La mañana del lunes 6 de septiembre, en Pitiquito, Sonora, elementos de la Guardia Nacional fueron videograbados dejando ir a criminales de la mafia de Sinaloa, luego que elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) tuvieran un enfrentamiento a balazos con los matones del cártel. Balacera que terminó con cuatro civiles muertos y dos policías lesionados.
Tres días después, al cierre de esta edición, jueves 9 de septiembre, el gobierno no había refutado la información, ni ofrecido una versión oficial de los hechos.
En Tijuana, el 7 de septiembre, la Alianza Migrante de Tijuana brindó una conferencia para anunciar que iniciarían movilizaciones para evitar que la Guardia Nacional (GN) realizara acciones de acoso y represión en las inmediaciones de la garita y los albergues, como sucedió en 2019.
Lo hicieron en vísperas de la entrada de una nueva ola de migrantes haitianos en la frontera sur, donde la incapacidad de hablar y negociar de la GN fue suplida por el uso de la fuerza y violencia, ejercida por los elementos desplegados en Tapachula y Chiapas para contenerlos.
Datos de transparencia publicados por la organización Centro ProDH el 30 de junio en el informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los Riesgos del Renovado Protagonismo Castrense, entre el 27 de mayo de 2019 y el 10 de marzo de 2021, los elementos de la GN han aplicado fuerza letal en 144 ocasiones, abatido a 94 civiles, 89 catalogados como agresores y cinco víctimas colaterales: dos en Michoacán y uno respectivamente en Jalisco, Estado de México, Tamaulipas.
A la fecha, sólo uno de esos “agresores abatidos”, judicialmente ha resultado no serlo. Por el asesinato de la agricultora Jessica Silva Zamarripa y la tentativa contra de su esposo, Jaime Torres, el 8 de septiembre en el municipio de Meoqui, Chihuahua. La Fiscalía General de la República está procesando al sargento Bernabé “L”.
De enero de 2019 a junio del año en curso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 451 quejas contra la GN y emitió una sola recomendación. También se iniciaron 4 mil 867 expedientes de investigación por quejas contra la corporación: mil 370 se concluyeron, pero únicamente 39 resultaron procedentes; 3 mil 483 siguen en trámite, 25 de estas por vínculos con la delincuencia organizada.
En los mismos 22 meses, 14 elementos han perdido la vida, algunos como los dos agentes que perecieron en Tijuana el 7 de marzo de 2021, baleados por un delincuente deportado al que intervinieron sin notificar a la central de radio y que terminó abatido por el resto de los elementos de la patrulla.
A pesar de lo anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Guardia Nacional tiene el 78% de la confianza ciudadana, sólo por debajo de la Marina y el Ejército.
En cuanto a personal, al 21 de junio de 2021, el General Luis Rodríguez Bucio anunció que la fuerza operativa de la corporación llegó a los 99 mil 946 elementos distribuidos en 214 coordinaciones regionales en 164 cuarteles en el país- en papel el objetivo eran 150 mil integrantes y 266 cuarteles al término del presente año-, 84 de esas comandancias están en proceso de construcción, y al terminar 2021, sólo habrán edificado 248.
Analizado el presupuesto de la Guardia, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Asociación Civil reportó que de los 921 millones de pesos erogados en 2019, el recurso creció de 29 mil 286 millones en 2020, a 35 mil 671 millones, un 21% más en 2021; y será oficialmente de 85 mil 671 millones -40% adicional- en 2022.
Además, cada año se debe sumar un promedio de 18 mil 250 millones de pesos, dinero que proviene de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional y son los sueldos de los marinos y soldados asignados a la Guardia Nacional -6 de cada 10 elementos-, lo que significaría casi 104 mil millones de pesos para el próximo año. Casi el doble de los 58 mil millones de presupuesto que correspondieron a BC para 2021.
Entonces, en los estados hay elementos federales de la Guardia Nacional como nunca antes y están gastando miles de millones de pesos, según la versión oficial, en “Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio. Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social. Prevenir la comisión de delitos en todo el país. Y llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios”.
Pero la incidencia delictiva muestra que esa presencia y esos miles de millones de pesos no han tenido impacto, porque mientras Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, habla de contención de la violencia, estadísticas de víctimas de delitos del fuero común del Secretariado Ejecutivo Nacional evidencian que:
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió el país en 2018 con 4 mil 257 homicidios al mes, y actualmente el promedio mensual es de 4 mil 408 víctimas; de 14 mil 200 lesiones dolosas al mes, ahora ronda las 14 mil 400; de 76 feminicidios perpetrados cada 30 días y mil 900 víctimas de delitos contra la libertad, ahora se contabilizan 2 mil por mes.
Las reducciones marginales que presume la secretaria Rodríguez, existen, pero en comparación con 2019, el más violento, y el primer año de gobierno de la Cuarta Transformación.
Urge que los elementos de la Guardia Nacional participen realmente en las labores de inteligencia, investigación y combate a los crímenes que azotan las regiones, más allá del huachicoleo, persecución de migrantes, patrullaje de proximidad y custodia perimetral en escenas de delitos de alto impacto. Que se establezcan criterios claros para evaluar resultados que justifiquen el gasto.
