El fiscal Guillermo Ruiz Hernández siente cómo se le acaba la vida. Y no es una referencia a su edad -la cual provocó que se tuviera que ampliar el tope para ser fiscal-, sino que tiene pleno conocimiento que -aunque parece que no lo entendían- el poder de su compadre, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, es efímero, por lo que sabe que sus días como titular de la Fiscalía General del Estado -espacio para el que fue electo por cinco años, pero apenas le alcanzará para cumplir los dos- están contados.
A mediados de julio, Bonilla presentó una iniciativa -a través de Oficialía de Partes del Congreso del Estado- para extender el periodo de gestión del “Titi” Ruiz, con la intención de ampliar su mandato de cinco a nueve años, lo que le permitiría estar en el cargo hasta 2028, es decir, un año más de lo que duraría el siguiente gobierno.
Este movimiento desesperado con el cual el ingeniero y su compadre Ruiz pretenden mantener posiciones de poder dentro de la siguiente administración, no fue bien visto por el círculo cercano a la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al considerarlo un acto de intromisión y un exceso por el desbocado mandatario morenista, el cual vivió dos “años de Hidalgo”.
Como respuesta, el marinismo aceleró sus gestiones para diseñar la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), una de las bases donde descansará toda la política pública en materia de seguridad del nuevo gobierno.
Esto quiere decir que, sí o sí, la Fiscalía General del Estado (FGE) será desmantelada, con la finalidad de crear dos nuevos organismos: uno independiente, encargado de la investigación de los delitos, y el otro, un símil de la extinta Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), homologando el esquema que prevalece en el Gobierno de México y en prácticamente todos los gobiernos morenistas.
En ambos casos ya existen candidatos, algunos de ellos incluso pertenecen a la actual FGE.
Con este esquema se devolverán las facultades y responsabilidades de seguridad pública al Poder Ejecutivo, contrario a los intereses de Bonilla, quien decidió ignorar su obligación y delegar toda potestad a una “súper fiscalía” que no resolvió los problemas de violencia, y además definió al actual gobernador como el más ignorante en materia de seguridad pública de toda la historia. O al menos en los últimos 40 años.
Tal parece que la relación entre el marinismo y el bonillismo ha comenzado a romperse, y actualmente pelean por perpetuarse en el nuevo gobierno de Morena.
REPARTIENDO NOTARÍAS
Jaime Bonilla Valdez no puede irse sin beneficiar a su padrino político, su segundo padre, su “luz, faro y guía”: Xicoténcatl Leyva Mortera, ex mandatario de Baja California al que la actual administración estatal ha intentado reivindicar en las letras de la historia.
Y es que, en próximos días, el actual gobernador podría entregar una Notaría -sí, otra- a Xicoténcatl Leyva Borja, con lo que el “imperio notarial” incrementaría de uno a cinco durante su gestión, permitiéndoles gozar de sus patentes en cualquier zona de Tijuana, bajo el argumento de que se trata de “justicia social”.
La primera semana de agosto, el integrante de la familia Leyva llevará a cabo un examen para convertirse en aspirante a notario, uno de los requisitos de la Ley vigente en la materia.
Siguiendo los pasos de su antecesor -Francisco Vega de Lamadrid-, Bonilla cerrará su gobierno regalando notarías, bajo el mismo esquema y por medio de un muy probable tráfico de influencias.
