Jaime Bonilla Valdez demostró que, en sólo dos años de gobierno, sí se pudo.
Sí se pudo endeudar más al Estado, también, subir los índices de inseguridad y violencia, como sí se pudo dejar con más desabasto al sector salud y más endeudado al Issstecali.
El primer gobernador de Morena en Baja California, y el único de dos años de mandato, intentó violentar otras leyes y otros sectores, pero no pudo.
De hecho, inició su gobierno en 2019, intentando violar la Constitución Mexicana y la de Baja California, cuando a fuerza de votos, en el Congreso del Estado y mediante juicios, pretendió erigirse gobernador por cinco años, cuando por mandato popular, se le habían concedido dos años de administración.
La violencia institucional marcó al primer gobierno de Morena en Baja California desde el inicio.
Crítico del estado en que Francisco Vega de Lamadrid le entregó las finanzas bajacalifornianas, Jaime Bonilla las hereda en peores condiciones a su sucesora, la también morenista Marina Ávila Olmeda. No sólo incrementó la deuda en 42%, como se da cuenta detallada en un reportaje de Julieta Aragón Domínguez en estas páginas, sino que creció la deuda con los acreedores, dejó de pagar a maestros, sindicatos, organismos sindicales de salud, ayuntamientos… hasta el agua se va debiendo al final de su sexenio.
En total, estimó Marco Moreno Mexía, quien será el secretario de Hacienda de Baja California a partir del lunes 1 de noviembre, Bonilla se va heredando una deuda superior a 30 mil millones de pesos.
Con ello demostró que, aun siendo el gobernador bajacaliforniano con más ingresos, sí se pudo malgastarlos y no invertirlos, para dejar al Estado en una crisis financiera que ahora, de acuerdo con Marina del Pilar Ávila, requerirá de apoyos extraordinarios por parte del Gobierno de la República para cerrar el año de manera eficiente.
Efectivamente, Jaime Bonilla no sólo recibió las participaciones federales que le correspondían al Estado por parte del Gobierno Federal, sino que tuvo un mayor presupuesto para ejercer, y además, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le benefició con la entrega de recursos federales extraordinarios, y como si eso no fuera suficiente, le entregaron de manera adelantada participaciones federales que correspondía a Ávila Olmeda ejercer en noviembre y diciembre; aunado a los miles de millones de pesos que cada semana dijo haber cobrado a “los deudores del agua”.
Aun con esos recursos, Bonilla deja la administración pública en número rojos, con déficit, con deuda y sin liquidez, apenas 100 millones de pesos dejará disponibles, dijo Moreno.
El que se presume como “uno de los mejores gobernadores en el país”, a través de encuestas y en los medios afines a su gobierno, hereda una administración que, sólo en los números, demuestra científicamente que no lo fue. Que, por el contrario, fue un mal administrador de los recursos de BC, porque como reconoció en entrevista con ZETA la próxima gobernadora, “gastó más de lo que ingresó”.
Sí se pudo demostrar que dos años son suficientes para llevar las finanzas públicas estatales a la crisis.
Además, no pudo cambiar la Ley para quedarse cinco años, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo frenó, tildándolo de querer defraudar y violentar la Constitución. También fue controvertido por Petróleos Mexicanos, por empresarios y sectores productivos, debido a nuevos impuestos o cobros abusivos, todas, cuentas pendientes que también heredará a Marina Ávila.
En términos de inseguridad, el todavía por unas horas gobernador de Baja California, demostró que sí se pudo dejar un peor escenario. No sólo despojó al gobierno estatal de la Secretaría de Seguridad y una Policía preventiva, sino que entregó a ciegas la estrategia de seguridad a una Fiscalía General del Estado y se desatendió del tema de la violencia, que hoy día, al final de la corta era Bonilla, tiene a los municipios del Estado entre los más violentos del país. Eso sí, se quedó para uso y disfrute particular, del helicóptero de lo que fue la Policía Estatal Preventiva.
Los cárteles de la droga que han tomado esta región del país para traficar hacia Estados Unidos, asesinar en territorio nacional lo mismo que extorsionar y secuestrar, estuvieron impunes estos dos últimos años. Ni una detención de capos, ni el desmantelamiento de una célula criminal. Nada.
Cuando Jaime Bonilla tomó posesión del cargo, despotricó de las condiciones de abandono en que el gobierno de Vega de Lamadrid dejaba el sector salud. Sin medicamentos, con instalaciones deficientes, hospitales sin habilitar. Prometió reactivar eso y más. No lo hizo. Los hospitales generales carecen de insumos y de medicinas, camas les hicieron falta para atender a los enfermos en la pandemia por COVID-19 y los hospitales no fueron inaugurados, mucho menos avituallados.
Bonilla también demostró que sí se pudo “administrar” el Estado dos años, sin dejar una sola obra de impacto para la población bajacaliforniana. Que sí pudo gobernar con la amenaza, la extorsión y el acoso público. Que sí se pudo emitir cuanto decreto le fue necesario para sustentar sus caprichosos, aunque después cayeran uno a uno por considerarse que invadían otras facultades, o estaban mancillando los derechos de las personas.
Lo único que no pudo, fue quedarse tres años más para los cuales fue electo. El gobernador disfruta sus últimos días en el poder, no acudirá a la toma de posesión de su sucesora porque tampoco pudo imponer a su alfil como candidato. Dice que en unos días “elegirá” qué posición aceptarle al Presidente López Obrador.
A ver si es un encargo en el centro del país, Baja California lo merece…
