Langosteros de SQ, en la mira del crimen

Fotos: Lorena Lama
Edición Impresa lunes, 5 julio, 2021 12:00 PM

Se agrava conflicto entre pescadores y grupos delictivos dedicados a la pesca ilegal en la zona de especies de alto valor. Ante la inacción de las autoridades, familias entregaron una carta firmada al Presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana, como un llamado de auxilio

La amenaza de muerte por parte de grupos armados dedicados a la pesca furtiva de langosta, llevó a un grupo de empresarios a cerrar el paso al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a San Quintín el sábado 26 de junio.

Daniel Jimenez, hermano del Diego Jimenez

Después del asesinato de Diego Antonio Jiménez Águila, dueño de Sociedad Cooperativa Jimnar, S de RL de CV y quien fuera secretario general del Partido Encuentro Social (PES) en Baja California, se ha desatado la violencia en los campos pesqueros del Sur de San Quintín.

De acuerdo con un oficio entregado en Oficialía de Partes del Congreso de la Unión el 6 de noviembre de 2020, la diputada María del Carmen Cabrera Laguna describe cómo el dirigente pescador fue amenazado de muerte en agosto de ese año en los campos pesqueros y, posteriormente, acribillado el 3 de noviembre.

La zona de capturada se ubica a unos 300 kilómetros al Sur de Ensenada, entre el municipio San Quintín y la delegación El Rosario. Es de las más codiciadas de Baja California por la variedad de especies de alto valor en el mercado, como langosta, pepino de mar, erizo y otras de escama para exportación a Japón y China.

En la visita del primer mandatario a la región, representantes de las empresas Organización Pesquera KACHIGI, Organización Pesquera Isla Gerónimo, Organización Pesquera Mortero de Leyva, Organización Pesquera El Chute, así como Antonio Jiménez Arellano y María del Socorro Aguilar Vidaurranza, lo enfrentaron en la calle Primero de Mayo de la colonia Vicente Guerrero.

El sábado 26 de julio, la familia Jiménez consiguió una audiencia con López Obrador en Ensenada, en la cual le expusieron varios puntos.

Hablaron de la violencia en los campos de captura de langosta, donde no hay vigilancia de elementos de la Secretaría de Marina como autoridad competente para mantener el orden; además, no solo están pidiendo seguridad, sino exigiendo avances en la investigación en el homicidio de Diego Jiménez.

Relativo al caso, de nuevo exigieron que el caso del homicidio ocurrido el 3 de noviembre de 2020 en la delegación de Maneadero, donde fue emboscado a las 12:00 horas frente a policías, lo investigue la Fiscalía General de la República (FGR), no así la del Estado (FGE).

 

El argumento para trasladar el asunto al fuero federal fue que, de no lograr algún avance en el asunto por parte de la FGE, el arma homicida era de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Daniel Jiménez -hermano de Diego- mencionó que hasta el momento no han declarado los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Estatal de Seguridad e Investigación que atestiguaron el hecho.

Los escoltas de Diego, elementos del Ejército Mexicano, aseguraron que tampoco han sido llamados a declarar ni han tenido acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad alrededor de donde sucedió el crimen.

 

ADVIERTEN MÁS VIOLENCIA EN SEPTIEMBRE

A raíz de la muerte del empresario pesquero, en distintos puntos de Ensenada, desde la delegación Maneadero, Zona Centro hasta la entrada al Valle de Guadalupe, han aparecido espectaculares con la imagen de Diego exigiendo justicia.

El hermano del empresario, de nombre Daniel, habló con ZETA de los problemas de inseguridad que se registran en la zona, donde hay hombres armados dispuestos a todo por mantener el control del área.

Aunque se abstuvo de dar detalles del modus operandi de quienes han violentado a la familia Jiménez, dijo que hay denuncias por parte de la esposa de Diego, ahora a cargo de la empresa, quien también ha recibido amenazas de muerte.

La veda para la captura de langosta se levantará el próximo 15 de septiembre, y para esa fecha los pescadores se preparan para una batalla contra quienes ellos llaman furtivos. A través de varias imágenes, mostraron las redes de pesca ilegales que estos avientan al mar y se aprecia que sacan langosta de talla pequeña, del tamaño de la palma de una mano y con huevera, lo cual no está permitido.

Jiménez afirmó que en este momento están organizados cinco campos con permisos vigentes, y todos tienen un conflicto por invasión de otros pescadores.

Desde un inicio se acusó a la Cooperativa Ensenada como responsable de los problemas de seguridad, e incluso del homicidio de Diego, sin embargo, el problema ha crecido y cada vez son más empresas clandestinas dedicadas a la pesca ilegal.

Ante la falta de medidas de seguridad, la familia Jiménez contrató servicios privados para seguir ejerciendo la pesca, pero las amenazas de muerte no cesan.

“Pedimos seguridad para las familias de los trabajadores. Esa gente -furtivos- andan armados, no tenemos vigilancia, hay mucha delincuencia, pero no vemos la presencia de las autoridades, últimamente se ha presentado la Guardia Nacional, pero la Secretaría de Marina no”, recalcó Daniel Jiménez.

 

INSTRUIRÁN A GUARDIA NACIONAL

Aunque el delegado único federal Alejandro Ruiz Uribe declaró que el asunto de la inseguridad no es de su competencia, hizo un compromiso con la familia de Diego Jiménez para revisar el caso.

“La verdad no soy autoridad judicial, pero con gusto. Yo conocí a Diego, era una persona que me gusta, voy a indagar a ver dónde va el asunto”, indicó el funcionario.

Durante su visita a San Quintín para acompañar al Presidente López Obrador, el funcionario lamentó la situación de violencia en las zonas pesqueras donde hay personas armadas, “claro que conocemos de eso -violencia- lo vemos todos los días, y en el caso de Diego, sé que le quemaron (propiedades), de todo estoy enterado”.

Aunque no detalló cómo el Gobierno de México puede participar en inhibir el crimen en los campos, hizo referencia a la posibilidad de que intervenga la Guardia Nacional, apoyada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Respecto a la inseguridad de la familia Jiménez, reconoció la problemática en inseguridad a lo largo de la zona costera, donde aseguró, se trabaja para mejorar las condiciones. Aunque no reveló qué hace el Gobierno de México para mitigar la violencia infligida por pescadores criminales o furtivos, resaltó la labor de la Guardia Nacional en estos asuntos.

 

LA CARTA

Como un llamado de auxilio, la familia de Diego Jiménez entregó al Andrés Manuel López Obrador una carta firmada tanto por ellos, como por empresarios.

“Usted perfectamente sabe las condiciones de inseguridad y los altos índices delictivos que históricamente se vive en el estado de Baja California y entre los principales afectados estamos los pescadores ribereños, los más humildes, los que incluso, desde el estado hemos sido agredidos.

“Esta realidad no es nueva en la zona de Ensenada y San Quintín, desde hace 20 años estamos bajo el acecho de grupos de la delincuencia organizada que trafican con la langosta y otras especies.

“Tan preocupante es este tema que incluso, esos grupos gritan a los cuatro vientos que financian campañas políticas, lo que les ha permitido operar con protección e impunidad. Todo con la intención de implementar monopolios en la actividad pesquera”, se lee en la misiva.

De igual forma, le mencionan cómo Cooperativa Ensenada y Litoral del Pacífico han sido beneficiados con concesiones de la Comisión Nacional de Pesca, “afectando al pescador humilde”.

La carta continúa:

“A pesar de que hay un nuevo gobierno, seguimos siendo obligados a realizar nuestra actividad pagando cuotas y extorsiones, de lo contrario somos amenazados de muerte”, y criticaron que, en una de sus transmisiones en vivo, el gobernador Jaime Bonilla Valdez relacionó a Diego Jiménez con hechos ilícitos:

“Algo más lamentable, las autoridades cínicamente han tratado de generar una perspectiva distinta en la que quieren hacer creer a la opinión pública que nuestro compañero se vincula a actividades ilícitas. Incluso, hasta el propio gobernador señaló públicamente que las denuncias por el asesinato de nuestro compañero, tan solo eran para beneficiar a un partido político.

“No tenemos un interés político, votamos por usted, anhelamos el país mejor que usted reclama. Si investiga a fondo encontrará que siempre hemos sido partícipes de su lucha”.

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