La crisis migratoria que enfrenta el país tanto en la frontera Sur como Norte, está generando violación a derechos humanos de personas en contexto de movilidad. Chiapas se ha vuelto un campo de batalla entre inmigrantes y elementos del INM y Guardia Nacional; asociaciones civiles buscan medidas legales para defenderlos
El Artículo Octavo de la Ley que crea y constituye a la Guardia Nacional, dicta que esa institución regirá su actuación por los principios de “legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.
Sin embargo, el 2 de septiembre se evidenció cómo dicha corporación, en conjunto con funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), agredían y perseguían a migrantes en Chiapas, con toletes en mano y escudos de acrílico, sometiendo a mujeres embarazadas, padres con sus hijos en brazos y cualesquiera que no fuese mexicano.
En imágenes que circularon en redes sociales, se veía a elementos de ambas instituciones enfrentándose a migrantes, profiriendo e insultos como “Ahora sí, putos, ya valieron verga” por parte de un funcionario del INM, mientras un guardia nacional corría con casco y escudo detrás de él para detenerlo.
En las últimas tres semanas, tres caravanas de personas en contexto de movilidad provenientes han salido en su mayoría de los países que conforman las regiones de Centroamérica y el Caribe. Las tres han sido detenidas por este muro de policías y guardias fronterizos mexicanos en Chiapas, específicamente en los municipios de Palenque, Escuintla y Huixtla.
De acuerdo con la dependencia migratoria federal, en coordinación con la Guardia Nacional han detenido a 147 mil 033 inmigrantes sin documentos en lo que va del año; tres veces más que la cifra de 2020, cuando se reportaron 48 mil 398 personas arrestadas. En estas redadas no sólo participaron dependencias federales; también hubo migrantes detenidos por elementos de la Policía Municipal, posteriormente entregados al INM para su deportación a sus países de origen.
México ha adoptado una política migratoria muy similar a la que ejecuta Estados Unidos, con la implementación del Título 42, el cual consiste en expulsar a la frontera mexicana, de manera indiscriminada, a todo aquel migrante que no compruebe su estancia legal en ese país.
En la Unión Americana deportan a miles de personas de origen centroamericano a nuestro país en lugar de llevarlos hasta su país de origen, ya sea Guatemala, Honduras, Nicaragua o El Salvador, provocando que intenten cruzar de manera ilegal de nuevo a EU, o emprendan otra cruzada para regresar a sus casas, ya que el gobierno mexicano no ha agilizado el proceso de atención solicitudes de refugio humanitario.
De acuerdo con el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva, durante agosto del año en curso se registraron 13 mil 066 solicitudes de condición de refugiado en México. Asimismo, se han contabilizado 77 mil 559 solicitantes en contexto de movilidad, 10% más que en todo 2019, el cual había sido récord con 70 mil 423 peticiones.
Además, la Comar tiene registradas a personas de 99 países, de todos los continentes, excepto Oceanía. Sin embargo, los solicitantes de la condición de refugiados de Honduras y Haití (incluyendo Chile y Brasil, que son hijos de haitianos) representan el 63.7% del total.
“En julio por primera vez solicitaron más haitianos que hondureños la condición de refugiados en México. La diferencia entre esas nacionalidades fue mínima: 3 mil 942 haitianos contra 3 mil 776 hondureños. En agosto la diferencia creció: 3 mil 079 hondureños contra 5 mil 613 haitianos” agregó.
Datos de la Comisión refieren que las principales nacionalidades de los solicitantes de la condición de refugiado en México son: Honduras, 26 mil 699; Haití, 18 mil 833; Cuba, 7 mil 375; El Salvador, 4 mil 813; Venezuela, 4 mil 179; Guatemala, 3 mil 308; Chile, 2 mil 590; y Nicaragua, 2 mil 196.
Las personas de origen haitiano que llegan a México, provienen de Chile y de Brasil, por lo que no pueden regresar a su país en virtud del colapso económico, social y político que vive Haití y a que “urgen” alternativas migratorias.
Punto en el que coincide con tres agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH).
Por una parte, está la nueva ola de caravanas migratorias generadas por la crisis sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad COVID-19) que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos para cruzar y realizar su “sueño americano”, y también, el rezago en atención a solicitantes de refugio en México desde 2018 a la fecha.
Personas en contexto migrante con más de un año en Tapachula, Chiapas, siguen esperando que el INM les otorgue sus visas humanitarias para trasladarse a través del territorio nacional, así como poder trabajar e integrarse a la cotidianeidad.
Los migrantes haitianos que llegan en la actualidad, no provienen directamente de su país natal, sino de naciones como Brasil y Chile, adonde llegaron hace casi 10 años. Ante la crisis económica y política de ambas naciones, e impulsadas por el nuevo coronavirus, se vieron obligados a migrar al Norte del continente.
Por tal motivo, aunado a la crisis política que azota a su país tras el asesinato del Presidente de Haití, Jovenel Moïse, es más complicado regresarlos a su país y devolverlos a Guatemala, porque eso no los detiene y vuelven a cruzar.
La tensión se ha hecho presente en los pobladores locales, migrantes y funcionarios del INM. El lunes 6 de septiembre, personas en contexto de movilidad originarias del país caribeño, se manifestaron y marcharon para exigir que se agilicen los trámites para la visa humanitaria y así continuar su camino por el territorio nacional.
Tal movimiento a las afueras de las oficinas de la autoridad migratoria mexicana generó tensión entre los mismos manifestantes, acusando un lento proceso y corrupción para adquirir su permiso de refugiado, asegurando que algunas personas del INM les ofrecieron ayudarlos a cambio de dinero.
CHIAPAS, CONVERTIDO EN “CENTRO DE CONCENTRACIÓN” PARA MIGRANTES: METELUS
En entrevista para ZETA, Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, acusó al gobierno mexicano de violar los derechos humanos de los inmigrantes de origen haitiano con las agresiones sufridas por elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.
Señaló que los centros para migrantes en el Sur del país, se han convertido en campos de concentración que, lejos de garantizar un respeto a las garantías individuales de las personas en contexto de movilidad, se han perpetrado acciones de violencia en su contra.
Destacó que se han presentado separación de familias, desapariciones y una persecución intensa para todo aquél que sea de origen caribeño, catalogándolas como actitudes racistas por parte de las dependencias federales.
“Hay más de 140 mil migrantes varados en la frontera Sur a su suerte, sin que las autoridades mexicanas pretendan apoyarlos. No hay voluntad del gobierno mexicano en ayudar a nuestros hermanos inmigrantes, que lo único que buscan es poder salir de Tapachula, Chiapas, donde no tiene oportunidades de vida, debido a que es uno de los estados más pobres del país y con incremento en la violencia producida por grupos del crimen organizado”, acusó el activista mexico-haitiano.
EN TIJUANA HAY PRECEDENTES PARA FRENAR VIOLACIÓN A DH DE MIGRANTES
Graciela Zamudio, activista y directora de la asociación Alma Migrante, que brinda apoyo legal a las personas en contexto de movilidad en Baja California, expuso con preocupación el actuar de la Guardia Nacional en el Sur del país revela una actitud violatoria de garantías individuales de las personas, consagradas en la Constitución y los acuerdos internacionales.
Acotó que, de llegar estas caravanas a territorio bajacaliforniano, se enfrentarían a albergues colapsados y autoridades omisas a las necesidades de la población migrante; a abusos policiales, a su criminalización y estigmatización, porque, aunque se autodenomina Estado Santuario Migrante, en los hechos no es así.
Para Zamudio, existen dos puntos clave para la lucha y defensa de personas en contexto de movilidad en el país frente a las detenciones por parte de la Guardia Nacional y las policías municipales. El primero, el amparo 1597, interpuesto por un juez federal en Tijuana, establece que es ilegal la colaboración entre autoridades municipales y el INM para deportar a las personas migrantes que detienen, el cual puede quedar como precedente para detener la práctica en Chiapas.
Finalmente, un amparo interpuesto ante un juez federal en Baja California en 2019 contra las facultades de la Guardia Nacional especificadas en las secciones 35 y 36 de su reglamento en su actuar con el INM, el cual busca suspender estas violaciones a los derechos humanos, y que establezca un precedente para evitar hechos como los suscitados al Sur del país.
