Por lo menos ocho jueces han renunciado en los recientes tres meses, en medio de señalamientos contra María de Lourdes Sicardi, por lo que en Sindicatura existen dos investigaciones en las que se involucra a la coordinadora, una por presunto daño patrimonial al condonar cientos de miles de pesos en multas de tránsito y otra por violentar el principio de legalidad tanto de ciudadanos como de jueces
Al menos un par de investigaciones -una por posible daño patrimonial- se desarrollan en Sindicatura Municipal por presuntas irregularidades en el manejo administrativo de la Coordinación de Jueces Calificadores del XXIII Ayuntamiento, a cargo de María de Lourdes Sicardi Sánchez.
Los señalamientos de abusos e ilegalidades contra la funcionaria municipal, designada como coordinadora tras la muerte de Miguel Alfaro, han derivado en la renuncia de al menos ocho jueces; incluso la Estación Sur (Pórticos) se encuentra sin personal de este tipo.
Entre los jueces calificadores que han salido recientemente de la administración municipal se enlistan Carlos Enrique Meza, Carlos Aguilar, Rafael Sánchez, Gonzalo Correa, Martín Granados, Francisco Huereca, Armando Méndez Lecuanda y Felipe de Jesús García Figueroa, los dos últimos, electos en noviembre de 2020.
Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal consultados por ZETA, dijeron que la coordinadora es “ama y dueña de jueces”; relataron que a mediados de septiembre, el juez Carlos Aguilar, de la Estación Central, simplemente se levantó y se fue, “… le dejó el jale tirado, le dijo ‘ya me tienes hasta la madre’”, lo que presenciaron tanto agentes como administrativos.
Sicardi Sánchez participó como candidata a juez calificador en 2017, durante la administración de Marco Antonio Novelo Osuna; el 20 de septiembre de ese año presentó su examen psicométrico y fue entrevistada para revisar si cumplía el perfil. Cabildo aprobó su nombramiento el 31 de octubre de 2017.
Tras la muerte de Miguel Alfaro, a finales de enero de 2021, ascendió a coordinadora de Jueces Calificadores por recomendación de la coordinadora de Gabinete, Elvia Martínez Santos, a quien le renta el departamento en que vive.
Poco más de tres meses después de su ascenso, la Dirección Jurídica del XXIII Ayuntamiento -en ese entonces encabezada por Federico Luna Serrano- le giró un oficio para advertirle que algunas directrices dictadas para implementarse a partir del 1 de mayo violentaban el principio de legalidad al no encontrarse motivadas ni fundamentadas, por lo que no podían ser aplicadas.
Luna Serrano fue despedido de la Dirección de Asuntos Jurídicos el 7 de junio, un mes después de girar el oficio a la protegida de Elvia Martínez; el lugar del maestro en Derecho Constitucional y Amparo fue ocupado por Yesenia Pelayo Heredia, quien tras la separación temporal de Martínez Santos -en marzo- fungió unas semanas como encargada de despacho de Coordinación de Gabinete.
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL
Una de las investigaciones en curso dentro de Sindicatura Municipal tiene que ver con la condonación de multas -por un monto aún no determinado, pero que hasta el momento supera el medio millón de pesos- por órdenes de Sicardi Sánchez.
ZETA cuenta con documentos de boletas canceladas -tras recursos de inconformidad- por órdenes de la funcionaria, por infracciones como ingerir bebidas con graduación alcohólica en el interior del vehículo, conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o manejar sin licencia; los recibos de Tesorería aparecen en cero.
Entre las irregularidades denunciadas al interior de la corporación, se encuentran también la invasión de atribuciones en temas operativos como movimientos de policías y grupos.
En los alcoholímetros -aseguran los agentes- se alteran las pipetas para que los conductores den positivo sin haber superado el nivel de alcohol permitido; se llevan a cabo detenciones irregulares, hay cobros excesivos en grúas -mismas que ya están en los alcoholímetros-; liberación de vehículos en los tiempos que ella establece; liberación de vehículos con documentos falsos y hasta falsificación de firmas de otros jueces.
Agentes que solicitaron el anonimato, denunciaron que en liberaciones de vehículos se observan diferentes series de un mismo vehículo, ninguna coincide en las diferentes hojas, sin presentar documentos que acrediten la propiedad y hasta con documentos falsos.
Como parte de un expediente, en la constancia de verificación de serie aparece sin registro de reporte robo LWBPCK108B1062359, perteneciente a una motocicleta Honda, pero en la misma carpeta, en el documento de liberación del vehículo, aparece la serie LWBPCK108R1062559.
VIOLENTA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD: JURÍDICO
El 4 de mayo, un mes antes de su despido, el entonces director jurídico del Ayuntamiento, Fernando Luna Serrano, envió el oficio DAJ/XXIII73806/2021 a María de Lourdes Sicardi Sánchez, coordinadora de Jueces Calificadores, en seguimiento al oficio 203/2021.
En el documento le recuerda que el principio de legalidad suele enunciarse bajo el lema de que, mientras los particulares pueden hacer todo aquello que no está prohibido, las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite, con relación a algunas directrices a implementarse desde el 1 de mayo en el departamento a cargo de Sicardi.
Las directrices que pretende implementar violentan el principio de legalidad, en virtud de que no se encuentran debidamente motivadas y fundamentadas, motivo por el cual no pueden ser aplicadas.
Luna Serrano planteó a la coordinadora respecto a que las liberaciones de vehículos asegurados y a disposición de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se llevarían a cabo en la Estación Central de la Calle Novena y Espinoza, única y exclusivamente en el área de Tránsito con los jueces calificadores adscritos a dicha área entre las 08:00 y 20:00 horas de lunes a domingo, “la misma no se encuentra debidamente fundamentada y por eso no se encuentra apegada a derecho, aunado a que la misma genera un acto de molestia y se contrapone con lo establecido en el artículo 16 constitucional…”.
Las directrices 2 y 3 señalan que los recursos de inconformidad se recibirán y se resolverán en el área de Jueces Calificadores de Tránsito de la Estación Central, de las 08:00 a las 20:00 horas de lunes a domingo, haciendo de su conocimiento y en el entendido que para la recepción de los mismos, fuera del horario antes mencionado será Barandilla de Tránsito quien recibirá los recursos entre las 20:00 y 08:00 horas, con el fin de no violentar el derecho que tienen los ciudadanos a las 72 horas que marca el Reglamento de Tránsito para el municipio para presentar el recurso.
Así como que los jueces calificadores adscritos a la Estación de Policía Sur (Pórticos) a partir del 1 de mayo de 2021, atenderán única y exclusivamente asuntos con detenido, indicándoles a los ciudadanos que les soliciten la liberación de vehículo que deberán realizar dicho trámite en las instalaciones de la Estación Central, en el área de Jueces Calificadores de Tránsito, de las 08:00 a las 20:00 horas de lunes a domingo.
El titular del Jurídico concluyó que los anteriores señalamientos violentan el principio de legalidad, al no estar insertos en norma alguna, pero su aplicación transgrede diversas normas como los artículos 16 y 17 del Reglamento de Jueces Calificadores, así como el 264 del Reglamento de Tránsito.
De la directriz 2, de los asuntos entre las 20:00 y las 08:00 horas que ordena atender por Barandilla, le corrige que para eso se asigna un juez en el horario nocturno, en el área de “policía”. Con la directriz, puntualiza, se quita la facultad al juez que se encuentra ahí, negando el servicio al ciudadano.
En la tercera directriz, que menciona que únicamente los jueces de Pórticos verán situaciones de Policía y no de Tránsito, concluye que limita el actuar de los mismos en sus funciones entorpece la dinámica laboral para el ciudadano, queriéndoles imponer que hagan sus trámites en Estación Central, cuando la finalidad de una estación integral con juez calificador es delegar funciones en esta parte de la ciudad y violenta las facultades de los jueces calificadores.
En los últimos dos párrafos del oficio se le conmina aplicar la normativa municipal, siempre acatando el principio de legalidad, motivando y fundamentando todas sus actuaciones. Asimismo, se le apercibe que, de reincidir en actuaciones que se alejan de sus facultades, se dará vista a Sindicatura.
MAYOR SÁNCHEZ SERÁ PROPUESTO DE NUEVO EN DSPM
En una reciente reunión con regidores electos que integrarán el XXIV Ayuntamiento de Ensenada, el secretario del Ayuntamiento, Rubén Best, confesó a los próximos representantes populares que David Armando Sánchez González, será propuesto para repetir al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
El Mayor Sánchez González fue impuesto por el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, en octubre de 2020, lo cual fue reconocido por Best en esa reunión.
