Además de los delitos ambientales para la construcción de escenarios para conciertos, vinícolas, villas y restaurantes, la FGE investiga asuntos de venta ilegal de predios, amenazas y grupos delictivos relacionados con el trasiego de droga
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para determinar la responsabilidad por el delito ambiental ocurrido en el predio ubicado en el Valle de Guadalupe de Ensenada, luego que autoridades federales clausuraran el lugar donde se presentaría el cantautor mexicano Cristian Nodal.
El Valle de Guadalupe es uno de los destinos más populares para la producción del vino a nivel internacional, pero no ha dejado de estar envuelto en distintos conflictos como fraudes en la venta de terrenos, daño ecológico y la presencia de cárteles de la droga que han encontrado en la zona un punto para adquirir bienes y operar el trasiego de droga. Asuntos bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Previo al concierto de Nodal, funcionarios del alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, emitieron permisos a través de las direcciones de Desarrollo Urbano Ecología y Medio Ambiente -en ese momento a cargo Héctor Villalobos Buelna- y de Alcoholes y Espectáculos Públicos.
El 11 de septiembre, la dependencia realizó recorridos de inspección en el predio y
determinó que existían violaciones al reglamento por el movimiento de tierra no autorizado por el gobierno municipal, e impuso a los propietarios una multa de 37 mil pesos.
Como consecuencia de estas actuaciones, Héctor Villalobos recibió más de una amenaza de muerte en su contra y la de su familia, por lo que el miércoles 6 de octubre renunció al cargo, según confirmaron a ZETA fuentes cercanas al ex funcionario.
“Las amenazas sí son verdad, sobre todo por las actuaciones -de Villalobos- en el Valle de Guadalupe”, informó de manera anónima uno de sus allegados.
Empresarios y viticultores evitaron hablar del tema, aunque refirieron que, a raíz de las manifestaciones, han recibido amenazas. “He recibido mensajes que no me tienen tranquila ni a mí, ni a mi familia”, reveló.
Documentos en poder de ZETA, señalan que APM Producciones, S de RL APM, organizadora del concierto, firmó un contrato de arrendamiento del predio con la empresa Pugsong, S de RL de CV.
En un rastreo hecho por plataformas oficiales, entre estas el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) de Baja California, no se encontró rastro de Pugsong ni a qué se dedica.
Conforme al dictamen emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al momento de la inspección del viernes 8 de octubre, los organizadores no presentaron el cambio de uso de suelo para llevar a cabo las obras de deforestación.
Cuando los inspectores arribaron al predio, ubicado en Carretera El Ramal, Francisco Zarco sin número, no encontraron rastro de “vegetación chaparral”.
De acuerdo con el expediente administrativo PFPA/9.3/2C.27.2/0064-21, en el lugar se encontraban trabajando 28 personas en las obras para acondicionar.
Dentro de la zona devastada había ocho unidades realizando labores de movimiento de material, dos retroexcavadoras, una excavadora, un camión de volteo, un tracto camión, una motoconformadora y un camión cisterna.
“Se determinó que existen cambios adversos en la vegetación natural del lugar, consistentes en la pérdida de las condiciones físicas de las plantas que crecieron de manera natural o espontánea en el predio donde se lleva a cabo la inspección”, basados en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.
MP FEDERAL INICIARÁ LITIGIO
A mediados de septiembre, cuando inspectores de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del XXIV Ayuntamiento de Ensenada realizaron una revisión, la empresa responsable indicó que sólo era un despalme y limpieza del terreno.
De esto se desprendió un acta circunstanciada de competencia municipal, pues el cambio de uso de suelo le corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al encontrarse fuera del centro de población.
Por su parte, el delegado único federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, informó que se aplicará una multa económica, en vías de definirse de acuerdo con lo que estipula la norma.
Por tal motivo, iniciará un litigio por esa multa y por cualquier iniciativa oficial para solicitar al Ministerio Público del fuero federal una orden de aprehensión por delitos hacia el medio ambiente. El arresto es sólo una posibilidad contemplada en la Ley, aclaró el funcionario.
“Tratarán de combatir el dictamen de Semarnat, de que ese predio era forestal, contrario a lo que afirman los dueños de que es agrícola”, indicó.
Para Ruiz Uribe, llegar a un predio y desmontar tierra forestal no es un asunto menos importante aunque se trate de chaparral, por lo que continuarán con el procedimiento legal.
EMPRESA IRÍA CONTRA SEMARNAT
Para la parte defensora de los dueños del predio, hay inconsistencias en el actuar del Gobierno Federal, al no hacer respetar los derechos de los señalados con el plazo mínimo para presentar pruebas.
Información del acta refiere que en lo dispuesto en el Artículo 164 de la Ley de Equilibrio Ecológico, el señalado tiene derecho a formular observaciones y ofrecer pruebas con relación a los hechos, omisiones o infracciones.
El plazo marcado por la autoridad es de cinco días hábiles a partir de la fecha de la diligencia, la cual se llevó a cabo el 8 de octubre -es decir, el lunes 17-, considerando fin de semana y día de asueto.
Por tal motivo, los propietarios podrían actuar en contra de la autoridad, pues además, antes de una clausura la empresa se hace acreedora a una multa o sanción, lo cual tampoco sucedió, informaron abogados de la parte acusada que pidieron anonimato.
En respuesta, Ruiz Uribe externó que si bien las formas son cuestionables, el fondo del asunto no lo es, porque en los alegatos los propietarios afirman que el uso del suelo con el que compraron, era agrícola.
EMPRESARIOS SE OPONEN A ECOCIDIO
Como parte de las movilizaciones, los productores de vino y empleados de ellos se agruparon para realizar protestas en redes sociales y organizaron una marcha la tarde del sábado 9 de octubre, partiendo de la delegación de San Antonio de las Minas hacia el entronque con el poblado El Porvenir. Asistieron alrededor de 400 personas.
Entre las reacciones, el reconocido chef Benito Molina se posicionó a favor de que se aplique el reglamento y se cree un comité ciudadano para la vigilancia de las zonas del Valle de Guadalupe. “¡Por un Valle de verdad!”, exclamó en un video compartido en sus redes sociales.
Otro de los personajes reconocidos en el Valle de Guadalupe es el enólogo Hugo D’Acosta, quien publicó una columna de opinión en un medio nacional: “¡Basta! ¿Seremos capaces de revertir lo irrevertible?”, plantea en el texto, a la par de solicitar respeto a la región y a la vocación del lugar.
En tanto que, otra fuente que pidió anonimato, informó que el Foro APM “no es el principio ni el fin de una lucha que tiene más de veinte años, en ese sentido, seguiremos exigiendo que haya un conjunto de políticas públicas en favor del desarrollo sustentable del Valle de Guadalupe, y que haya voluntad política para que se aplique la normatividad vigente”.
Los propietarios del predio afectado se defendieron bajo el argumento que su uso de suelo es agrícola y les permite remover la vegetación para realizar la siembra, como han hecho la mayoría de los productores de la zona.
“Si bien el uso es agrícola, cada uno debe tener una parte de conservación, y la misma actividad lo dice: agrícola es diferente de un foro para conciertos masivos”.
Para ello tendrían que haber llevado a cabo un estudio de viabilidad por medio del Instituto Municipal de Planeación (IMIP), y en caso que el estudio resultara positivo, se tuvo que haber subido a Cabildo.
“Para Cabildo se tiene que proponer en sesión y ser votado, una vez pasado, todavía el Ayuntamiento lo revisará mediante el Jurídico y luego al Gobierno del Estado, para que el propio Jurídico lo revisara”.
Una vez efectuado el cambio de uso de suelo de las 16 o 17 hectáreas, se tiene que actualizar en el mapa de zonificación del Programa de Ordenamiento Urbano y Turístico del Valle de Guadalupe, y publicarse en el Diario Oficial del Estado.
El proyecto en que se pretende construir unas villas, un casino, además del foro para eventos masivos, no ha pasado por la oficina de IMIP, son seis o siete pasos que una obra de este tipo debe cumplir para poder ejecutarse.
Otra de las condicionantes que marca el reglamento vigente, es que al menos la mitad del predio debe ser reservado para viñedos, y la otra mitad permanecer intacta para mantener un control ecológico.
