Luis Torres responde a Bonilla que firmó contrato con Fisamex en calidad de testigo y acusa que la empresa hace cálculos inadecuados por derecho de conexión
El gobernador Jaime Bonilla Valdez acusó a Luis Alfonso Torres Torres -cuñado de la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda- de corrupción al formar parte de los funcionarios que utilizaron los dictámenes de Fisamex para cobrar menos a las empresas en perjuicio del erario mientras se llevaban una tajada.
Sin pruebas de sus dichos, Bonilla Valdez dijo que “usaron a Fisamex para que dictaminara y luego no cobraban lo que Fisamex decía que debían. Ellos negociaban tras bambalinas si debían 20 millones les decían mira aquí está el dictamen con 2 millones nos hacemos por pagados, mitad mi tía y quién lo firmó nada más y nada menos que el cuñado de la futura gobernadora”.
“Nada más que quede claro cuando hablen de que van a cancelar un contrato hay que ver exactamente desde dónde se originó y quien yo creo que era una buena decisión hacer esto, lo malo es que lo usaron nada más para dictaminar y para beneficios personales. No para que entrara dinero al erario que es la diferencia, por eso están en contra de la municipalización. Aunque estuvieron de acuerdo durante la campaña y siempre dijeron que era la manera de hacerlo de repente decimos no y aquí donde vamos a acomodar a mi cuñis”, afirmó el mandatario durante su transmisión por Facebook.
“Pidieron ellos, los mismos panistas, para un uso para ellos poder cobrar para ellos no para el erario y, nosotros sí lo hicimos efectivo, qué pena que ahora desconozcan una empresa que ellos mismos escrutaron, revisaron y contrataron”, indicó.
En respuesta a las declaraciones de Bonilla Valdez, Luis Torres Torres (quien fungió como subdirector de Atención a Usuarios) señaló que “jamás” estuvo facultado para celebrar contrato alguno de manera unilateral con la empresa Fisamex. “Si la firma aparece en el contrato celebrado entre la CESPT y la empresa mencionada, durante enero del 2019, fue en calidad de testigo, sin que haya sido una decisión o atribución personal”.
La empresa fue considerada por el entonces gobierno del Estado para abonar al ahorro del agua mediante la responsabilidad de los consumidores, siendo el proyecto con el que la empresa ofreció servicios a la CESPT en ese entonces.
“La inconformidad de los consumidores y empresarios respecto a Fisamex en los meses recientes ha sido por un inadecuado cálculo de los cobros de los derechos de conexión, los cuales se hacían por parte del gobierno para no generar erogaciones adicionales. No había necesidad alguna de concesionar ese cobro a un particular”, aseveró.
Durante la transmisión del miércoles pasado y previo a las acusaciones de Bonilla Valdez, la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa, presenó la imagen del contrato que firmó la anterior administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) con Fisamex en octubre de 2018 -empresa del que es propietario Manuel García Soto- y con la que entonces se había estipulado que recibiría 25% por cada cobro efectivo.
En la transmisión del miércoles 11 de agosto de 2021, Espinosa omitió señalar que el contrato con la administración panista sólo implicaba auditar a usuarios asentados en Tijuana; en tanto, el contrato que dio el gobierno de la 4T conlleva auditar a usuarios de todo el estado. Eso sí con el 20% de porcentaje de ganancia por cada cobro efectivo, como lo resaltó Espinosa y Bonilla Valdez.
“Nosotros trabajamos en una mesa de diálogo con la empresa cuando ellos pensaban demandar para exigir lo que en el anterior contrato con la pasada administración se estipulaba. Nosotros pudimos lograr un cambio sin ninguna sanción para el estado y recuperar este recurso”, justificó la titular de la SHFP.
