El gobierno estatal entregó inmuebles por 191 millones de pesos para liquidar el adeudo que mantenía desde la pasada administración con el Fideicomiso Empresarial de Baja California (Fidem), señaló Mario Escobedo Carignan, secretario de Economía, Sustentable y Turismo.
Durante su comparecencia ante legisladores por la Glosa del II Informe de Gobierno, el funcionario precisó que la administración acordó con los organismos empresariales pagar 65% del adeudo con bienes inmuebles y el resto con efectivo, que “prácticamente es lo que corresponde de aquí al 31 de octubre de 2021”
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De modo que, a partir de agosto, el estado hará transferencias monetarias por el 5% de lo recaudado del Impuesto Sobre Nómina, una vez que se hizo entrega de los inmuebles.
Al ser interrogado por la presidenta de la comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, Daylin García Ruvalcaba, sobre la posibilidad legal de que el Fidem pueda vender dichos inmuebles para obtener el recurso, Escobedo Carignan comentó que la Secretaría General de Gobierno había analizado y determinado que sí podría recibir los inmuebles.
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El recurso que se obtenga por la venta de los inmuebles “ingresará directamente a un fideicomiso de liquidación que se está integrando”, afirmó Escobedo Carignan y, resaltó que los predios son de venta pronta y que generarán más inversión.
Otro tema que fue reiteradamente abordado por los diputados de la XXIV Legislatura fue la contaminación ambiental y la verificación de vehículos. Escobedo Carignan señaló que 51% de la contaminación es provocada por los automóviles, y que actualmente están funcionando 5 de las 14 estaciones de monitoreo del aire. Para operar todas se requiere de 18 millones de pesos.
Sostuvo que el programa de verificación ambiental que iniciará a finales de este mes contempla que todos los automóviles -incluidos los llamados autos “chocolate”- sean sometidos a dicha inspección. Aunque no precisó el costo del trámite, aseguró que el estado se encontrará en la media nacional.
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Sobre la regularización de los autos “chocolate”, el funcionario recordó que desde hace un año se entregó a la Secretaría de Gobernación federal la propuesta de decreto y se está a la espera de que sea publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cual sucedería en septiembre, conforme a lo que el mandatario mexicano prometió.
Reiteró que el censo que lleva a cabo el Instituto de Identidad Vehicular (Indev) no será requisito para acceder a la misma, y que se está viendo la posibilidad de que los mil pesos que cuesta el censo pueda ser descontado del costo de la regularización, cuando ésta se efectúe.
En otro tema en materia ambiental, Escobedo Carignan dijo que la dependencia que dirige ha dado seguimiento a las multas para poder cobrarlas, sin embargo, el recurso captado “malamente” se mete a la “licuadora” por lo que no se destina a un fondo específico para cubrir las necesidades en medio ambiente.
Por otro lado, la presidenta de la comisión de Desarrollo Económico también cuestionó si existe el riesgo de que la empresa El Florido S.A. de C.V. revierta la donación del predio donde actualmente se encuentra el Centro de Gobierno del Estado (en la zona Este de Tijuana), en virtud de que cuando cedió éste se estipuló que el inmueble tendría como objetivo albergar el complejo científico.
“No estaría en condiciones de hacer algún comentario en cuanto a la legalidad o no”, manifestó en respuesta Escobedo Carignan, quien señaló que el cambio al Centro de Gobierno fue una acción que llevó a cabo la Secretaría General de Gobierno con base en una subutilización de lo que se conocía como Consorcio Tecnológico.
“Realmente la mayor parte de las oficinas estaban abandonadas y algunas obedecían a proyectos particulares de algunas empresas y ante la necesidad de requerir una mayor infraestructura en virtud de la necesidad de cambiarnos a una zona de la ciudad donde está buena parte de la gente que requiere los servicios de gobierno del Estado y haberle entregado a la UABC lo que será el campus Río de la propia universidad, se vio en la necesidad de aprovechar lo que hasta ese momento venía siendo desaprovechado y que era conocido como el Consorcio Tecnológico”, agregó.
En otra intervención, García Ruvalcaba preguntó en qué se sustenta la empresa Blue Propone para hacer la denuncia de que autoridades estatales y municipales favorecieron el duopolio de las gaseras (Z Gas y Grupo Tomsa)
En respuesta, Escobedo Carignan aseguró “no sabría en qué se basa, porque no he visto dicha denuncia, ni me han convocado a reunión alguna y no quisiera especular”.
Dijo que es un tema complejo en el que a pesar de que el gobierno estatal no tiene facultades en materia energética, se firmó un convenio con la Conasea que es la agencia que regula la actividad de las gaseras y las gasolineras para intercambiar información sobre cuál es el comportamiento del sector en el estado.
El gas que llega a Sonora viene del mismo lugar del que llega a Baja California, nada más que el gas en Sonora es más barato que en BC; porque estas empresas señaladas por algunas personas como un duopolio en Sonora tienen menos del 20% del mercado y ahí no pueden influir. Aquí tienen el 81% del mercado y eso nos ha generado que contemos con el gas más caro”, y el servicio del mismo es brindado en “pésimas condiciones”.
Dado que hay miles de tanques que se entregan en la vía pública y que la gente, en Tijuana y Ensenada, bajan de las colonias para llevarse en su vehículo -con los riesgos que esto implica- el gas en su casa. “Ya no digamos del robo que se da en cuanto a que los tanques no van llenos al cien por ciento”. De modo que el gas para algunas familias es “caro, escaso”.
Dijo que la pretensión del gobierno estatal es que “en Baja California haya 70 empresas de gas y que la competencia sea lo que determine el precio del mismo y el servicio que tendrán que otorgar”.
