Una cosa queda clara: cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial se ponen de acuerdo, no hay poder humano que los haga avanzar.
El 5 de octubre se tenía prevista una audiencia de sobreseimiento en torno al caso de tres agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) acusados de secuestro en contra de un empresario identificado sólo como ETG.
Los acusados, Leonardo David Ornelas Barrios, Salvador Zepeda Solano y Jesús Alberto Castañeda Nario, permanecen presos desde octubre de 2020 por un delito en el que -hasta el momento- sólo se les vincula por una carta anónima en la cual se escribieron los nombres de varios agentes implicados en el hecho delictivo, del que únicamente se logró procesar a cinco, de los cuales uno fue absuelto; el otro permanece prófugo, luchando por medio de un amparo.
La audiencia de los agentes se pospuso, debido a que el Poder Judicial no notificó a la víctima sobre el juicio que se llevaría a cabo, por lo que se agendó una nueva fecha para analizar el tema. Esto sería una situación normal, sí no fuera porque es la tercera vez que el Poder Judicial “olvida” notificar a la parte ofendida del procedimiento legal que se solicitó por parte de los abogados de los presuntos responsables.
El juez Héctor Cortez Peña determinó esto sin contemplar que es la tercera ocasión que dicho juicio se dilata, lo que representa un gran beneficio para el fiscal Ludwing Guillermo Pérez Rubio, encargado de llevar a cabo el caso, pues mantiene cautivos a los agentes acusados por un delito que hasta ahora no cuenta con una prueba que los vincule directamente, o por lo menos no obra en el expediente en poder del autor de esta columna.
La primera audiencia se llevó a cabo el 14 de septiembre, la segunda el 27 y la tercera el 5 de octubre. En todas hubo una “omisión” de avisarle al ofendido, lo cual genera grandes sospechas de que la intención es postergar el caso lo más posible hasta que culmine la administración y así librarse de la “pifia” que, todo parece indicar, padecerán.
LA ESPALDA
El movimiento que hicieran la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda y su equipo, contra la municipalización del agua, tuvo un último golpe con el regreso del hoy ex alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, para “derribar” el acuerdo firmado en 2013, que nulifica la creación del organismo operador del recurso hídrico.
Ávila Olmeda dio un “manotazo” a Bonilla, con el respaldo del Gobierno de México, el cual envió al Ejército para proteger al empresario tijuanense en su ingreso al Ayuntamiento, pero además, la jugada marcó una ruptura con el fiscal Guillermo Ruiz Hernández, quien intentó jugar con bonillistas y marinistas, operando por un lado y luego prometiendo fidelidad en otro.
“El Titi” se va, es un hecho; la gobernadora electa no está contenta con su desempeño ni con su intervención política cuando su función es la procuración de justicia y la seguridad pública. El mensaje de repudio fue claro al separar del cargo a su hija, Karla Ruiz Macfarland, como alcaldesa suplente de Tijuana.
No conforme con ello, los propios funcionarios de Ruiz Hernández se encuentran operando en su contra, al grado que el primer anillo de seguridad de González Cruz cuando intentó asumir el cargo, fue nada menos que el equipo Antisecuestros de la propia Fiscalía General del Estado. Grupo a cargo nada menos que del próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Iván Carpio, el cual aún pertenece a la FGE, pero que ya ejerce funciones operativas para la nueva gobernadora.
Cada vez son más los personajes que se voltean a Bonilla y al fiscal Ruiz Hernández, a quienes ya no les funciona la charola que portaban como amigos íntimos del Presidente de la República.
