El secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, aclaró que la expropiación de la Manzana 53 de Playas de Tijuana, donde se ubican los campos de Beisbol de la Liga de Playas, fue para evitar que dos particulares se la robaran.
Acompañado del Subsecretario Jurídico de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Alfredo Estrada Caravantes y del director Jurídico para el Combate a la Corrupción, José Luis Díaz Martínez, Rodríguez Lozano, dijo que la instrucción del Gobernador Jaime Bonilla es evitar este tipo de irregularidades, ya que este terreno le pertenece al pueblo y está destinado para la construcción de un campo deportivo.
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“En redes están engañando a la gente, este terreno entre 1989 y 1990 fue donado para un espacio deportivo y la Secretaría de Desarrollo Urbano Federal le dio a la Liga de Beisbol de Playas para que hicieran uso de él, ahí era un cañón y el Gobierno del Estado durante casi 30 años han estado rellenado para actualmente el terreno esté como actualmente se encuentra”, dijo Rodríguez Lozano.
Y agregó: “Pero resulta que el presidente de la liga, Abel Bojórquez, en combinación con una señora llamada Norma Alicia González, quien fue la última representante del fraccionamiento Playas de Tijuana, se han dedicado a vender, es decir, nosotros con la instrucción del Gobernador estamos rescatando este terreno para la comunidad, y este par de pillos se han aprovechado estas circunstancias para vender a 400 el metro cuadrado, me enteré porque además se lo ofrecieron algunas personas que yo conozco, ya vendieron dos partes”, dijo el titular de la SGG.
En la edición del Periódico Oficial del Estado del 14 de octubre de 2021, dl gobierno del estado emitió la declaratoria de utilidad pública y ordenó la expropiación de tres predios con una extensión de 38 mil 720 metros, pertenecientes a la Liga de Beisbol de Playas de Tijuana para la construcción de un parque. Bonilla Valdez y Rodríguez Lozano, firmaron el documento del número especial que contiene 22 páginas, en donde argumentan la eventual construcción y habilitación del “Parque área verde Playas de Tijuana”.
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El licenciado Carlos Atilano, presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) y asesor del circuito beisbolero, señalaría que, “hay un interés privado, pecuniario, perverso por parte tanto del gobernador, como del secretario de gobierno, es la única explicación que podemos dar a este decreto, que carece de todo sustento legal. Pretender afectar el deporte para crear un área verde, no tiene ningún sentido. Nadie le ha pedido al gobierno del estado que desaparezcan los campos de Beisbol, por el contrario, es una acción que choca contra los intereses de la ciudadanía”.
Los afectados tienen un plazo de 15 días para comparecer ante la autoridad para exponer sus pretensiones o defensas, aunque el decreto entra en vigor una vez que fue publicado. La licenciada Maricela Escalante, jurídico de la liga, señaló que se encuentran amparados y listos para defender la tenencia del campo, y con la documentación en orden para demostrar que son los propietarios.
