La carencia de medicamentos e insumos, negligencia que ha provocado que “muchos enfermos sumamente graves recaigan”, es una historia que sigue repitiéndose en Baja California a largo de la pandemia del virus SARS-CoV-2. Tuvo una crisis a finales de julio de 2020, y se repite en 2021.
Los médicos que siguen luchando al frente dicen que están peor que al inicio de la pandemia, y entonces denunciaron que carecían de “medicamentos para sedación y relajación de pacientes (Propofol, Fentanilo, Morfina, Vecuronio, Cisatracurio, Rocuronio, Fenobarbital, Dexmedetomidina). Medicamentos para la prevención de formación de coágulos (Enoxaparina, Fraxiparina, Dalteparina, Heparina no fraccionada). Antibióticos (Linezolid, Vancomicina, Imipenem-Cilastatina, Cefepime). Sistemas para aspiración cerrada de paciente con ventilación mecánica. Circuitos para sistema de administración de oxígeno por alto flujo. Parches coloides, entre otros”.
En este momento están desesperados y desprovistos de lo básico en “anestésicos, analgésicos, relajantes musculares y antibióticos, Buprenorfina, Vecuronio, Cefepime, Ceftazidima, Carbapenémicos, Vancomicina, Omeprazol, Paracetamol, Tazobactam, Doxiciclina, Claritromicina, Enoxaparina, soluciones glucosadas, tubos del 7, 7.5 y 8. para tomar muestras sanguíneas, sistemas de aspiración, catéteres centrales, guantes”.
Además, contrario a lo que sucedía al inicio de la pandemia, la iniciativa privada y sociedad organizada ha dejado de apoyarlos con suministros, ante la publicidad engañosa de los directivos, quienes aseguran públicamente tenerlos cubiertos, cuando no cuentan con material suficiente ni para curaciones.
Desde la última semana de agosto de 2021, médicos del Hospital General de Tijuana informaron a la opinión pública de la falta de analgésico, antibióticos y fármacos como el Paracetamol. Reclamaron que ni gasas suficientes tenían.
El 3 de septiembre, el director del Hospital General de Ensenada, Johann Galván de la Fuente, circuló un memorándum informando que por “la falta de material, insumos, equipo y medicamento por la que atraviesa en este momento nuestra unidad”, se pospondrían las cirugías no urgentes.
Se hizo un escándalo, pero ni eso generó alerta. Como en el pasado, el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, desestimó la gravedad del problema y habló del desabasto en Ensenada y Tijuana como una complicación de “comunicación”, no así de salud.
Conforme a su versión, en plena pandemia y con vidas en juego, las áreas administrativas de las unidades de salud pidieron medicamentos, no se surtieron y las oficinas centrales de la Secretaría de Salud no se enteraron, pero lo resolvieron después de la denuncia pública, trayendo suministros de otras delegaciones.
Lo más grave es que un mes después de aquel memorándum ensenadense, esta “falta de comunicación” y la carencia de medicamentos y suministros que pone en riesgo vidas, genera una atención deficiente y resulta en muertes, sigue ocurriendo, tal como lo sigue denunciando el personal médico de Tijuana.
Como el año pasado, a manera de excusa, el secretario Pérez Rico se refirió a las compras consolidadas que deben hacer con el Gobierno Federal, y, después de desestimar el problema, lo ha reconocido parcialmente. En su versión oficial, asegura que esta semana hay una cobertura del 60% de las necesidades, sin embargo, los médicos insisten en que las palabras del funcionario no reflejan la realidad, ya que no cuentan con suministros constantes y en cantidad suficiente para salvar vidas.
Cuando una persona le causa la muerte a otro ser humano, por un acto imprudente, omiso o negligente, las leyes califican este delito como homicidio culposo. Lo es también cuando un funcionario o profesional, actúa con la falta de pericia a la que está obligado, o por no seguir al pie de la letra los protocolos, reglamentos y deberes que acompañan al cargo que ostentan. En términos médicos, incluso la mala práctica que provoca algún tipo de daño o lesión considera esta negligencia como delito.
Los problemas de comunicación no pueden aceptarse como excusas cuando lo que está en riesgo son vidas, y para que no suceda, existen protocolos, algo así como cadenas de custodia, y cada funcionario tiene responsabilidades.
En los hospitales generales el médico dice lo que requiere, lo mismo hace el jefe de servicio, enfermería, farmacia. El nosocomio registra lo que necesita para todo el año, y resulta obvio pensar que, con las dos olas de contagios de COVID-19, los responsables estaban obligados a tomar precauciones.
Después, los responsables de revisar, aprobar y solicitar al Departamento de Compras de la Secretaría de Salud del Estado son los directores, con sus subdirectores. Por ejemplo, en el caso de Tijuana, el director Alberto Reyes Escamilla; el subdirector médico, Luis Adán Carrillo Aréchiga; y particularmente el subdirector administrativo, Paloma Ramos Mora, a quien le informan cuando empieza haber faltantes y es responsable de notificarle al Estado. Lo mismo para los directores de Ensenada, Johann Galván, y en Mexicali Hugo Martínez y sus subdirectores.
En el Estado, los responsables son primero el secretario de Salud, Alfonso Pérez Rico, y detrás de él su subdirector general administrativo, Carlos Gómez Valdez y el jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Miguel Ángel Marín Cardone.
En este momento, y por un tiempo, uno o varios de ellos no han cumplido con sus obligaciones y esta negligencia está afectando la salud, la calidad de vida, incluso provocando muertes con dolor que podrían evitarse en los hospitales generales bajacalifornianos.
Sí, esta desidia y falta de profesionalismos debe ser sancionada, sobre todo evitada y resuelta, no excusada o evadida. Los médicos que han dado todo en esta pandemia tienen necesidades, y es momento de que sociedad y gobierno respondan.
