Una denuncia ante la Sindicatura Municipal fue presentada por el regidor Héctor Ibarra Calvo,el jueves 22 de julio, ante la serie de irregularidades que se suscitaron en torno al convenció de colaboración de más de 180 millones de pesos que solicitó el Poder Ejecutivo al Ayuntamiento de Mexicali.
El regidor panista, uno de los que se ha mantenido como una oposición durante toda la administración, aseguró que el “préstamo” es irregular, ilegal y se podría configurar el delito de desvío de recursos.
Al filo de las 10:30 horas, el edil blanquiazul presentó la querella donde exhibió que, en primer lugar, el documento fue enviado por el Poder Ejecutivo el 29 de junio y fue firmado el día 30, con horas de diferencia; esto pese a que la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñónez, afirmaba los días 12 y 13 de julio que aún no se concretaba el movimiento de recursos.
Consideró que Mora Quiñónez mintió abiertamente a la ciudadanía y afirmó que este tipo de cuestiones no deben normalizarse.
Posteriormente declaró que todos los reglamentos y leyes inherentes al desempeño municipal, obligan a la Presidenta a que todo flujo financiero municipal sea analizado y aprobado por el Cabildo de Mexicali, siendo este el único que no lo hizo, lo que representa otra ilegalidad.
Ibarra Calvo refirió además, que el convenio transgrede la actual administración, puesto que tiene su fecha de conclusión el 31 de octubre, cuando ya Norma Bustamante cumpla un mes en funciones, por lo que también debió ser aprobado en el Cabildo de Mexicali.
El último punto que estableció en su denuncia, es que los 250 millones de pesos que se otorgarían de participaciones federales, fueron “lavadas” al enviarse al Ayuntamiento, para luego ser devuelva una parte al Gobierno del Estado, con lo que pretenden cumplir con el otorgamiento del recurso ante la Federación.
“Los gobiernos sólo pueden hacer lo que la Ley les permita” refirió el edil, quien agregó que la última parte del convenio refiere que las sanciones y obligaciones serán dispuestas en lo que establezca el Código Civil de Baja California, lo cual consideró irresponsable, puesto que dicho marco legal es exclusivamente para tratos entre particulares, lo cual es irregular porque se trata de recursos públicos.
