“Definitivamente hay registros de depredadores sexuales en serie, pero no tenemos desplegada la inteligencia policiaca para establecer los mecanismos con que operan, por eso impunemente lo siguen haciendo y no hay una coordinación entre las autoridades preventivas y persecutorias”, asegura Arturo Rubio Ruiz, del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito. Incremento de delitos sexuales ha sido del 100% en un año; La Paz, Los Cabos y Mulegé, los municipios más afectados en BCS
En los últimos dos meses, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el incremento de ataques sexuales ha sido casi de 100%; en abril y mayo de 2020 se registraron 20 violaciones denunciadas, mientras que en el mismo periodo de 2021, la cifra se elevó a 39 carpetas de investigación.
Semáforo Delictivo coloca al delito de violación en luz roja a nivel estatal, con particular preocupación en La Paz, Los Cabos y Mulegé.
Afortunadamente para las víctimas, en Loreto se detuvo a un depredador sexual en serie identificado como Pablo Alfonso, acusado de violación en tres ocasiones: la primera el 22 de noviembre de 2019, otra el 8 de febrero y una más el 9 de junio de 2020, todas ocurridas en la colonia Centro. Fue hasta julio de 2021 que Pablo Alonso fue encontrado culpable de violación agravada, capturado y vinculado a proceso.
Otro incidente se registró en mayo de 2020 en un rancho que se ubica en el Kilómetro 07 de la carretera Vizcaíno-Bahía Tortugas, en la comunidad de Villa Alberto Alvarado Arámburo, municipio de Mulegé, donde Delfino “N” fue llevado ante la justicia por abuso sexual de un menor de edad, a quien amenazó verbalmente para cometer su atrocidad.
“El agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Justicia Regional Zona Norte aportó evidencia suficiente para encontrarlo culpable”, detalló en su momento la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En otro caso, registrado en el mismo año en Los Cabos, la víctima fue una bebé de apenas un año, su madre se percató de que su padre abusaba de ella tras una revisión médica; el agresor sexual huyó y sigue prófugo.
A la fecha se sabe que la madre y la víctima tuvieron que salir de la ciudad para recibir atención psicológica especializada, ya que en Baja California Sur no se cuenta con expertos. Este caso lo sigue de cerca el Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
Todos estos delitos de violación y abuso sexual tienen algo en común: tuvo que pasar más de un año para que los responsables fueran llevados a juicio. Por esta razón, en muchas ocasiones las víctimas desisten de denunciar, aunado a los engorrosos trámites.
NO HAY ATENCIÓN TEMPRANA PARA VÍCTIMAS
Pasar por una violación sin duda es un evento traumático. “En general el viacrucis no solamente es para las víctimas de violación, sino en todas las modalidades de agresores sexuales, es más notorio en el delito de violación porque, obviamente, se trata de un delito de alto impacto”, denuncia Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
“El principal problema que tenemos es en la atención temprana, no existe a pesar de que lo exige la Ley de Víctimas, y de que lo exigen los protocolos establecidos por los tratados internacionales. No existe en ninguna Agencia del Ministerio Público en el Estado, unidades de atención temprana para víctimas de delitos sexuales, no hay acompañamiento victimológico”, agregó.
Recibir un acompañamiento y ayuda especializada, puede tomar hasta seis semanas después de la agresión, “tardan en ser atendidas por personal de psicología para que les den la cita, lo cual hace inoportuna la evaluación; seis semanas después no necesariamente el cuadro corresponde a la inmediatez con que se debió haber hecho la evaluación, no hay acompañamiento, no hay un procedimiento donde se le dé la reparación del daño a la víctima integral, que tiene derecho”, afirmó Rubio Ruiz.
La reparación del daño se ha catalogado al pago de 6 mil pesos a la agredida para tratamiento psicológico. Además, en BCS hay rezago en la atención a las víctimas, algunas tienen que salir fuera de la ciudad para recibir un tratamiento adecuado y costearlos por sí mismas.
“Si revisas los expedientes donde se ha concluido con una sentencia condenatoria por el delito de violación, la reparación del daño se plasma en cantidades que resultan ridículas, por ejemplo, si se condena al agresor sexual por el delito de violación a pagar una reparación del daño de 6 mil pesos, porque es lo que una psicóloga, no necesariamente calificada, estableció que costaría el tratamiento psicológico de atención a la víctima. Es decir, se trabaja en meras especulaciones de datos estadísticos, que no tienen soporte realmente científico”, evidenció el especialista.
DEPREDADORES SEXUALES SERIALES
La justicia ha sido permisiva. Al no aplicarse de forma expedita, permite que un agresor sexual actúe y siga cometiendo el delito, más si se trata de una persona con autoridad sobre su víctima, al ser un crimen sin testigos, solo la palabra de la víctima contra su agresor.
“Definitivamente hay registros de depredadores sexuales en serie, pero no tenemos desplegada la inteligencia policiaca para establecer los mecanismos con que operan, por eso impunemente lo siguen haciendo y no hay una coordinación entre las autoridades preventivas y persecutorias”, expresó Arturo Rubio Ruiz, del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
En ocasiones la evidencia no basta, debido a que, por temor o vergüenza, la víctima acude tiempo después a denunciar la agresión, por lo que no es posible integrar el caso.
“El agresor sexual tiene una característica muy peculiar, entiende que lo que le importa es someter la víctima, no necesariamente hay una relación de apetito sexual, sino de sometimiento, es un ejercicio de poder. Si comete el delito y es sancionados seis, ocho meses o un año, incluso se han llegado a judicializar carpetas tres años después de la denuncia, eso le da margen amplísimo al violador para seguir efectuando su conducta criminal. Es muy lenta la integración de las carpetas de investigación”, denunció el representante legal.
Gracias a movimientos como “8M”, se ha dado voz a mujeres víctimas de violación o alguna agresión sexual, que por temor no denunciaron, pero se percataron que el mismo depredador ya había atacado a otras víctimas.
Hay violadores seriales que someten a sus víctimas en lugares escondidos, poco iluminados o apartados de la urbanidad. Estos casos se registran mucho en Los Cabos, donde trabajadoras de los hoteles que salen tarde de laborar, son atraídas a puntos apartados y posteriormente atacadas.
“Llega la víctima a formular su denuncia y le dan un escrito, un oficio, para que vaya a trabajo social, para que vaya psicología, para que vaya a ser entrevistada por la Policía, y entre diligencia y diligencia, pueden transcurrir incluso meses, entonces la víctima puede perder interés porque es desgastante, es costoso, incluso se le cita en horario de trabajo. La persona tiene que elegir entre perder un día o dos de trabajo para atender esa diligencia, y si no viene, se decreta falta de interés jurídico, la carpeta se va al archivo y eso es muy frecuente”, afirmó Arturo Rubio.
Mucho se habla de atención temprana, justicia alternativa y reparación del daño, pero todo va dirigido al daño económico. Por ejemplo, en el caso de daños a la propiedad, robo de vehículo, incluso en homicidio culposo, la reparación del daño está establecida.
“No tenemos en el Estado ninguna institución encargada de atención a las víctimas, ni que aplique los protocolos establecidos en Naciones Unidas, ninguna; es decir, las víctimas no reciben la atención que marcan los protocolos internacionales, a pesar de que los delitos de abuso sexual son los de mayor alta incidencia en el Estado, junto con la violencia doméstica. No existen programas de prevención, los niños y las niñas deben estar aprendiendo en las escuelas, aproximadamente en cuarto, quinto grado, la información que les ayudará a prevenir situaciones de exposición a un agresor sexual, y no existe”, sugirió Rubio Ruiz.
CIFRA NEGRA POR DESINTERÉS DE LAS AUTORIDADES
Aunque la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) marca una cifra negra apenas arriba del 80% de los delitos, el Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito revela que en el caso de violación, los delitos no se denuncian hasta un 97%.
De tres delitos de cada 100 que se denuncian, una mínima parte llega a judicializarse, lo cual da muy poca esperanza de recibir justicia.
“Otro problema es que si no cuenta con un asesor jurídico la víctima de delito de violación, tiene que ser supeditada al auxilio de un asesor jurídico público, que son muy pocos y mal pagados. En términos generales no atienden debidamente a las víctimas del delito, la víctima está sola y enfrenta a la maquinaria burocrática, en una situación de desventaja respecto al agresor, porque el agresor tiene derechos humanos, defensor público desde el primer momento; el agresor cuenta con un amparo si así lo solicita, y la víctima solo cuenta con sus propios recursos. Eso hace que la cifra negra en el delito de violación supere el 97%”, reiteró el representante legal del Consejo.
Derivado de la poca operatividad del sistema de justicia, muchas víctimas prefieren desistir de la denuncia y ya no acuden a darle seguimiento, pero quienes gozan de un apoyo a través de asociaciones civiles, como el Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito, se han dado cuenta del proceso de afectación del denunciante.
Lo peor es cuando hay un proceso judicial, de inicio viciado por una mala integración de la carpeta de investigación. En muchos de estos casos, el agresor queda en libertad y la parte ofendida, devastada.
“Después de dos o tres años de estar integrando la carpeta de enfrentar un juicio, se puede enfrentar con el horror o el golpe psico-emocional de que su agresor sexual sale caminando y burlándose del sistema de justicia, son los grandes problemas con que se enfrentan las víctimas en el Estado”, apuntó el Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
Es necesario que el presupuesto sea redistribuido e incrementar la partida destinada a la atención inmediata de las víctimas, dado a que actualmente hay estrategias inoperables debido a falta de atención. Las instituciones deberían contar con ayuda inmediata, pero quedan en manos de personas sin capacitación.
Además, los agentes de seguridad no están calificados para atender de manera adecuada a las víctimas, y terminan revictimizándolas, “no tenemos un programa de prevención adecuada, porque no tenemos una política de inteligencia policial que establezca los mecanismos de bloqueo anestésico de estos sujetos, están las potenciales víctimas en total de indefensión, las calles son inseguras, hay colonias que no tienen alumbrado público, que no cuentan con servicio de vigilancia adecuada”, señaló el abogado Rubio Ruiz.
Para aquellas personas que han sido víctimas de una atrocidad como una agresión sexual, el Consejo Ciudadano pone a disposición el apoyo psicológico y jurídico, lo que se busca es sacar de las calles a delincuentes que siguen gozando de impunidad, para que de alguna manera queden marcados y no vuelvan a delinquir.
“Solicitarles a las víctimas del delito que denuncien, si no encuentran eco en las autoridades o se sienten desprotegidas, que acudan a los institutos oficiales a pedir apoyo al Instituto de la Mujer, a la Comisión de Derechos Humanos que tiene un área especializada, o que acudan con nosotros al Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito, de forma gratuita les podemos dar apoyo psicológico y representación legal”, finalizó Arturo Rubio Ruiz.
