Carlos Atilano Peña, titular del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), declaró que sería un error la continuidad del actual Fiscal General, Guillermo Ruiz Hernández porque no hay condiciones que así lo avalen la realidad delincuencial que atraviesa Baja California.
Recordó que hubo la necesidad de modificar la Constitución para que el “fiscal compadre” pudiera ser designado ya que no cumplía con el requisito de la edad, además señaló que no pueden las leyes individualizarse en beneficio de una persona.
Señaló que el argumento que presentó el gobernador Jaime Bonilla para ampliar el plazo de 6 a 9 años de dar continuar con la construcción de escuelas militarizada, algo que está haciendo el actual fiscal, pero lo toral es la delincuencia que campea en Baja California.
“No hay datos ni resultados que avalen la ratificación del término o plazo del actual fiscal”, subrayó Atilano Peña.
En su opinión, la Secretaría de Seguridad Pública debe ser reinstalada, darle plenitud de independencia a organismos como el Sistema Estatal Anticorrupción, que ya se desmanteló. “No darle tanto poder a la Fiscalía bajo cuestiones políticas”.
Una repercusión grave de ampliar el plazo es que sea declarado inconstitucional el nombramiento, pues todas las carpetas de investigación y consignaciones podrían caerse, y generar un vacío de poder, además de impunidad, así lo refirió el coordinador del COCI.
Si esta iniciativa no pasa antes del cambio de administración, ellos como grupo organizado pugnarán por que el Congreso XXIV oiga las voces de los especialistas en el tema, como las barras de abogados, empresarios, y vean la realidad. “No vamos a permitir que se siga legislando a capricho del Ejecutivo y de espaldas a la sociedad civil”, acotó.
A pregunta expresa de que si hay algún acercamiento con la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila, manifestó que no lo ve posible, porque “nosotros vamos por cuestiones en serio, y solamente si hubiera esa posibilidad de libertad de trabajo y al margen de corruptelas, podríamos participar”.
Otro de los temas que abordó el licenciado Atilano Peña fue el de la municipalización del servicio del agua; tema que ellos como organización han abanderado desde hace años, pero no avalan las deficiencias parlamentarias, pues “como siempre, se legisla fast track, a voluntad del gobernador”.
En su opinión, le parece sospechoso que el gobernador del Estado, Ing. Jaime Bonilla Valdez, haya presentado esta iniciativa cuando ya está a punto de salir, esperando que no meta influencias políticas ante organismos municipales
“Cómo el gobernador hace esta propuesta ante el Congreso cuando durante su mandato no mejoraron el servicio, hubo tandeos, cortes de agua y un hueco financiero que heredarán a los municipios”.
Además, en el decreto de la municipalización se autoriza la privatización del servicio, a recurrir a empresas privadas, lo que probablemente encarecería el pago del servicio, cuando el agua es un derecho humano, “dar el servicio en términos eficientes, potables, pero sobre todo económicos”, puntualizó. María de los Ángeles Guzmán
