Yo sabía que iban a chillar (en SADER), claro, y que iban a empezar a pegar de gritos, que me denuncien”, espetó el mandatario estatal en un nuevo encontronazo con instancias federales.
El gobierno del estado está trabajando para dar permisos a los pescadores, los valide o no la Federación, insistió el gobernador Jaime Bonilla Valdez esta mañana durante su transmisión matutina, en respuesta al boletín de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en el que se señala que carece de sustento legal decreto de Baja California para pesca en pequeña escala.
“Yo les prometí, yo no sé si vaya a funcionar o no, pero alguien tiene que hacer algo por los pescadores… yo sabía que iban a chillar (en SADER), claro, y que iban a empezar a pegar de gritos, que me denuncien”, retó el mandatario estatal.
El Ejecutivo estatal comentó que al gobierno estatal agotó todas las instancias, sostuvo varias reuniones con el titular de SADER, Víctor Manuel Villalobos, así como otros funcionarios con capacidad de toma de decisiones, pero dieron “puras largas”; la única respuesta, dijo, es que está agotada la pesca.
Bonilla Valdez explicó que, tras la publicación del decreto, ya se están integrando los expedientes de pescadores para que la autoridad federal reaccione, porque primero es la vida y el derecho a un ingreso.
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Acusó que por “intereses mezquinos” solamente se permite la explotación de los productos marinos a las grandes empresas.
DECRETO ES ILEGAL
“No tiene sustento legal” el decreto publicado por el Gobierno de Baja California el pasado 1 de octubre para emitir anuencias de pesca ribereña y pesca en pequeña escala, anunció la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
El pasado 1 de octubre se publicó en el Periódico Oficial de Baja California el decreto del Ejecutivo estatal mediante el cual se instruye a la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, a que realice las acciones administrativas y legales pertinentes para que inicie el procedimiento de registro e integración de expedientes de pescadores en el estado que sean susceptibles de entrega de anuencia estatal de pesca ribereña y anuencia de pesca en pequeña escala, a efecto de garantizar su derecho a la alimentación y autodeterminación.
En un comunicado fechado el jueves 7 de octubre, la dependencia federal dijo haber iniciado una revisión exhaustiva del decreto y realizará las acciones correspondientes para hacer valer lo que establece la Constitución y las leyes en materia de pesca.
De acuerdo con la SADER, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), el decreto estatal viola la Constitución y la normatividad en materia de pesca, al invadir la competencia y atribuciones reservadas al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para otorgar permisos y concesiones pesqueras.
Conapesca e Inapesca señalaron que el Gobierno de Baja California no tiene competencia para iniciar el registro e integración de expedientes de pescadores en la entidad, que sean susceptibles de entrega de anuencia estatal para pesca ribereña y en pequeña escala, pues dicha atribución corresponde exclusivamente a la Federación, por lo que no se reconocerá ningún acto de este tipo.
