Grupo Concordia insiste en que los terrenos le pertenecen y que no se trata de un despojo; sin embargo, no cuentan actualmente ante el Registro Público con un título de propiedad, a diferencia de la familia afectada. En los planos topográficos se ubican los predios y el terreno en disputa; será tarea de un juez determinar la propiedad o la delimitación de éstos
Continúa el conflicto por un terreno en Playas de Rosarito entre los legítimos propietarios, que ante el Registro Público de la Propiedad tienen inscrita su propiedad, la familia Torres, y el grupo inmobiliario Grupo Concordia, que asegura esa tierra les pertenece pero no cuentan con registro ante el órgano competente.
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Luego de la publicación realizada por ZETA en su edición 2474 (27 de agosto) donde se expuso la problemática, el consorcio inmobiliario habría entrado sin una orden de un juez a la propiedad de los Torres con maquinaria pesada, agentes ministeriales de la FGE y la Policía Municipal, el 15 de julio, para despojarlos de la tierra que desde el año 2005 les pertenece legalmente.
En dicha edición se hizo mención que se buscó la versión del consorcio, sin embargo no respondieron. Para el martes 31 de agosto el abogado de la firma, José Rentería Avilés, ofreció una rueda de prensa privada, donde sólo invitó a medios de comunicación con quienes el grupo tiene convenio de publicidad, y a ZETA.
Ya en la conferencia, durante su exposición, el litigante comentó que la rueda de prensa se trataba de una nota aclaratoria. Durante 45 minutos presentó documentación que supuestamente evidenciaba inconsistencias en los documentos que avalan la propiedad de los Torres, además de señalar que ya habían interpuesto demandas contra la matriarca de la familia, María del Socorro Torres.
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Entre la documentación que presentó se encontraban tres predios distintos, cada uno con un número de folio y clave catastral distinta, que fueron adquiridos por este grupo desarrollador. Ninguno de los datos mostrados coincide con los inscritos por la familia Torres ante el RPPC.
Otra prueba documental presentada por el abogado Rentería Avilés, fue un Acta de deslinde, conocida también como plano topográfico, donde se muestra el polígono que supuestamente le pertenece. Ese plano tiene como fecha de expedición el viernes 27 de agosto. Ahí aparece cómo propietario “Francisco Contreras Valez y Cop” (sic), con clave catastral KH-111-003.
Ese terreno fue inscrito ante el RPPC en la partida 6053346 el 7 de julio de 2021. El perito firmante del deslinde fue Marco Antonio González Piñuelas, de igual manera dio fe con su firma la directora del Catastro, Iris Sarahí Fernández.
Siguiendo el número de Partida en el Registro Público de la Propiedad de Baja California, se indica que dicho terreno es propiedad de Barrons Internacional S.A. de C.V quienes lo compraron a Francisco José Barrón Aldrete en el año 2000.
En la inscripción al RPPC aparece con el folio real: 511718, ubicado en la fracción sur del predio rústico conocido con el nombre de El Monte, manzana sin número, colonia El Gato. Cómo nota se menciona que sobre dicho predio se construyó el fraccionamiento Villas Casablanca.
Este predio fue embargado y posteriormente adquirido por los abogados Oscar Téllez Ulloa y Francisco Contreras Valdez. El 5 de julio de 2021 los adjudicatarios y poseedores del predio realizaron un contrato privado de compraventa con Grupo Corporativo del Prado, S.A. de C.V (Grupo Concordia) transmitiendo la posesión jurídica y material del predio de 742 mil 645.31 metros cuadrados, aseguró el abogado, sin embargo aún no hay registro ante el RPPC.
Por otra parte la familia torres también presentó su documentación original y certificada a ZETA, cómo principal elemento legitimador de su propiedad es un juicio a su favor de prescripción ante el RPPC, con este documentos se da aval de su propiedad desde febrero de 2005.
La obtención del terreno por parte de los Torres fue la siguiente en orden cronológico de acuerdo con los documentos y los registros encontrados por este semanario ante el RPPC:
El terreno pertenecía a la empresa Compañía de Terrenos y Colonización desde 1891, posteriormente por un decreto presidencial en 1917 la firma extranjera perdió propiedad de los inmuebles que poseía entre ellos el terreno hoy en disputa. El padre de la señora María del Socorro llegó a este predio en 1985 y ahí hizo su vida y educó a su descendencia.
Fue hasta 2005 que Martínez Uribe presentó una demanda de prescripción positiva contra Compañía de Terrenos Colonización, para tener la propiedad del terreno. La señora explicó que se dieron a la tarea de buscar a quién le pertenecía el terreno para poder tener la propiedad luego de años de vivir en este punto.
Y encontraron como antecedente de la propiedad a la firma extranjera por eso interpusieron el recurso legal y se les proporcionará la titularidad del predio. En noviembre de 2005 el juez mixto de primera instancia Salvador Juan Ortiz Morales dictó sentencia definitiva a favor de María del Socorro y Arturo Pérez.
En la sentencia definitiva se expone que dicha acta fungirá como título de propiedad y se cancela con eso la partida 6012931. El terreno se encuentra identificado como lote 1 de la manzana 1 de los predios urbanos de la costa, ubicado en el kilómetro 47+850 de la carretera Escénica Tijuana-Ensenada, el cual cuenta con una superficie de 591,475.59 metros cuadrados.
El RPPC certificó la propiedad del predio a nombre de María del Socorro Martínez, bajo la partida 6033553 con fecha del 26 de julio de 2013, el predio y su titularidad se identifican con el folio real 555576.
Otra prueba documental de los Torres es una Acta de Deslinde o plano topográfico, certificado en mayo de 2006 por el perito Ramón Ayax Peña Sautto, firmado por el entonces subdirector del catastro Luis Fernando Cáñez Motoy. En el plano aparece como propietario del terreno a María del Socorro Martínez, y la clave catastral KH-001-001.
Datos que fueron revisados por este semanario ante el RPPC y arrojaron resultados que coinciden con lo expuesto tanto en el mapa cómo en la documentación presentada por la familia Torres.
Al revisar ambas actas de deslinde, las cuales ZETA pudo ver original y conservar una copia, no coinciden en cuanto a los rubros topográficos de cada una. La presentada por grupo Concordia es del viernes pasado, mientras que la de los Torres es de 2006.
Se revisaron las coordenadas de ambos planos para ubicarlos en la plataforma Google Earth y así verificar si coincidían o si se trataba de direcciones totalmente distintas. Se capturaron los datos y se obtuvo cómo resultado un mapa donde se puede observar cómo parte del terreno del consorcio (color azul) invade parte del terreno de los Torres (Color verde) o viceversa.
Peritos en la materia consultados por este semanario indicaron que cuando hay una incongruencia en la información que presentan ambas partes, lo idóneo es que en un juicio se solicite la intervención de un perito para que determine y demuestre la conclusión a un juez y este con los elementos pueda dictaminar el estatus legal de estas tierras.
Agregando que si el bien inmueble está registrado y certificada la propiedad ante el RPPC no debería haber ninguna duda sobre la titularidad del terreno. Explicaciones que coincidieron con el abogado Roberto Quijano Luna, consultado sobre este tipo de litigios, ya que es un juez el que debe de legitimar la delimitación de los terrenos.
Además indicó que con la documentación expuesta por ambas partes se pueden acreditar dos cosas: la primera, que la familia al tener un juicio de prescripción positiva a su favor aún vigente en el RPPC, su propiedad se encuentra acreditada sobre el terreno ubicado en el kilómetro 47 de la carretera Escénica Tijuana-Ensenada.
“Falta delimitar el espacio geográfico donde se tiene. No importa cómo adquirieron la propiedad, ellos son propietarios porque así lo hace constar la sentencia y el registro público”, comentó.
Por otra parte, dijo que los otros actores no podrían llegar a desalojar a la familia Torres sin antes haber obtenido la orden de un juez, donde se acredite su legítima propiedad sobre esa tierra.
“Primero que la familia determine sobre qué tiene propiedad y por otra parte la empresa debe determinar sobre qué tiene propiedad, éste es el asunto central, definir el terreno de quién es, con base en los planos topográficos”.
Con la base documental compartida con el abogado empresarial e inmobiliario comentó que quien podría tener mayor derecho sobre el inmueble serían los Torres, con la seguridad que el consorcio se presente a un juicio y presente un mejor derecho con un registro de la propiedad inscrito al Registro Público de la Propiedad.
“El problema es que estos predios son rurales, no están bien delimitados en una zona urbana, es mucho más complicado delimitar el lote que corresponde a esta familia, no queda tan claro qué terreno es de quién”, concluyó.
DEMANDAN ANTE FGR A GRUPO CONCORDIA
El abogado de la familia, Alejandro Dueñas, informó a ZETA que ya se presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de Grupo Concordia y quien resulte responsable por varios delitos entre ellos por delincuencia organizada y daño ambiental.
Aseguró que presentó el recurso legal ante instancias federales por la supuesta colusión de funcionarios públicos tanto del Ayuntamiento de Playas de Rosarito cómo de la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Guillermo Ruiz Hernández.
“Nosotros estamos llevando nuestro ritmo, tenemos la certeza de que la propiedad está registrada en orden ante el Registro Público. El abogado de Concordia miente en sus declaraciones y en las denuncias interpuestas el mismo viernes 27 de agosto donde voltean los hechos a su favor. No nos vamos a dejar y llevaremos esto hasta las últimas instancias legales”, declaró.
