La criminalización del aborto implica la ejecución de la idea de que la maternidad es una función obligatoria; la criminalización genera que las leyes penales establezcan condenadas privativas de la libertad a quienes intenten interrumpir el embarazo. La sanción se materializa como un mecanismo de control sobre el cuerpo y la capacidad reproductiva; y encarcela, generalmente, a quienes carecen de los recursos económicos para acceder a un aborto seguro dentro de las instituciones de salud.
De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, tres de cada 10 embarazos terminaron en un aborto inducido, de ellos, uno de cada tres se llevó a cabo en condiciones muy riesgosas; en América Latina y África, la mayoría de los abortos -aproximadamente tres de cada cuatro- son peligrosos.
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Actualmente en nuestro país, solo en la legislación de Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y la Ciudad de México se encuentra despenalizado el aborto hasta la semana 12 de gestación, sin importar las causas o motivos de esta decisión. Como antecedente, en 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional despenalizar el aborto en la Ciudad de México.
Al respecto, este martes los y las ministras de la SCJN con votación unánime de los 10 ministros que estuvieron presentes, resolvieron a través de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, que penalizar el aborto es inconstitucional; la resolución genera consecuencias importantes para todo el país, pues este criterio se vuelve obligatorio para todos los jueces. Con ello, si hubiera alguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto en el Estado de Coahuila de Zaragoza, deberá ser puesta en libertad inmediatamente; y en lo sucesivo sienta las bases para que ningún gobierno en México criminalice a ninguna persona gestante por la interrupción del embarazo.
Lo anterior toda vez que, con la reforma judicial publicada el 7 de junio de 2021, día histórico que no olvidaremos quienes defendemos la dignidad y los derechos humanos, se estableció un nuevo sistema de precedentes judiciales, en el que las decisiones que tome el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen jurisprudencia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, cuando sean tomadas por mayoría de ocho votos. Por ello, cualquier acto tendiente a criminalizar la interrupción del embarazo podrá ser combatido en los tribunales, con la certeza de que cualquier autoridad jurisdiccional deberá seguir el criterio marcado por la SCJN. Ojalá que no hubiese nada que combatir de esa manera.
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La justicia bajo la noción de derechos humanos, evalúa el marco de actuación de la autoridad para determinar si la conducta se ajusta a estos derechos. Así, los derechos humanos sirven para juzgar sobre la pertinencia de las normas jurídicas, políticas públicas y decisiones de tribunales. Por lo tanto, como base de la justicia, fue trabajo de las y los ministros evaluar si la criminalización del aborto era una medida compatible con los derechos humanos, resultando contraria a estos; por lo que reconoció que las personas con capacidad de gestar son las únicas personas titulares de su plan de vida a partir de su individualidad e identidad propia, lo que constituye una obligación estatal de brindarle protección y no una sanción.
Esto, toda vez que la Carta Magna no prohíbe el aborto y su castigo se materializa en una privación a los derechos a: la autodeterminación, la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, la salud, la igualdad, y la libertad reproductiva.
Estar a favor de la interrupción del embarazo no es estar en contra de la vida; es estar en contra de la criminalización a las personas gestantes que eligen sobre su libertad y desarrollo. Penalizar el aborto no hace que dejen de necesitarlo o hacerlo; solo hace que sea clandestino e inseguro, ello de acuerdo con la OMS: entre un 4,7% y un 13,2% de la mortalidad materna anual puede atribuirse a los abortos peligrosos.
Estar a favor de la vida es estar a favor de los derechos de todas las personas. Y hoy debe implicar una profunda reflexión de los riesgos que hoy corren las mujeres, las niñas y las adolescentes para tener vida.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
