Residentes de las colonias Natura, Urbi Villa del Prado 1 y 2, Refugio y Laurel, entre otras, han registrado el aumento inesperado del peaje, en el transporte de Grupo Calfia, que pasó de los 14.50 a los 16 pesos, a partir del 29 de junio.
Tanto en redes sociales como en la vía pública, usuarios de esta ruta manifestaron su inconformidad, ya que consideran, es un aumento no justificado, pues los chóferes dan un servicio deficiente, manejan a exceso de velocidad y saturan las unidades en horas pico.
La ciudadanía fue notificada del incremento, unos días antes de aplicarse, a través de hojas pegadas al interior de las unidades de transporte. En ese mensaje se detallaba que a partir del 29 de junio la tarifa sería de 16.00 pesos al público en general y de 8.00 pesos para estudiantes y adultos mayores.
En el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS), indicaron que tal incremento no ha sido autorizado por ellos, ya que el único aumento en tarifas se concedió a taxis libres de sitio y ejecutivo, pero no para transporte de ruta. Con este incremento, el Grupo Calfia podría estar violando la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California.
Sin embargo, el presidente de Grupo Calfia, Arturo Aguirre González, negó que se este violando la ley, ya que estas tarifas fueron autorizadas el 13 de julio de 2017 por mayoría del cuerpo edil del entonces alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, a través del punto de acuerdo 3.3 que se publicó en el periódico oficial de Baja California el 4 de agosto de 2017.
En aquella votación de 10 regidores a favor, 6 en contra y uno en abstención, se permitió un incremento en las tarifas del transporte público de Tijuana, el cual fue avalado por un estudio técnico – económico, realizado por el Colegio Estatal de Economistas de Baja California. El incremento aprobado, fue justificado por el alza en el precio de los combustibles, en los que se incluía el diésel y la gasolina.
En entrevista con ZETA, Aguirre González explicó que en 2017, tres años antes de la creación del IMOS, los concesionarios del transporte público, hicieron un acuerdo con el alcalde panista, Juan Manuel Gastélum, porque el mantenimiento del transporte era insostenible. Por ello solicitaron un ajuste de tarifa a cambio de apoyar el programa RAITE, propuesta de Gastélum, para no cobrar peaje a estudiantes.
Mencionó que, en aquel entonces, consideraron inviable aumentar de golpe la tarifa en el transporte público por lo que optaron por un acuerdo con la anterior administración, para hacer el incremento de manera gradual, a la par que integraban unidades de reciente modelo a algunas de sus rutas.
“Nos quedamos con los 12.00 pesos con la calafia clásica que todos conocemos, y en los 14.00 pesos con las unidades tipo sprinter de reciente modelo, con la intención de echarle la mano a la sociedad. Siempre quedamos que en el 2018 íbamos a aumentar pero no lo hicimos, y luego llegó la pandemia y tampoco lo hicimos. Llega la pandemia se nos caen los pasajeros, perdernos cerca del 70% de pasaje, paramos muchas unidades y desafortunadamente, tenemos que estar restructurando con la financiera las unidades nuevas, porque ya se vencieron los pagos y se ha hecho muy difícil sostener pagos mensuales de hasta 24 mil pesos”, compartió el presidente de Grupo Calfia.
Asimismo, añadió que ante la falta de pasaje a consecuencia de la pandemia, incrementaron la tarifa a lo que ya se les había autorizado, porque estaba sosteniendo el mantenimiento de los equipos ni de talleres.
“Nosotros traemos trabajando 150 unidades tipo sprinter en las que sí vamos a cubrir los 16.00 pesos, en las que son tipo calafia se van a cobrar 14.00 pesos porque no queremos lastimar tanto, y no vamos a subirlo en los lugares donde la gente no lo va a poder pagar… El incremento no se haría en alrededor de 15 rutas de las 40 rutas con las que cuenta Calfia”, aclaró Aguirre González.
Por último, refirió que al volver las clases, buscarán la manera de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Tijuana para beneficiar a la comunidad estudiantil con una tarifa preferencial, que pueda ser menor a los 8.00 pesos que actualmente están cobrando, a partir del reciente incremento, y enfatizó que la intención no es golpear a los ciudadanos, solo sostener el transporte público.
