El 1 de agosto tendrá lugar la consulta para determinar si procede esclarecer “las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos”. Operarán 57 mil mesas receptoras en el país, en virtud de 564.5 millones de pesos reservados por el INE. “La impartición de justicia no puede someterse a la voluntad de la gente”, considera ex presidente del IFE. López Obrador quiere hacer creer “que, si el pueblo lo pide, él puede enjuiciar a los ex presidentes”, asentó
La Consulta Popular contemplada para el domingo 1 de agosto “no conduce a una respuesta clara, contundente ni tiene consecuencias medibles, como establece la Ley General (en la materia)”, opina Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien ocupara el cargo de consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) entre los años 2003 y 2007.
la Junta Local del Instituto Nacional Electora
En entrevista con ZETA, refirió que “la impartición de justicia no puede someterse a la voluntad de la gente”, como se pretende hacer con el ejercicio de participación ciudadana a llevarse a cabo por disposición del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“Eso es un principio constitucional que López Obrador quiere violentar, porque quiere hacer propaganda política y hacerle creer al pueblo que, si el pueblo lo pide, él puede enjuiciar a los ex presidentes”, indicó.
Si de proceder en contra de alguien se trata, “lo que el Presidente de la República puede hacer, es presentar una denuncia ante la fiscalía general para que inicie un proceso de investigación”, gestión que de ninguna manera significa “enjuiciar”.
A partir de que asumió como candidato presidencial en 2018, AMLO propuso llevar a juicio a los ex primeros mandatarios. Y como Presidente Electo, en octubre de ese año, ratificó la propuesta.
De ahí que, para Ugalde Ramírez, “desde el primer día de su mandato pudo haber hecho investigaciones al interior del gobierno para ver si había elementos informativos que pudieran sugerir la comisión de delitos, si eso hubiese encontrado, entonces él puede ir y presentar una denuncia de hechos para que el Ministerio Público investigue”.
Sin embargo, “eso el Presidente no lo ha hecho, después de tres años no lo ha hecho”, asentó el ex consejero electoral.
En tal escenario, el primer mandatario solo siguió “un procedimiento en contra de Rosario Robles (ex secretaria de Estado) por una investigación que hizo la Auditoría Superior de la Federación, conocida coloquialmente como ‘La Estafa Maestra’”, y que en lo referente al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin (procesado por cohecho y otros cargos, pero a quien se le permitió seguir su proceso en libertad), “el caso no ha generado absolutamente nada”.
De manera que “al final (la Consulta Popular en puerta) engaña a la gente, porque le hace pensar que va a ocurrir algo que no va a ocurrir y, por lo tanto, me parece que es generar expectativas para después generar frustración; me parece (que es) un ejercicio frívolo, engañoso, irresponsable y dañino para la democracia participativa”, dijo el ex funcionario del IFE (organismo que, en virtud de una reforma constitucional publicada en 2014, se transformó en el Instituto Nacional Electoral, INE).
Y observó, es “obvio” que “la gente quiere que se combata la corrupción, pero para eso (López Obrador) no tiene que hacer una consulta”.
El 15 de septiembre de 2020, ya como primer mandatario, AMLO remitió al Senado de la República una petición para poner en práctica el instrumento consultivo. El mismo día, la Cámara alta canalizó la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“¿Está de acuerdo con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. Llevar a juicio a cinco de sus antecesores, fue el planteamiento que López Obrador solicitó hacer mediante el ejercicio de participación ciudadana (cuya organización corresponde al INE, tal cual estipula el Artículo 35 de la Carta Magna).
El 1 de octubre de 2020, la SCJN declaró constitucional conducir la consulta por esa vertiente, solo que dispuso reformular la pregunta: “¿Estás de acuerdo o no con que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. En esos términos quedó establecida la interrogante con la que finalmente se implementará el mecanismo de sondeo.
En cuanto a la orientación temática de la Consulta Popular, “la Suprema Corte, por cobardía o por guiño político, no quiso enfrentar y decirle ‘no’ al Presidente y entonces produjeron esta pregunta que es inentendible, cantinflesca, frívola, insustancial y que no produce ningún resultado concreto, ese es el problema de fondo”, reiteró Ugalde.
La Ley Federal de Consulta Popular (publicada el 14 de marzo de 2014 y reformada en el año en curso) establece que el resultado del ejercicio de participación ciudadana “es vinculante para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (37 millones 411 mil 389 personas)”.
A decir de Ugalde Ramírez, quien estuvo al frente de la organización de los comicios de 2006 (en los que Felipe Calderón le ganó la Presidencia a López Obrador con una diferencia de 0.56%), el 1 de agosto atenderá al llamado del INE “una porción muy baja de mexicanos”. De modo que “la consulta no será vinculatoria”, advirtió el fundador y director general de Integralia Consultores.
Con todo y que varias figuras afines al proyecto gubernamental de la Cuarta Transformación, como el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; el senador con licencia Martí Batres Guadarrama y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, han hecho promoción de la consulta en un afán de enjuiciar a ex presidentes, para Ugalde Ramírez, la participación “difícilmente” va a llegar al 20%.
Por lo que respecta a la tendencia predecible, estimó que será a favor de esclarecer “las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, opción validada como tal (y textualmente) por la SCJN.
Ante el escenario de escasa respuesta que dice prever, “el Presidente va a decir ‘el pueblo habló, el INE es el culpable de la baja participación’”.
De acuerdo con el ex consejero, de cualquier modo, las faltas atribuidas por López Obrador a sus consabidos predecesores “no existen como delitos en el Código Penal”, y a propósito, “dice por ejemplo que a Zedillo vamos a enjuiciarlo por el Fobaproa, qué es eso del Fobaproa, dónde está un delito que se llame Fobaproa; o dice que Fox cometió traición a la patria, eso no es un delito, la traición a la patria está constituida como una causal de juicio político para alguien que es Presidente. Fox dejó de serlo hace 15 años; a Calderón lo quiere enjuiciar creo que por crímenes de lesa humanidad; en fin, nada de eso está claro”.
A juicio del consultor, “el Presidente tiene un problema en sus manos de qué va a decir el lunes 2 de agosto”.
Sobre la presunción de que el primer mandatario culpará al Instituto Nacional Electoral de una cantidad insuficiente de participantes, expresó: “El gobierno se da cuenta de que no va a haber participación, lo mismo Morena, entonces, quieren encontrar un culpable. Esa es la única razón”.
Con apego a ese discurso recriminador, López Obrador acentuaría su consabida crítica al órgano electoral, insistiendo en que “el INE debe desaparecer porque está bloqueando que el pueblo hable”, planteó Ugalde.
De entrada, ya hay voces que critican al organismo público en sus funciones de organizar la actividad de orden cívico. La cónyuge de AMLO, Beatriz Gutiérrez Muller, señaló que “en la mayoría del órgano colegiado” hay “cierto desinterés” por publicitar la consulta. “Parece que no tienen tiempo de ocuparse de ello” y “no informan mucho dónde votar, porque además no se instalará la totalidad de casillas a las que estás acostumbrado”.
Desde la perspectiva de Luis Carlos Ugalde, el Instituto “está haciendo lo que autorizó la Cámara de Diputados”, y agregó que se ha encargado de la promoción del ejercicio de participación ciudadana desde el 15 de julio, fecha autorizada para tales efectos y la cual se fijó en lugar del 28 de octubre de 2020, una vez que los legisladores de Morena en ambas cámaras reformaron el Artículo Primero Transitorio de la Convocatoria de Consulta Popular, por razón de que la entrada en vigor del decreto correspondiente, implica la suspensión de toda propaganda gubernamental (con excepción de los rubros de servicios educativos, salud y protección civil).
El mismo 28 de octubre, el INE solicitó a la Cámara de Diputados mil 499 millones de pesos como partida adicional para organizar la consulta. No obstante, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021, no se incluyó ese concepto, además de que se le recortaron recursos al órgano autónomo. La autoridad electoral interpuso una controversia constitucional. Aparte, redujo a 890 millones de pesos el monto complementario requerido. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó otorgarle esa cantidad y la SCJN rechazó el proceso jurisdiccional.
El Instituto procedió a disminuir el gasto en distintos rubros y logró reservar 564.5 millones de pesos para la organización del ejercicio participativo.
— Suponiendo que el gobierno de López Obrador tuviera la expectativa de que se lleve a cabo una consulta exitosa, ¿por qué no incluiría recursos adicionales en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se le preguntó a Luis Carlos Ugalde.
“Porque el Presidente no quiere gastar, ha estado acostumbrado a que el pueblo habla en sus conferencias informativas, donde pregunta a la gente si quiere que se cancele una mina, y la gente alza la mano y entonces en 30 segundos tomas el sentir del pueblo. Así lo ve López Obrador, o bien, porque sus seguidores han instalado 5 mil casillas en el país para cancelar el aeropuerto (de Texcoco) y no le cuesta nada.
“Entonces, es por eso que no dio dinero, porque no le interesa en el fondo, esto es un acto de propaganda política, y como propaganda política, él siente que no es necesario gastar 8 mil millones de pesos o 5 mil para poder saber el sentir del pueblo. Y por supuesto, es obvio que la mayor parte de los mexicanos estarán a favor de castigar la corrupción, nada más que la forma en como el Presidente lo pregunta es engañosa, nadie puede enjuiciar a nadie”, remató.
57 MIL MESAS RECEPTORAS; MIL 758 EN BC
Para llevar a cabo la Consulta Popular del 1 de agosto, jornada con la que se estrenará el instrumento de participación ciudadana, el INE integrará 57 mil mesas receptoras en el país; mil 758 de estas en Baja California.
A cada mesa podrá acudir un máximo de 2 mil ciudadanos (cinco a la vez) y estarán integradas por presidente, secretario y escrutador. Para la cobertura nacional se determinó un número de 285 mil 575 colaboradores.
La acreditación de observadores vence hoy viernes 23 de julio. En esta entidad federativa, se han inscrito al menos 217 ciudadanos, según reveló la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, María Luisa Flores.
El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova Vianello, recordó que durante la jornada habrá una papeleta disponible para cada una de las personas inscritas en la lista nominal, integrada por 93 millones 046 mil 211 electores (con corte al 2 de julio de 2021). A BC arribaron 2 millones 916 mil 017 papeletas.
La actividad tendrá lugar de 8:00 a 18:00 horas. Para evitar posible contagio de COVID-19, prevalecerán como medidas sanitarias: uso obligatorio de cubre bocas, aplicación de gel sanitizante, desinfección constante de superficies, respetar la sana distancia y, a manera de opción, llevar una pluma propia para marcar la papeleta.
Los cómputos en las 300 juntas distritales iniciarán el 1 de agosto. La SCJN efectuará la declaratoria de validez de la Consulta Popular.
Podrán participar quienes hayan tramitado su credencial de elector a más tardar el 7 de julio. Para obtener información sobre la ubicación de mesas receptoras, el INE habilitó la página https://ubicatumesa.ine.mx
