Mujeres privadas de la libertad provienen de contextos violentos y son vulneradas social e institucionalmente. De 219 mil 177 personas encarceladas en 288 reclusorios del país, 12 mil 352 son féminas, y aunque están en 147 cárceles diferentes, solo 18 son exclusivas para mujeres. Rosa salió de la cárcel para buscar a su hija, a la que no vio crecer y apenas tuvo contacto con ella. Entre las barreras de las presas, se encuentra la propia infraestructura penitenciaria construida para hombres, los traslados, la tortura y el acceso a la justicia
Rosa obtuvo su libertad hace ya casi dos décadas, lo que no ha podido recuperar es a su hija, una chica veinteañera que le fue arrebatada por su pareja cuando la mujer cayó en prisión y tenía más o menos la edad que ahora tiene su primogénita, a la que apenas conoce. Una historia como la que muchas mujeres mexicanas han tenido que padecer, víctimas de la violencia de género y el abandono que el propio sistema social, punitivo y penitenciario, produce en nuestro país.
El Sistema Penitenciario Nacional alberga a 12 mil 352 mujeres recluidas en 147 de un total de 288 penales en México, de los cuales solo 18 son instalaciones especializadas para el internamiento femenil y únicamente uno federal, considerado de máxima seguridad. Nada más hay centros exclusivos para mujeres en 14 estados del país, mientras que en las otras 18 entidades federativas tienen que permanecer en prisiones mixtas, en pequeños espacios anexos a cárceles de varones.
Esa es la realidad de las mujeres que, acusadas por la comisión de un delito, tienen que guardar prisión preventiva o se encuentran en la fase de ejecución de la pena impuesta por algún juez. En el fuero común, 5 mil 266 son procesadas, mientras que 5 mil 048 se encuentran condenadas. En cuanto a delitos del fuero federal, mil 187 aguardan que les sea dictada su sentencia, y 851 ya compurgan el veredicto condenatorio de una autoridad jurisdiccional.
Entre los estados que no tienen prisión exclusiva para mujeres, se encuentran Baja California y Baja California Sur. Lo mismo Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo y Michoacán.
Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz tampoco lo han ponderado como una prioridad, a pesar de que, en algunas de estas entidades, las mujeres están hasta en 13 cárceles diversas, como es el caso de Puebla, y todas son mixtas.
La maestra Sofía González Talamantes, coordinadora de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la asociación civil Documenta, advierte que además del espacio reducido y sin instalaciones adecuadas para el deporte o talleres, muchas veces estos reclusorios no cuentan con estancias adecuadas para las mujeres que son madres. Tampoco se cumple con la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual señala que el personal que labora en estos centros penitenciarios sea de sexo femenino, poniendo en situación de mayor vulnerabilidad a las personas privadas de libertad.
Por su parte, la doctora Verónica Rivera Camacho, profesora de la Facultad de Criminología de la Universidad de Guadalajara y con más de dos décadas en los ámbitos penitenciario y postpenitenciario, coincidió al señalar que no se cumple con la disposición del Artículo 18 constitucional, el cual establece que debe existir una separación entre hombres y mujeres, la cual se atiende parcialmente, pues en la mayoría de las ocasiones, en un mismo edificio están las personas presas de ambos géneros, dejando solo una pequeña superficie para las féminas y en condiciones de desventaja con relación a los varones.
LA HISTORIA DE ROSA
Una joven mujer salió de su natal Veracruz a finales de la década de los noventa para emigrar a Ciudad de México, con la finalidad de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y trabajar. Durante sus primeras semanas de estancia en la Capital del país, conoció a un muchacho que habría de convertirse en su pareja. Enamorada, la chica que apenas había cumplido la mayoría de edad, decidió vivir en unión libre con el hombre.
Rosa recuerda con amargura: “Eusebio tenía tantos deseos de triunfar y progresar como yo, lo quería tanto y teníamos necesidad económica, que de repente dejé mis aspiraciones y mis sueños personales para que él pudiera estudiar, mientras yo trabajaba y salíamos adelante. ‘Chebo’, como yo le decía, entró a la UNAM y se graduó de abogado. Al titularse, decidimos irnos para Jalisco y formar una familia”.
En Guadalajara, el varón ingresó a trabajar a una dependencia de gobierno. Al año y medio tuvieron una hija, pero Eusebio conoció a otra mujer y abandonó a Rosa y a la pequeña Luna. “Se le hizo fácil porque no estábamos casados. Ya no me daba dinero y me empezó a decir que yo no valía nada porque no estudié, sin reconocer que sin mi apoyo él no hubiera sido abogado. Pero con todo mi dolor y orgullo dije, a ver cómo le hago, pero no necesito nada de él. Me quedé sola con mi niña”.
La mujer tuvo el infortunio de conocer a una persona que le mal aconsejó, “una amistad negativa me dijo que era fácil obtener más dinero que el que pudiera darme Eusebio, se trataba de llevar droga hacia el penal de Puente Grande, me dijo ‘No pasa nada, tú vas a decir que vas de visita con fulanito interno y te van a dejar pasar’”, recordó.
“Yo me fui con mi hija, y al parecer el gobierno ya sabía lo que llevaba, y resulta que me esculcan y me hallaron la droga”.
El peor castigo que Rosa vivió de inmediato, fue la separación de su hija. “‘Te vamos a llevar a la procuraduría y la niña no puede estar contigo. Háblale a alguien de confianza’, me dijeron, pero yo no tenía familia en Guadalajara. Pensando quién más de confianza que Eusebio, me dejaron hablarle. Él fue por la niña y como abogado me recomendó declarar que la droga era para mi consumo personal. Después promovió la pérdida de la custodia de Luna, que porque yo era adicta a la marihuana. Desde entonces no volví a ver a mi hija. Me dieron ocho años de prisión”, expuso la ex convicta.
Libre con un beneficio en la primera década del nuevo milenio, Rosa se dedicó día y noche a buscar a su hija, pero Eusebio siempre supo esconderse. Cuando daba con su posible paradero, el abogado cambiaba de domicilio, hasta que apenas en 2021, la mujer tuvo un leve contacto con Luna, que ya anda en los 20 años de edad. Dos perfectas desconocidas con verdades diferentes, en una historia a la que aún le faltan capítulos por escribir.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Con más de dos décadas de experiencia penitenciaria y post penitenciaria, Verónica Rivera Camacho, abogada, maestra en criminóloga y doctora en pedagogía, encuentra un fuerte patrón de violencia de género en la mayoría de las mujeres que son encarceladas: “Hablar de violencia no es nada más hablar de una violencia familiar. No es decir nada más que el esposo o el padre la golpea, no. Hablar de esa violencia también tiene que ver con la cuestión social y, en un momento dado, con el entorno de estas personas.
“La falta de trabajo o empleo mal remunerado, son formas de violencia de género. Cuando ella busca un empleo y le dicen ‘¿Sabes qué? Aquí no puedes trabajar porque eres mujer y no puedes cargar cosas pesadas’, eso le va a impedir obtener un ingreso para poder sostener a su familia. En otras ocasiones, al ver cerrado ese entorno de empleo, pues ¿a qué las lleva? A robar, traficar droga o prostituirse. Y dentro de la prostitución vemos otros factores como el alcoholismo o la drogadicción, entonces, ahora sí podemos hablar de ‘la teoría de la causa, de la causa de lo causado’. ¿Por qué? Porque una cosa la lleva a la otra”, ejemplificó la académica.
En el caso de Rosa, la entrevistada asegura que la mujer no se dio cuenta de que estaba envuelta en un entorno de violencia, “porque siempre vemos violencia-golpes, siempre vemos violencia-maltrato físico, pero no vemos la cuestión del maltrato psicológico, económico y la cuestión de violencia de género, así como el abandono; estamos hablando de que ella ha vivido diferentes tipos de violencia, no habla de golpes, pero no queda duda de que en alguna ocasión, él pudo haber llegado a golpearla para hacerla sentir menos, para sentir el poder que tenía sobre ella”.
Además, “el hecho de que no la dejó ver a su hija, que se escondió, y no sabemos qué le contó el señor a la hija sobre su madre, esa es otra forma de violencia.
“Otra violencia que vivió, a partir de la violencia institucional, fue que estando recluida le quitaron la custodia de la hija. Y cuántos hombres están recluidos y no les retiran la custodia de los hijos, es más, no pueden perderla ¿no? Se los siguen llevando a los centros penitenciarios. Ahí vemos un desequilibrio desde un punto de vista social y hasta jurídico en la forma de atender a las personas, para que las mujeres logren una reinserción social y su vida gira en un entorno de violencia”, aseguró Rivera Camacho.
“Son cuestiones de violencia de género, que no por el hecho de haber estado en un centro penitenciario van a desaparecer a la salida, y entonces el trabajo de reinserción social que se tiene que llevar a cabo, tiene que ser más individualizado, con perspectiva de género, dirigido específicamente a la mujer. Y diría que hasta individualizado, porque tendríamos que conocer en qué entorno va a llegar esta persona a vivir. Si la esperan sus hijos, las edades de los hijos, los padres que tal vez ya sean adultos mayores y van a requerir más atención, el esposo -si es que la estuvo esperando-, o si en un momento dado la abandonó y dejó a los niños con los vecinos”, planteó la profesora universitaria.
BARRERAS DE LAS RECLUSAS
La maestra Sofía González Talamantes, de Documenta, AC, refiere que desde el trabajo que se ha realizado en la organización de la sociedad civil, ha identificado algunas barreras a las que se enfrentan las mujeres privadas de la libertad, y advierte que el hecho de que apenas signifiquen el 5.64% de la población penitenciaria nacional, es precisamente parte del problema de que se les trate con inferioridad, en comparación con los varones recluidos. Aunado a que socialmente existe un estigma mayor sobre las mujeres que se encuentran o han estado en un centro penitenciario.
La primera de esas barreras ,es el tema de la infraestructura penitenciaria, pues “las prisiones fueron pensadas y construidas desde los hombres para los hombres, lo cual muchas veces implica que no sean los espacios físicos adecuados para las mujeres privadas de la libertad”, reiterando que muchos penales para mujeres son más bien anexos o pabellones dentro de centros penitenciarios para hombres, lo que implica dinámicas de trata de personas o prostitución, con el contubernio de personal de seguridad.
“Y otra cosa que va de la mano, las mujeres se encuentran en una situación de mayor riesgo de ser víctimas de tortura. Esto se da principalmente durante los traslados, de un centro penitenciario a otro. Ejemplo de esto fue cuando trasladaron a todas las mujeres que se encontraban privadas de la libertad, en el fuero federal, por una sentencia, y las mandaron al Cefereso 16 en Morelos, único penal federal y de mujeres a nivel nacional. Las trasladaron y muchísimas de ellas denunciaron que fueron víctimas de tortura sexual o violación”, abundó la investigadora.
Esa lejanía del domicilio cercano a la prisión de las mujeres pone otra barrera para ser visitadas por su familia. La distancia, el tiempo y los costos les hacen desistir, “y es sumamente grave, porque sabemos que muchas veces la familia asume los gastos de medicinas y de ciertos servicios que debe proporcionar el Estado, pero que no los proporciona, y la familia es la que lo asume y lo paga”, destaca la activista.
También existe una barrera en el proceso penal y acceso a la justicia, pues la situación jurídica se dirime en un punto remoto al del sitio de internamiento.
“Otra de las barreras que identificamos es el tema del abandono. Las mujeres proporcionalmente son mucho más abandonadas cuando son privadas de la libertad que los hombres que se encuentran en prisión, muchos estudios que mencionan esto. Una mujer cuando entra en prisión, sumado a todo este tema de los sistemas, es abandonada, mientras que un hombre, lo más seguro es que siga teniendo apoyo familiar, porque en su mayoría de las veces lo recibe de las mujeres”, citó González Talamantes, para concluir que muchas de las mujeres y personas que llegan a las cárceles, provienen de contextos violentos.
