La sexta fue la vencida y por fin Emilio Lozoya Austin
compareció ante el juez de Control. El ex director de
Pemex ya no salió de la sala de audiencia al dictársele
prisión preventiva “justificada”. FGR se cansó de
esperar las presuntas pruebas que el ex funcionario
tiene en contra de 17 personas. El juez prorrogó un
mes más el cierre de la investigación complementaria
a petición de la defensa de Lozoya. Se ordenaron
medidas especiales, pues en el mismo Reclusorio
Varonil Norte hay presos acusados por el imputado
La Fiscalía General de la República (FGR) lo tenía claro. Fue muy benevolente con el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya Austin, al que bajo la figura de testigo colaborador, le dio tantas prebendas que, a 15 meses de haber sido extraditado de España a México, no había pisado la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se lleva su caso. Esta vez fue diferente, y Lozoya compareció para quedarse preso preventivamente.
Por el caso Odebrecht, el juez penal de Control, José Antonio Zúñiga Mendoza, ordenó modificar la medida cautelar que durante más de un año mantuvo el ex funcionario, y la cambió por prisión preventiva “justificada”, por lo que seguirá su proceso en la cárcel, en una decisión aplaudida por actores políticos de diversos partidos, principalmente los opositores a la Cuarta Transformación.
La mañana del miércoles 3 de noviembre, Lozoya Austin tuvo que comparecer ante el juzgador, después de haber diferido en seis ocasiones la fecha por supuestos malestares en su salud, sin embargo, la exhibición mediática efectuada sobre el personaje descubierto cenando en un lujoso restaurante chino de la Ciudad de México el 9 de octubre anterior, evitó que siguiera postergando su presencia.
La audiencia inició con la autorización del juez Zúñiga, de prorrogar el cierre de la investigación complementaria hasta dentro de 30 días más, para que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración del ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, aporte las pruebas que asegura tener en su denuncia contra 17 personas, a quienes señala como beneficiarios de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
La FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se pronunciaron en la audiencia en contra de otorgar más tiempo a Emilio Lozoya para recabar el sustento de sus dichos y solicitaron cerrar la investigación, puesto que los documentos de prueba a los que alude la defensa del acusado, ya se encuentran en la carpeta de investigación. Sin embargo, el juzgador aseguró velar por el derecho a la defensa y la presunción de inocencia del imputado, estableciéndose la próxima audiencia el 3 de diciembre venidero.
La audiencia con Lozoya Austin, presente por primera vez ante el juez desde que la FGR le concedió apegarse al llamado criterio de oportunidad para no ir a prisión, continuó con la revisión de la medida cautelar, que hasta ese momento consistía en la prohibición de salir de Ciudad de México y del país, así como la colocación de un brazalete para su localización permanente. Ahí el Ministerio Público solicitó dictarle medida de prisión preventiva “justificada”.
El fiscal del caso acusó a Lozoya ante el juez federal de mostrar una actitud “reticente, evasiva y grosera” ante la autoridad. Al resolver la solicitud del Ministerio Público de la Federación, el juez Zúñiga Mendoza explicó que desde un inicio de este proceso por el caso Odebrecht, consideró que era viable la prisión preventiva “justificada” en contra del imputado, pero no la impuso al no ser solicitada por la FGR.
Previamente, al hacer uso de la palabra, el procesado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por asociación delictuosa y cohecho, se declaró inocente, y aseguró que, a pesar de que no incurrió en ninguna responsabilidad, está tratando de llegar a un acuerdo para la reparación del daño.
El juez Zúñiga basó su decisión de dejar en prisión al ex funcionario en tres rubros: la red de ayuda que podría tener para fugarse, la cantidad de recursos económicos que tiene para ello, así como la pena de los tres delitos que se le imputan al ex director de Pemex, por los que pudiera ser condenado a una pena de 12 a 35 años de prisión. El impartidor de justicia agregó que “las fotos del ex funcionario comiendo en lujoso restaurante no son materia de prueba para determinar la prisión preventiva justificada, sino una red de ayuda y 2 millones de euros”.
Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Lozoya al finalizar la audiencia, donde el juzgador ordenó que fuese privado de la libertad dentro del mismo centro penitenciario y ordenó medidas de seguridad especiales, ya que dentro de dicha prisión también hay personas denunciadas por él, como es el caso del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, quien se encuentra detenido desde abril.
A la petición de encarcelar a Emilio Ricardo Lozoya, se sumaron la UIF y Pemex. Santiago Nieto Castillo, titular de la primera, expresó que existen diversas investigaciones abiertas en contra del ex funcionario que en su momento pudieran ser judicializadas. Por tanto, ante el potencial riesgo de fuga, se unió a la petición de prisión preventiva justificada por parte de la FGR.
Las reacciones no se hicieron esperar y, en el Senado de la República, la coordinadora del Partido Acción Nacional, Kenia López, aseguró que el circo en torno a Lozoya se cayó y celebró su aprehensión: “Pues este circo está cada vez cayéndose más y lo que hoy sucede es claramente algo que debió haber sucedido desde el primer momento: si es culpable, pues que se le sancione y purgue una pena por algo que afectó al país o que no tenía por qué haberse solapado por parte de este gobierno”.
El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, pidió revisar la figura de testigo colaborador, de la que abusó el ex director de Pemex: “Es el momento de revisarlo para que sea más eficaz y contundente, y pueda generar condiciones de debido proceso y de equidad en la propia justicia”.
De acuerdo con el periódico Reforma, durante la audiencia, Emilio Lozoya tuvo oportunidad de hablar ante el juez para justificar su libertad, su actuar e insistir que no tenía privilegios. Según lo publicado por el diario nacional, declaró: “Yo no me fugué. Yo vine un 1 de mayo de 2019 y tuve reuniones con altos funcionarios del Gobierno de México y me regresé a trabajar como financiero internacional, nunca dejé de ratificar que mi domicilio fue en la calle de Ladera, en Lomas de Bezares. Cuando sacaron la orden de aprehensión yo nunca me evadí de la justicia.
“Cuando se ejecutó la orden de aprehensión yo ya tenía la plena intención (de colaborar con las autoridades). Ya estábamos en diálogos con la FGR. Otros abogados me decían ‘estás loco si renuncias al principio de especialidad’”.
Sobre el trato privilegiado que se acusa ha tenido durante 15 meses, Lozoya reflexionó:
“La verdad en muchas ocasiones no le gusta a la gente, sin duda hay muchos intereses que no quieren que se sepa. Se ha gestado un ambiente de persecución en la opinión pública, de asesinato por carácter de mi persona. En otro capítulo, donde yo fui utilizado como instrumento de un aparato de Estado organizado, y no me arrepiento de haber hablado con la verdad, hay medios de comunicación que recibieron toneladas de dinero para que esto no se conozca. Muchos de los que recibieron los recursos están libres.
“Finalmente, (quiero) hacer una reflexión de un supuesto trato de impunidad. Nada más lejano a la realidad, mi madre estuvo presa en cinco prisiones por recibir entre 120 y 150 mil dólares, antes de ser director de Pemex. Mi señora madre lleva dos años en prisión domiciliaria por el pago de un impuesto de traslación de dominio de un inmueble y por el pago a un notario (…) Ahora sí que, si la gente piensa que es un trato privilegiado, pues respeto la diferencia de opinión”.
Y se defendió: “No me van a encontrar un solo ingreso ilegal, ni antes ni después de que fuera servidor público. Si me pre-sobornaron, salvo que la gente tenga una bola de cristal, yo creo que no hay ángeles que te regalen millones por no haber un trabajo”.
De cualquier forma, al final de la audiencia, Emilio Lozoya Austin quedó preso en el Reclusorio Norte.
