El presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California, Rafael Crosthwaite consideró como “una afectación directa” la concesión que entregó por 15 años el gobierno del estado a una empresa estadounidense para implantar un nuevo programa de verificación ambiental de vehículos.
“Si bien es un tema que expertos en la materia deben avalar y revisar, esta adjudicación representa una afectación directa que por lo menos durante los próximos 15 años, estaremos sujetos y vinculados a pagos forzosos al momento de la adquisición de nuestras placas vehiculares”, señaló el líder empresarial en un comunicado.
Al manifestarse en contra del otorgamiento de esa concesión, dijo que la sociedad debe estar informada de cómo se entregó. Y es que a semanas de concluir el gobierno de Bonilla Valdez no se pueden otorgar concesiones que traspasan más de dos administraciones siguientes, afirmó el dirigente.
El 31 de julio, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, informó que la administración estatal otorgó la concesión -por 15 años- a la empresa Worldwide Environmental de Verificación Vehicular, SA de CV (filial de la estadounidense Worldwide Environmental Products, Inc) para que establezca el sistema de verificación ambiental. Ello, luego que el Comité de Concesiones del Gobierno del Estado analizara -sin que haya sido una licitación pública- las propuestas de 13 empresas.
La semana pasada, ZETA le informó que el trámite costará 600 pesos de los cuales “dos terceras partes serán para la empresa” y una tercera parte al gobierno del Estado.
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En una primera etapa se instalarán ocho verificentros con tres o cuatro carriles, para un total de 25 líneas de verificación, donde se realizarán pruebas con una duración aproximada de 15 a 20 minutos.
El titular de la SEST, Mario Escobedo Carignan, indicó que la verificación será obligatoria y requisito para renovar las placas de circulación.
En el comunicado de este miércoles, 11 de agosto, Crosthwaite indicó que “la sociedad bajacaliforniana no puede permitir que haya un Fisamex en cada servicio que se preste a la ciudadanía. Así pues, pedimos congruencia en las acciones que se realicen y también un enfoque dirigido a una correcta entrega recepción de los recursos de las distintas dependencias”.
El líder estatal del CCE en Baja California refirió el caso del proyecto de municipalización del agua en el Estado, el cual es necesario que se reconsidere, ya que requiere de un análisis profundo y detallado de cada aspecto que involucra.
