Alejandra Arreola, madre de una menor con epilepsia severa generalizada, denunció penalmente a Alonso Pérez Rico, titular de Salud, por negarle el tratamiento cannábico que su hija necesita para controlar su enfermedad, esto a pesar de existir una orden federal para garantizarle el tratamiento.
La menor de 7 años requiere de un tratamiento a base de cannabis. Al ser diagnosticada, los padres acudieron a la fundación Loto Rojo, quien da tratamientos alternativos a pacientes terminales o con enfermedades neurológicas.
“En el 2019 acudimos a solicitar un amparo y el Juez ordena en julio de 2020 a la Secretaría de Salud, que ese tratamiento cannábico se importe y se adquiera en el laboratorio Neurofarms, de la ciudad de San Diego, situación que ha caído en incumplimiento por parte de la Secretaría de Salud”, señaló Alejandra.
Agregó que ya se agotaron todas las instancias jurídicas, por lo que presentaron ante la unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General de la República, la denuncia con el Número Único de Caso FED/BC/TIJ/000/2671/2021, por desobedecer la orden de un Juez federal y por falsedad de declaraciones.
Arreola precisó que en diversas ocasiones, el Secretario de Salud ha hecho declaraciones falsas en las transmisiones de Jaime Bonilla Valdez, gobernador del Estado, donde asegura que no puede acatar la orden porque no existe en el catálogo básico de medicamentos nacional. “Situación que después se desmintió a través de un documento de Cofepris (Comisión Federal contra la Protección de Riesgos Sanitarios) a nivel federal; después dijo que no tenía los recursos económicos suficientes para acatar la orden, porque no nada más es mi hija, hay otros 27 pacientes más, situación que también desmentimos porque el Gobierno federal envió una partida de 21 mil millones de pesos para abasto de medicamentos y para que pudiera acatar la orden”, dijo Arreola.
La menor requiere de dos fórmulas, una para el día y otra para la noche, con un costo de 300 dólares cada dos meses, además de los estudios correspondientes para darle el seguimiento a la enfermedad.
Actualmente, Arantza ha recibido tratamiento porque alguien lo cruza de manera ilegal al País, razón por la que han urgido a Pérez Rico a que acate la orden.
“El tratamiento lo ha recibido, pero porque yo lo cruzo de manera ilegal, no ha habido un acatamiento por parte de la Secretaría de Salud en el Estado. Se arriesga la persona que me hace el favor de traerlo a Tijuana”, señaló.
Desde que la menor comenzó con el tratamiento a base de cannabis ha mejorado en un 90 por ciento, de acuerdo con los estudios realizados por sus médicos, “ella es una niña muy funcional, hace lo que cualquier otra niña de su edad hace, no está confinada a una silla de ruedas o a una cama médica, como era su pronóstico en 2018”, afirmó.
Emmanuel Farías Camarero, abogado de la fundación Loto Rojo, destacó que el desacato de la orden federal se sanciona de 3 a 9 años de prisión, y a pesar de que Pérez Rico termina su cargo el 31 de octubre, si se judicializa la denuncia, ésta procederá directamente contra él.
