Un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Nuevo León, vinculó a proceso, este jueves 1 de julio a personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Escobedo, quienes presuntamente son responsables por devolver una camioneta que estaba asegurada y que después fue hallada con 19 personas carbonizadas -entre ellas 14 de origen guatemalteco-, asesinadas en un supuesto enfrentamiento entre civiles armados, ocurrido el pasado 22 de enero, en el ejido de Santa Anita, municipio de Camargo.
Según la carpeta de investigación judicializada, la camioneta permanecía en las instalaciones del INM en Nuevo León, desde el pasado 6 de diciembre, pero fue devuelta por los servidores públicos federales y posteriormente se localizó carbonizada en Camargo, por lo que el juez federal los vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en el delito contra la administración de justicia.
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que el juez federal concedió el término de tres meses para la investigación complementaria, plazo en que los fiscales y la defensa de los procesados recabarán los datos de prueba que eventualmente serán presentados en el juicio.
Los funcionarios del INM vinculados a proceso son: Jesús Misael Rodríguez Chavarría y Abraham Tadeo Ayala Luna. Mientras que los policías municipales tienen los nombres de Adalberto Trinidad Vite, Julio César García Castillo, Beatriz Adriana Martínez Silva, Juan Ángel Cruz Morteo, Francisco Enrique Ríos Pérez, Eulalio Coronel Rivera y Baltazar Carrillo Rodríguez.
CAMIONETA ASEGURADA POR EL INM, USADA EN MASACRE
El operativo implementado por el INM el pasado 5 de diciembre, fue encabezado por el agente César Augusto López Vega, quien coordinó el traslado de las 66 personas migrantes a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León.
Los 19 cadáveres carbonizados fueron hallados el pasado 22 de enero en una camioneta calcinada marca Chevrolet, modelo Silverado, misma que tenía 113 impactos de bala. Otra camioneta modelo Sequoia, marca Toyota, también estaba incendiada, pero sin cuerpos y sin impactos de disparos.
“Las unidades motrices localizadas en el lugar del hecho, kilómetro 25 + 700 de la brecha conocida como Santa Anita o Rancho Piedra, son una camioneta Toyota, modelo Sequoia, 2008, con placas de circulación del Estado de Nuevo León y una Chevrolet, Silverado, pick up, cabina y media”, indicó la Fiscalía de Tamaulipas en un comunicado.
“Así como tres armas largas, dos del calibre .223 mm, una del 7.62×39 mm, y 11 casquillos, de los cuales nueve son del calibre .223mm y dos del 7.62×39 mm”, agregó la institución.
En cuanto a los restos humanos localizados, la Fiscalía determinó, de manera preliminar y a reserva del resultado antropológico, que 16 corresponden al sexo masculino, uno al femenino y dos pendientes de precisar debido al alto grado de carbonización.
“Asimismo, los estudios de balística reconstructiva permitieron establecer que el vehículo Sequoia no contaba con impactos de arma de fuego y que la unidad tipo pick up presenta 113”, subrayó la Fiscalía tamaulipeca.
El pasado 24 de enero, la Fiscalía de Tamaulipas informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, tras el hallazgo de 19 cuerpos carbonizados en una camioneta abandonada en una brecha del poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo.
Dos días antes, el pasado 22 de enero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal localizaron los cadáveres y otros vehículos calcinados en una brecha, alertadas por un reporte ciudadano respecto a un vehículo incendiado.
Al interior de una camioneta se hallaron dos cuerpos, “de igual forma se encontró otro cuerpo a un costado de la puerta del lado del piloto, uno más al costado de la puerta del copiloto y 15 en la caja del vehículo”.
Irving Barrios Mojica, Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, reveló el pasado 2 de febrero, que en la masacre de Camargo participaron al menos 12 elementos de la Policía estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un Juez de Control en la entidad, una orden de aprehensión en su contra.
Todo ello, según lo informó el titular de la Fiscalía tamaulipeca, por la probable comisión de: homicidio calificado, abuso de autoridad del desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad. Dichas órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas.
El fiscal estatal señaló que ante la ausencia de casquillos y municipios en el lugar del hallazgo de los 19 cuerpos carbonizados, se robustece la teoría de la alteración de la escena del crimen, a sólo 400 metros donde inicia el municipio de Doctor Coss, perteneciente al estado de Nuevo León.
“Debido a la ausencia de casquillos y municiones en concordancia con los disparos que presentaba la unidad vehículo tipo pick up, así como la contradicción de lo reportado en el informe policial homologado del día de los hechos y las entrevistas de los elementos policiales que tuvieron conocimiento de los mismos”, apuntó Barrios Mojica.
“Con los datos que actualmente obran en la carpeta de investigación, los cuales en su mayoría fueron obtenido por autorización de jueces federales, como son los registros y análisis de llamadas telefónicas, análisis de geolocalizaciones, dictámenes especializados en imágenes de video vigilancia”, agregó.
Barrios Mojica reveló, además, los nombres de las cuatro primeras víctimas identificadas el pasado sábado 30 de enero, en cuyos hechos, según las investigaciones, tuvieron participación grupos del crimen organizado que se disputan el control de la plaza.
Uno de ellos se trata de Jesús “M”, de nacionalidad mexicana, quien el pasado 9 de diciembre reclamó ante el Instituto Nacional de Migración (INM) camioneta modelo Sequoia 2008, de la marca japonesa Toyota, con placas RKY-418-A.
“Que estaba en el sitio, donde se rescataron 66 extranjeros [el pasado 5 de diciembre], por parte de la Policía Municipal de General Escobedo, Nuevo León”, indicó Barrios Mojica.
“El segundo de los identificados corresponde a Daniel ‘P’, también de nacionalidad mexicana, oriundo del estado de San Luis Potosí, quien en atención a los actos de investigación se conoció, que se dedicaba al tráfico de migrantes”, abundó el fiscal tamaulipeco.
Luego, el 9 de febrero, un Juez de control vinculó a proceso a los 12 policías municipales de Camargo por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad.
Según la Fiscalía tamaulipeca, los individuos vinculados a proceso fueron Mayra E. “V”, Jorge A. “C”, Williams “F”, Edgar “M”, Horacio “R”, Carlos “R”, Jorge “C”, José L. “L”, Héctor J. “A”, Christian E. “G”, Ismael “V” y Horacio “Q”.
“NO ES UN SAN FERNANDO”, SEGOB RESPONDE A ONU-DH
El pasado 27 de enero, la titular de la SEGOB afirmó que el hallazgo de 19 personas carbonizadas, en Tamaulipas, tras un supuesto enfrentamiento entre civiles armados, “por ningún motivo” se compara con la masacre ocurrida en San Fernando, ocurrida en la misma entidad, en 2010.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, la funcionaria federal respondió a lo señalado ayer martes 26 de enero, por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), organismo que comparó ambos hechos.
“Por ningún motivo es igual que lo que sucedió en San Fernando. Todos los días a partir de que sucedió este evento, hemos estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances sobre esta situación”, dijo la titular de la SEGOB.
“Te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzando y muchísimo, tenemos mucha información y si me permites no dártela en este momento porque sabes que estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecías”, apuntó la funcionaria federal.
“No es un San Fernando, porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente. No va a haber impunidad eso sí”, refirió Sánchez Cordero Dávila, quien suple al presidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias de prensa matutinas, mientras el mandatario se recupera del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).
Un día antes, el pasado 26 de enero, la ONU-DH México comparó el hallazgo de 19 cuerpos carbonizados en Camargo, Tamaulipas, con la masacre de San Fernando del 2010, en la que asesinaron a 72 migrantes en la misma región.
“Estamos profundamente preocupados por los hechos reportados por distintos medios sobre el hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas. De acuerdo con la información recibida, al menos varias de las victimas serían guatemaltecas”, apuntó a través de un boletín, el representante de la ONU-DH México, Guillermo Fernández-Maldonado.
“La falta de alternativas para una migración realmente segura, ordenada y regular orilla a las personas migrantes a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas”, y esto los lleva a ser posibles víctimas de “graves violaciones” de los derechos humanos, según destacó el funcionario internacional.
“Estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”, alertó la ONU-DH.
Entre el 22 y el 23 de agosto del 2010, por la misma zona fronteriza fueron secuestrados y asesinados 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres-, en su mayoría centroamericanos y sudamericanos, cuando viajaban de manera clandestina hacia Estados Unidos, masacre atribuida al cártel de Los Zetas.
