Gobernador Bonilla y secretario Rodríguez Lozano pudieran hacerse objeto de inhabilitación para ejercer cargo público en razón de que no respetaron suspensión provisional otorgada a la liga deportiva a raíz de un amparo inicial, expuso abogado de COCI
El ex presidente de la liga de béisbol de Playas de Tijuana, Raúl Cervantes Rodríguez, refirió que a partir del amparo que la asociación civil interpuso contra la expropiación de los campos que poseía en esa demarcación, se busca que la administración estatal se los restituya.
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Sobre el recurso remitido el miércoles 27 de octubre, Cervantes Rodríguez, indicó que se acompaña del argumento de que la administración estatal, encabezada por Jaime Bonilla Valdez, no respetó el plazo de quince días establecido para proceder con la expropiación.
Ello en razón de que el decreto expropiatorio fue publicado el lunes 25 de octubre, en el Periódico Oficial del Estado, y la toma de posesión de la unidad deportiva, ubicada en el Lote 1, Manzana 53, Sección Jardines del Sol, tuvo lugar al día siguiente, con un nutrido despliegue de personal de la secretaría general de gobierno y elementos policíacos.
Cervantes Rodríguez mencionó que el amparo se presentó ante un juez federal, “porque aquí en el estado es obvio que no se va a lograr nada”, comentó.
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“Obviamente nos tienen que restituir la propiedad y la Liga está buscando que le restituyan su propiedad”, indicó a propósito de las expectativas de los integrantes de la asociación civil ante el recurso interpuesto.
Sobre la presunción de que la liga fraccionó el inmueble en un afán de venderlo, versión que el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, y el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, tomaron como motivo para declarar de utilidad pública el terreno, Cervantes Rodríguez refirió que al margen de cualquier acción que hubiera podido ejercer en ese sentido, al final de cuentas la Liga tenía facultad de actuar “como propietario”.
Dijo que “la liga quiere sus terrenos, quiere sus campos” y afirmó que la asociación civil tiene escriturados poco más de 35 mil metros cuadrados pertenecientes al Lote 1, Manzana 53. En cuanto a la extensión restante (3 mil 630 metros), manifestó: “ya no los pudimos escriturar, porque ya los había otorgado un juez” a un tercero, a raíz de una supuesta acción indebida mediante la cual alguien reclamó esa parte del inmueble y la vendió.
“Por ahí se dijo que la Liga no defendió eso, la Liga duró siete años defendiendo eso”, advirtió.
“También se ha dicho que la Liga cambió el uso del suelo, eso es una mentira”, expuso y explicó: “Cuando nosotros tomamos posesión, conmigo de presidente, recibí ese predio (en virtud de un convenio celebrado en 1993 por INCOBUSA y la asociación civil), en Catastro el uso del suelo era comercial, vendible y fraccionado”.
Aseveró que luego de que la Liga perdiera la fracción consistente en 3 mil 630 metros, procedió a cambiar el uso de suelo a deportivo.
“Así estuvo muchos años, como deportivo, en estos últimos pagos prediales que se hicieron, por cuestión de catastro o algo, volvieron a poner el uso del suelo como comercial vendible o fraccionable, entonces le achacan cosas a la Liga que no hizo”, argumentó.
De la aparente venta de 10 mil metros cuadrados a la que el secretario Rodríguez Lozano aludió, asentó que él como ex presidente no acude a las juntas celebradas por la Liga, actualmente encabezada por Abel Bojórquez. “No sabemos lo que la asamblea y la mesa directiva están haciendo, sé que hay una cuestión de ampliación basados en que ellos deben tener la base”, profirió.
De cualquier manera, reiteró: “Si es así o no es así, la Liga ha actuado en eso que se presume o que sea y como todo lo anterior, como propietario”.
En caso de que el amparo no prosperara, a la liga se le indemnizaría por los 25 mil 089.955 metros cuadrados en que se ubican los campos de béisbol y los 10 mil metros cuadrados que conforman otra fracción del predio; dimensiones que se traducen a una indemnización ascendente a 280 millones 720 mil pesos.
El ex presidente de la Liga dio detalles del caso este viernes 29 de octubre, en un establecimiento sobre la avenida Hipódromo, donde estuvo acompañado de integrantes del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, a la cual pertenece la asociación civil Liga de Béisbol el Buen Vecino de Playas de Tijuana.
Uno de los miembros de COCI, José Evaristo Zepeda, mencionó que a una vez que el Poder Ejecutivo Estatal publicó un primer decreto (el 14 de octubre), para declarar de “utilidad pública” los campos béisbol, la Liga presentó un amparo inicial. Este procedimiento conllevó a que un juez de distrito concediera una suspensión provisional, la cual Bonilla Valdez y Rodríguez Lozano no respetaron, aseguró el integrante del Consejo.
“Hay una suspensión provisional otorgada por un juez de distrito en donde la suspensión provisional se basa en que no pueden desposeer a la liga de béisbol de los terrenos en tanto no se resuelva el fondo de todo el amparo, para eso son las suspensiones provisionales y si tú no respetas como particular o como autoridad una suspensión provisional te pueden presentar denuncias penales en contra”, estableció.
“Si es un funcionario público puede quedar deshabilitado para futuros puestos, en este caso si se van en contra de Jaime Bonilla y Amador Rodríguez Lozano ellos podrían quedar deshabilitados para ejercer algún puesto”, remató.
