tengan un tramo y no se detenga en la obra”, añadió.

“Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro, el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera mencionarlo, el Reforma, ya está hablando de que es para no rendir cuentas, que no haya transparencia, que no haya honestidad”, insistió el mandatario nacional.

“Se imaginan si Claudio X. González [Guajardo] y el ministro [José Ramón] Cossío [Díaz] meten un amparo para frenar el Aeropuerto de Santa Lucía?”, comentó el presidente de la República.

“Ellos fueron siempre protectores, cómplices de la corrupción. Ya están ellos suponiendo […] de que es para ocultar información y para que no haya transparencia, así son los conservadores, les gusta mucho o su doctrina es esa cosa y esa cosa es la hipocresía”, abundó.

“Aclarar que es un acuerdo y que todos en este Gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad. Cero corrupción y también cero impunidad, no somos iguales, eso es lo que les molesta mucho. Porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear a manos llenas y ahora no pueden ni podrán”, finalizó.

López Obrador emitió, ayer lunes 22 de noviembre, un decreto por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su Gobierno, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones y telecomunicaciones.

Además de aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

El decreto instruye a las dependencias y entidades gubernamentales otorgar la autorización provisional para iniciar los proyectos, para con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados (entre ellos la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles).

El documento precisó que la autorización provisional -con vigencia de doce meses, periodo en el cual se deberá obtener la definitiva-, será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles, y transcurrido ese tiempo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.

El decreto -que fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF)- que consta de tres artículos y que entrará en vigor mañana martes 23 de noviembre, argumenta que México requiere de infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.

Además, puntualiza que se publica con el fin de que la actual Administración continúe “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”.

El presidente López Obrador justificó que su decisión se basa en el artículo 26 de la Constitución, debido a que “México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas”.

“Los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente”, añadió el mandatario nacional.

LA AUTORIZACIÓN PARA LOS DICTÁMENES, PERMISOS O LICENCIAS

El acuerdo e instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras.

Y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. Asimismo, señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud correspondiente.

“Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el documento. La autorización provisional tendrá una vigencia de un año, contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.

Además del titular del Poder Ejecutivo Federal, el acuerdo fue firmado por los titulares de las secretarías de Gobernación; Defensa Nacional; Marina; Seguridad y Protección Ciudadana; Hacienda y Crédito Público, Bienestar; Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Así como los titulares de las secretarías de Energía; Economía; Agricultura y Desarrollo Rural; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Función Pública; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Cultura; y, Turismo.

INAI ANALIZA EL ACUERDO

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer, esre martes 23 de noviembre, que analiza el acuerdo del Gobierno de México, a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados.

En el artículo primero, el documento señala expresamente que “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Al ser la “seguridad nacional” una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI advierte que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el Gobierno lleva a cabo.

Ante ello, las áreas especializadas del INAI estudian los alcances del acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna.

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