El año pasado, la mayoría morenista de Baja California en el Congreso de la Unión, no supo defender el presupuesto del Estado. Por el bien de la economía, a los californios les urge que los once legisladores federales que los representan, tengan habilidades de liderazgo y participación protagónica, para que no se pierdan entre la multitud de 500 representantes federales.
También es imperante que esta oncena se faje para defender los intereses de sus representados, que no sean simples levantadedos que, disfrutando millonarios sueldos, se dediquen a atender las agendas políticas de sus partidos.
Para BC es crítico que sus representantes federales se dejen de organizar fiestas, entregar cobijas o actos públicos similares, con la finalidad de seguir en campaña, buscando su siguiente hueso político.
Que sean honestos, eficaces y se pongan a legislar para que exista un reparto realmente justo de los recursos y no se castigue la eficiencia aspiracionista. Que existan reglas claras, para que gobernadores y alcaldes no estén sujetos a la amistad o el encono de los todopoderosos Presidente y secretario de Hacienda, a quienes tienen que acudir cada mes, alguna o más veces -y varios funcionarios-, para rogar y rendir pleitesía, como si fueran limosneros, para lograr más recursos.
Aunque evidentemente al gobernador Jaime Bonilla Valdez le encanta placearse, tener presencia en Ciudad de México y volar a costa del erario, porque tampoco suelta el helicóptero comprado para seguridad que él utiliza para desplazarse por los municipios y la entidad que él administra.
El reto a más corto plazo de los legisladores federales, es la asignación del Presupuesto 2022, donde se espera un mejor papel que el de sus antecesores. En medio de la crisis económica y de salud, el presupuesto federal 2021 para los estados se vio severamente reducido. De acuerdo con el estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el gasto federalizado para Baja California fue de 51,603.1 millones de pesos (mdp), 11 mdp por debajo del aprobado el año previo.
Los Programas y Proyectos de Inversión (PPI), que engloban conjunto de obras y acciones con el propósito de solucionar problemáticas específicas, ejercidos directamente por el Gobierno Federal a través de sus dependencias y delegaciones, crecieron un 177.9% (mayoría asignada a la Comisión Federal de Electricidad), 4 mil 857.4 millones de pesos.
En este contexto, en septiembre de 2020, los diputados locales enviaron un exhorto a los legisladores federales pidiendo que le corrigieran la página al secretario de Hacienda y modificaran el Presupuesto de Egresos 2021 enviado por la Federación, advirtiendo que había un recorte del 11% a las partidas federales. Reclamaban que redujeron 30% el recurso para obra pública, por lo que no había proyectos nuevos aprobados ni de gran calado para el año en curso.
Pero resulta que después de pasar por el Congreso de la Unión, los 51,603.1 millones de pesos propuestos por Hacienda, se redujeron a 51,600.8 millones de pesos, 3 millones de pesos menos, lo que habla mal del “trabajo” de los representantes populares.
En lo que sí fueron eficientes y abusivos los diputados federales por Baja California, entre los que se incluyen como reelectos a Armando Reyes Ledesma (Partido del Trabajo) y la morenista Socorro Irma Andazola Gómez, fue en aprobar para 2021 de inactividad pandémica, un presupuesto de 14 mil 816 millones 605 mil 390 pesos para el Poder Legislativo.
De los reelectos, sus resultados ya hablan de su capacidad: Reyes Ledesma presentó ocho proyectos y le aprobaron uno; Andazola, abogada y ex ministerio público, presentó 26 y le aprobaron tres.
Es cuestión de ver hasta dónde son capaces de llegar aquellos que ganaron la elección federal del 6 de junio, porque en papel y teoría, todos tiene experiencia y conocen la realidad, la problemática y las carencias de los bajacalifornianos:
Yessenia Leticia Olua González, morenista de 29 años de edad, fue funcionaria en los ayuntamientos de San Luis Río Colorado y Mexicali. Dice que le sabe a los proyectos productivos y está consciente de la problemática de la seguridad porque ya le tocó una balacera el 24 de abril de 2021; también, Julieta Ramírez Padilla, de 26 años, ex secretaria de la alcaldesa de Mexicali con maestría en Administración Pública y experiencia en el campo de los derechos humanos.
Evangelina Moreno Guerra es licenciada en Gastronomía y Hotelería, de 49 años, activista de Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) y de la asociación civil Fuerza Calafia, quien pugna por un nuevo concepto de familia; Isaías Bertín Sandoval, licenciado en Derecho que laboró en la Dirección de Seguridad Pública de Ensenada en 2017, con maestría en Juicios Orales y ex notificador adscrito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, también comisionado para consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal y, a partir de diciembre de 2020, delegado de Seguridad Pública federal en BC.
Como diputados de mayoría, Fausto Gallardo, del Partido Verde Ecologista de México, licenciado en Administración de Empresas, regidor de Tecate (2010-2013) y dos veces diputado por Baja California en 2013 y 2018; y Héctor Mares, administrador y amigo del gobernador Bonilla con experiencia en fiscalización.
Más los tres de representación proporcional: los ex alcaldes de Tecate y Tijuana, la contadora Zulema Adams y el administrador Arturo González Cruz. Y la única que no es de la 4T, la panista Lizbeth Mata, abogada prácticamente de 2002 a 2010, año en que fue electa diputada local en BC, además de subsecretaria para temas de justicia en el Ayuntamiento de Ensenada y en el Gobierno del Estado.
Ninguno es nuevo, todos conocen la problemática de BC de primera mano, todos han vivido y seguirán devengando sueldos de los impuestos de los bajacalifornianos, así que están obligados.
Será cuestión proponerles y exigirles, de vigilarlos de cerca para saber de qué lado cae su lealtad y honestidad.
