Rosario Robles Berlanga -ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, afirmó, este lunes 25 de octubre, que la Fiscalía General de la República (FGR) la ha presionado para que testifique, “sin pruebas”, en contra del ex mandatario nacional y de sus compañeros de gabinete, a cambio de obtener su libertad.
“No voy a salir de aquí con mentiras, no puedo salir acusando a otros de cosas que no son ciertas, no voy a firmar una declaración [falsa], como han hecho quienes tienen muy pocos pantalones. No voy a salir por la puerta de atrás, inculpando sin que pueda sostener esas mentiras”, indicó la ex funcionaria federal.
“Si yo tuviera pruebas y elementos, de acuerdo, pero no los tengo […] Ellos quisieran que firmara cualquier cosa para involucrar a otros, y eso no lo voy a hacer”, enfatizó Robles Berlanga, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la primera que otorga desde el tiempo en que está encarcelada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
Asimismo, afirmó que el testimonio de Emilio Zebadúa González, quien fuera el oficial mayor de la SEDESOL y de la SEDATU durante la administración de Robles Berlanga en dichas instituciones, no tiene ni una sola prueba en su contra, ya que, aseguró, él era quien presidía el Comité de Adquisiciones.
“Yo era la secretaria de Estado, a mí no me tocaba estar viendo los tornillos”, señaló Rosario Robles, recordando que la acusación en su contra es por omisión al momento de firmar los contratos. Y puso como ejemplo el caso del colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en el que también se cometieron omisiones durante la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón.
Respecto a la acusación de delincuencia organizada, delito por el que la FGR supuestamente tiene una orden de aprehensión, Robles Berlanga explicó que no tuvo acceso a la carpeta de investigación, porque el propio Ministerio Público notificó al juez que no estaba vinculada a dicho procedimiento, solo al de omisión.
“Entonces ahora sí ya me inventan una [acusación] de delincuencia organizada, y cuando vaya a salir adelante seré traidora a la patria, y así sucesivamente. No lo voy a permitir”, enfatizó, para luego decir que no ha recibido apoyo político por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que
“Hay silencio ominoso de los dirigentes de PRI, de los actuales. Ominoso porque saben que esto es una farsa, porque aún si consideran que eso sucedió, ¿por qué no están otros nueve [presuntos implicados] aquí acompañándome. Soy la única [en prisión], y no es cierto que hubo esa triangulación de recursos”, dijo Robles Berlanga.
La ex funcionaria federal puntualizó que incluso quienes fueron sus compañeros de gabinete en el gobierno de Peña Nieto han guardado “silencio omiso” ante las acusaciones, mientras que algunos senadores del Partido Acción Nacional (PAN), le han expresado su respaldo.
“Hay amigos que me han apoyado, y algunos amigos de la política que no. Además, me enardece el silencio ominoso de algunos, y agradezco las muestras de solidaridad que estos días he tenido de muchísimos otros, de gente que yo ni siquiera me imaginaba. No me puedo imaginar que sea mas valiente la bancada del PAN en el Senado, que compañeros míos del gabinete”, dijo la ex titular de la SEDATU y de la SEDESOL.
Desde la cárcel, Robles Berlanga también acusó que la imputación en su contra y la decisión de mantenerla en prisión preventiva por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el caso de la llamada “Estafa Maestra”, son parte de una venganza política.
“Esta es una venganza […] el presidente [Andrés Manuel López Obrador] dice, y yo le tomo la palabra, que de su parte no es. Entonces, ¿de parte de quién es? Porque de que hay una venganza hay una venganza, porque aquí no hay una aplicación de la ley, yo tengo derecho de estar en libertad. Si no es conmigo el pleito, y si no es [por parte] del jefe de Estado, ¿de quién es?”, cuestionó la ex funcionaria federal.
Robles Berlanga cuestionó que, si López Obrador no la persigue, como él dice, “entonces, ¿quién lo está haciendo?”, subrayó. “¿El fiscal general de la República o el Poder Judicial?”, insistió. “No veo al ministro [Arturo] Zaldívar [Lelo de Larrea] en esa posición ni intención, ni el por qué. El fiscal [Alejandro] Gertz [Manero] fue mi secretario de Seguridad Pública [cuando fue jefa de Gobierno de la capital de la República”, expuso.
La ex funcionaria federal comparó su caso con el del empresario empresario Alonso Ancira Elizondo, ex presidente del Consejo de Administración y ex dueño de Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA), quien quedó libre al llegar a un acuerdo reparatorio con la FGR, por la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados, realizada en la Administración de Emilio Ricardo Lozoya Austin como director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y quien también sigue su proceso en libertad.
La ex titular de la SEDATU y de la SEDESOL, indicó que en su caso, se le congelaron las cuentas bancarias por supuestos manejos irregulares de personas que dependían económicamente de ella, y que antes de su primera audiencia se le criminalizó por haber realizado un viaje.
“Los jueces de amparo y la magistrada determinaron que eso no se puede criminalizar. Imagínate que se criminalizara el tener dinero, que no lo tengo, pues el señor Ancira no estaría tranquilamente en Estados Unidos fumándose su puro. Hay criterios para unos y hay criterios para otros, hay argumentos para unos y argumentos para otros. Todo mundo sigue sus procesos en libertad, menos yo. ¿Por qué? Porque soy Rosario Robles”, señaló la ex funcionaria federal.
Robles Berlanga reiteró que, a diferencia de los otros involucrados en presuntos casos de corrupción durante el Gobierno de López Obrador, y en el anterior, solo ella ha enfrentado un juicio político, la han inhabilitado del servicio público y le ratifican la prisión preventiva.
“A mí, por 2 mil pesos que nunca fueron de mi patrimonio, soy inhabilitada por 10 años. ¿Por qué los que aparecen en los Pandora Papers, funcionarios y exfuncionarios del gobierno, no les han aplicado la misma medida? […] A nadie más le han hecho juicio político, lo han inhabilitados por 2 mil pesos, a nadie más le reiteran y le reiteran la prisión preventiva. El objetivo aquí no es que haya justicia”, manifestó la ex funcionaria federal.
Asimismo, consideró que probablemente su libertad no dependa del asunto legal, sino de quienes están afuera ejerciendo presión por una adecuada impartición de la justicia. “Lo que ellos quieren es verme derrotada, vencida, hincada, eso no lo voy a hacer, por eso me llamo Rosario Robles”, subrayó.
La ex funcionaria federal aceptó que está triste y frustrada, porque creía que por fin saldría de prisión; sin embargo, no está derrotada y sigue teniendo su “dignidad, congruencia, vocación y lucha de muchos años por las libertades”, que es lo único que le queda. “No voy a traicionarme ahora a estas alturas de mi vida”, subrayó.
Por otra parte, reveló que está buscando la posibilidad que de que los medios de comunicación la puedan entrar al penal de Santa Martha Acatitla a entrevistarla. “Para que la gente me pueda ver a los ojos y vea a la Rosario que conocer”, dijo al periodista Gómez Leyva.
La Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputar con el delito de delincuencia organizada al ex presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores (SRE), así como a 15 actores políticos más, entre ellos el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, todos denunciados por Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), como parte de los sobornos que entregó la constructora brasileña Odebrecht.
Según el diario Milenio, que informó del hecho este lunes 18 de octubre, tras un año de indagatoria, la institución de procuración de justicia encabezada por Alejandro Gertz Manero, recurrirá a uno de los delitos “más graves”, que implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 años de prisión.
El mismo rotativo recordó que, hasta el momento, el Ministerio Público de la Federación sólo ha acusado a los involucrados en este caso de los delitos de: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, tal como ocurrió con Anaya Cortés, así como a Carlos Treviño Medina -ex director general de PEMEX-, así como al ex senador Jorge Luis Lavalle -ex militante del Partido Acción Nacional (PAN)-, únicos imputados por la denuncia de Lozoya Austin.
Según el diario, el pasado 2 de septiembre, la Unidad de Investigación a cargo de este caso emitió un acuerdo en el que remitió a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la carpeta de investigación FED/SEIDF /CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada por la denuncia de Lozoya Austin realizada en agosto del año pasado.
NO HAY VENGANZA CONTRA ROSARIO ROBLES, AFIRMA AMLO; “ESO ES INMORAL”, DICE
El pasado 21 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe una venganza política en contra de Rosario Robles Berlanga -ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, quien permanecerá en prisión preventiva por supuesto riesgo de fuga.
“Es una decisión del Poder Judicial, de los jueces de ellos depende y por lo que que corresponde al Ejecutivo no hay venganza, nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral”, indicó el mandatario nacional.
“De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía [General da la República]”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.
Al ser cuestionado respecto a la decisión de Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, quien determinó mantener a Robles Berlanga en prisión preventiva por alto riesgo de fuga, el político tabasqueño aseguró que el Poder Judicial es quien decide y se trata de una instancia autónoma.
“[La FGR] es un poder autónomo y luego el Poder Judicial […] En el caso de Rosario Robles, es un asunto del Poder Judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería de ser sancionado. porque los jueces tienen que actuar con autonomía”, advirtió el mandatario nacional.
López Obrador recomendó a la defensa de Robles Berlanga, acudir a todas las instancias posibles. “Podría participar la Comisión de Derechos Humanos, Nacional e Internacional [CNDH y CIDH]; se tiene que acudir a todos los medios cuando hay una inconformidad, cuando se piense que hay una injusticia”, agregó López Obrador.
JUEZ DETERMINA QUE ROSARIO ROBLES CONTINÚE EN PRISIÓN PREVENTIVA
Un día antes, el pasado 20 de octubre, Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, determinó, este miércoles 20 de octubre, que Rosario Robles Berlanga -ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, continúe con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por el caso de la llamada “Estafa Maestra”, porque “prevalece un elevado riesgo de fuga”.
Ello a pesar de que Robles Berlanga obtuvo un amparo de forma definitiva contra la medida cautelar. Uno de los argumentos de Villar Ceballos fue que el resguardo domiciliario, solicitado por la defensa de la ex funcionaria federal, le “facilitaría los medios para abandonar el territorio”.
Villar Ceballos también sostuvo que las cuestiones de salud de la ex funcionaria federal “no son obstáculo para que permanezca en prisión” y aclaró que puede acudir al juez de ejecución para solicitar las medidas que considere pertinentes por este tema.
Previo a dar a conocer la decisión, el propio juez de Control indicó que tanto la propuesta de la Fiscalía General de la República, de mantener la prisión preventiva, como las propuestas de la defensa, “resultan idóneas para sujetar a la imputada al proceso”.
Durante la audiencia de Robles Berlanga, el juez de control determinó que no permitiría nuevos debates entre la fiscalía y la parte acusada, por lo que se definiría conforme a la determinación que tomó el Noveno Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, para que se revisaran las medidas cautelares.
“En este momento señala el Juez que, en términos de la ejecutoria de Amparo, no se permitirá nueva participación de las partes; sino que se resolverá con lo ya vertido por ellas”, indicó el juez de control, cuya determinación significó que Robles Berlanga no pudo aportar pruebas nuevas en su defensa.
El pasado 13 de agosto, la ex funcionaria federal cumplió dos años presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Sin embargo, en punto de las 16:00 horas de este día, un vehículo del Sistema Penitenciario capitalino, que trasladaba a Robles Berlanga, llegó a las inmediaciones del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
La audiencia -programada para las 17:00 horas- comenzó 15 minutos tarde, presidida por el juez de control Villar Ceballos, en cumplimiento a una sentencia dictada el pasado 7 de octubre por el Noveno Tribunal Colegiado Penal de la capital de la República, que concedió un amparo a Robles Berlanga, en el que ordena reponer el procedimiento mediante el cual le dictaron la prisión preventiva justificada.
El pasado 7 de octubre, por unanimidad, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México aprobaron el proyecto de sentencia de Juan Carlos Ramírez Benítez, que concedió el amparo a la ex funcionaria federal, para que se considere la posibilidad de modificar la prisión preventiva.
Los integrantes del Noveno Tribunal Colegiado Penal de la capital de la República confirmaron en forma definitiva el fallo dictado el pasado 12 de junio, por Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo, declarando como infundados e inoperantes los argumentos o agravios de la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que pidieron mantener la presente medida cautelar, con base en el supuesto riesgo de fuga.
Ello, argumentando la supuesta falta de arraigo, con base en la existencia de registros domiciliarios y de una licencia de conducir que la propia Robles Berlanga ha denunciado como falsa, así como por la aparente disponibilidad de recursos económicos y redes familiares que, según la FGR, facilitarían la evasión de la justicia.
Robles Berlanga presentó el amparo contra el fallo dictado el 30 de abril del 2020 por Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, quien rechazó concederle el cambio de medida cautelar y le ratificó la prisión preventiva justificada, porque estimó que prevalece el riesgo de fuga.
Esta fue la cuarta ocasión que la ex funcionaria federal intentó conseguir la libertad provisional y la prisión domiciliaria en tres ocasiones. El 22 de octubre del 2019, así como el 5 de febrero y el 30 de abril del 2020, distintos jueces rechazaron concederle dichos beneficios, concluyendo que prevalecían las mismas condiciones por las que se decretó la prisión preventiva.
El 13 de agosto del 2019, Robles Berlanga fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que no amerita por norma la privación de la libertad del imputado durante el procedimiento judicial. Sin embargo, el entonces juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, le impuso la prisión preventiva justificada.
La imputación de la FGR contra la ex funcionaria federal es por su supuesta omisión como titular de la SEDATU y la SEDESOL durante el Gobierno de Peña Nieto, ante los desvíos de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos que supuestamente llevaron a cabo sus subordinados, en la llamada “Estafa Maestra”.
ROSARIO ROBLES SE DECLARA INOCENTE DE HABER DESVIADO MÁS DE 5 MIL MDP EN LA “ESTAFA MAESTRA”
El pasado 26 de marzo, Robles Berlanga se declaró inocente, del delito de ejercicio indebido del servicio público, por el presunto daño la hacienda pública, estimado en 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
Al principio de la audiencia intermedia, la ex funcionaria federal informó a Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, que el pasado 8 de marzo retiró la propuesta de declararse culpable y pasar 6 años en prisión.
Por su parte, los representantes de la FGR formularon la acusación por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, solicitando al juez federal la pena máxima de prisión (de 21 años) y que Robles Berlanga más de 5 mil millones de pesos por reparación del daño a la hacienda pública.
ROSARIO ROBLES SE DESISTE A DECLARARSE CULPABLE Y PASAR 6 AÑOS EN PRISIÓN
El pasado 8 de marzo, la ex funcionaria federal argumentó en un escrito enviado a Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), que “derivado de la forma sistemática en que autoridades diversas han obstaculizado cualquier posibilidad para alcanzar una terminación anticipada del proceso, como lo es un procedimiento abreviado dentro de la carpeta de investigación al rubro citado”, procederá ir a juicio.
Según dijo Robles Berlanga en el escrito enviado a la FGR, las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión bajo cualquier circunstancia, “negándole la posibilidad de lograr una negociación, a la que cualquier persona tiene derecho”.
AMLO ESTÁ MAL INFORMADO, RESPONDE ROBLES BERLANGA AL PRESIDENTE
El pasado 5 de marzo, Robles Berlanga afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está mal informado por suponer que ella está imputada de un delito de corrupción y señalar que debe resarcir el daño económico ocasionado por la llamada “Estafa Maestra” para alcanzar un beneficio legal.
A través de su cuenta de la red social Twitter -que maneja su hija Mariana Moguel Robles-, la ex funcionaria federal afirmó que el ilícito por el cual está procesada no contempla el pago de la reparación del daño, que asciende a 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
“Las declaraciones de hoy demuestran que el presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone reparación del daño. Lamentable que se interfiera en asuntos de un órgano autónomo [FGR]. La República sin equilibrio de poderes no lo es”, expresó Robles Berlanga.
Más temprano ese mismo día, López Obrador pidió a Robles Berlanga, resarza el daño la hacienda pública, estimado en 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
FGR LE NIEGA A ROBLES EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
El pasado 26 de febrero, encabezados por Mónica Martell Olguín, fiscales de la FGR ratificaron ante Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, que no otorgarán a Robles Berlanga, el beneficio del procedimiento abreviado.
En el que debe declararse culpable para obtener una pena mínima, debido a que, supuestamente, la ex funcionara federal no quiere reparar un daño a la hacienda pública por un total de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
La Auditoría Superior de la Federación -que en este caso tiene la calidad de ofendida-, secundó la postura de la FGR y manifestó que también estaba de acuerdo en llevar a cabo la audiencia intermedia contra la ex titular de SEDESOL y SEDATU), durante el Gobierno de Peña Nieto.
El pasado 17 de febrero, Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) informó al juez federal que la FGR no concedería a Robles Berlanga, ni el procedimiento abreviado, ni el criterio de oportunidad, beneficio este último que consiste en colaborar con información en las investigaciones del Ministerio Público a cambio de la cancelación de la acción penal.
