“Abandonada seguridad en BC”: Hernández Niebla

Juan Manuel Hernández Niebla
Edición Impresa , and lunes, 5 julio, 2021 12:00 PM

* El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California refiere, a su análisis y estudio, que ninguna Policía está correctamente depurada

* No conoce una estrategia del gobierno de Jaime Bonilla Valdez para combatir la inseguridad y la violencia

* Ve la Fiscalía General del Estado muy centralizada, hasta “algo setentera”, donde todo pasa por el escritorio del fiscal y genera un cuello de botella

* Estado y ayuntamientos no han cumplido con Certificado Único Policial, falta entre el 15 y 20 por ciento; la Ley indica que los elementos deben ser dados de baja

* Ya no se realizan las Mesas de Seguridad, y la única corporación que ve “echada para adelante” combatiendo la violencia, es al Ejército de la II Zona Militar

* La futura gobernadora recibió bien las propuestas del CCSP; Marina del Pilar Ávila les dijo que quería que su primer acto de gobierno, fuera una Cruzada por la Seguridad, en la cual ya trabajan

Para junio de 2017, en Baja California se registraron mil 015 asesinatos. Los mismos seis meses, pero de 2021, se contabilizan mil 563. 548 ejecuciones más de las sucedidas hace cuatro años. El dato es relevante porque, en estos cuatro años, el empresario Juan Manuel Hernández Niebla ha encabezado el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California, y debido a la ausencia de políticas públicas para combatir el crimen, reconoce que el homicidio va en aumento.

Por supuesto, no es responsabilidad del titular del Consejo Ciudadano la seguridad del Estado; lo suyo, dice, es ser contrapeso de los generadores de las políticas públicas, en efecto, de los gobiernos, federales, estatales y municipales. En ese sentido, le ha correspondido coordinarse con dos gobiernos: uno de derecha, del Partido Acción Nacional (PAN), y otro de izquierda, de Morena. De los primeros, dijo, había confrontamiento, pero también respeto para el CCSP; de los segundos, señala no ha habido respeto ni han dado al Consejo el lugar que le corresponde.

Hace unas semanas, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, se refirió a Hernández Niebla como “usurpador”. Justificó que el empresario ya había concluido su encargo en el Consejo y seguía ostentándose como presidente. Hernández Niebla reviró: “La Ley es muy clara, mientras no haya un relevo, seguimos en funciones y no hay una usurpación. Le pedimos que se mantuviera institucional, y que finalmente lo que se podía hacer, era esa convocatoria para que ya no siguiera llamando ‘usurpador.’ Y finalmente lo hicieron”.

No sin antes, el gobierno intentar meter mano en la conformación del Consejo Ciudadano, pues de la oficina del gobernador, y redactada por Rodríguez, salió una iniciativa para modificar al organismo, entre otras cuestiones que sí debían reformarse e intenta dominar con funcionarios el CCSP.

Hernández y el Consejo se ampararon y están a la espera de la resolución, que asegura, tiene ganada, “omitimos pedir la suspensión provisional del acto de gobierno, porque si nos la daba el juez -que estoy seguro nos la iba a dar-, se suspendía el proceso de transición del Consejo Ciudadano, acordándonos que no existe un reglamento”.

Juan Manuel Hernandez Niebla

En esas condiciones, el proceso siguió su curso, aun con la nueva Ley que, en el Congreso del Estado, le aprobaron al gobernador. El 16 de junio se emitió la convocatoria y hay tres aspirantes registrados que, para ser electos, deberán ser evaluados por la Fiscalía General del Estado -lo cual no ha sucedido-, y posteriormente, los siete consejeros, solo entre ellos, designar al próximo titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

Quienes salen del organismo son: Juan Manuel Hernández Niebla, aún presidente; Marina del Pilar Olmeda, y se supliría la ausencia de Alberto Sandoval Franco, quien ya había dimitido para formar parte del Instituto de Transparencia.

Los tres registrados para ocupar esas vacantes, son el ex regidor independiente Roberto Quijano, el académico Ismael Plascencia y la feminista Rebeca Maltos.

A semanas de dejar el cargo en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla concedió a ZETA una entrevista que, a continuación, se transcribe en sus partes medulares:

Como presidente del Consejo ha trabajo con dos gobernadores, uno del PAN y el actual de Morena, ¿qué ha sido lo más significativo que hicieron ambas autoridades, y cuál su mayor falla?

“En el gobierno de ‘Kiko’ Vega sí tuvimos muchas confrontaciones, pero hay un reconocimiento al Consejo Ciudadano. Puedo decir que en los peores momentos de confrontación, al Consejo siempre se le dio su lugar tanto por parte del gobernador, como por parte de Gerardo Sosa, que fue el que se quedó a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en los tiempos que presentamos el amparo contra el C5. Siempre hubo ese respeto, ese reconocimiento, la verdad es que las confrontaciones fueron totalmente institucionales, nunca de una manera personal, y eso es algo que hay que resaltar. ‘Kiko’ Vega nos dio las oficinas del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Plaza Patria en las que atendemos ahorita, y obviamente las confirmó el gobernador Bonilla, pero repito: siempre hubo ese respeto.

“A final de cuentas, se nos acabaron las Mesas de Seguridad que teníamos, teníamos una donde estaban prácticamente todas las fuerzas de seguridad del Estado, y una vez que presentamos el amparo contra el C5, ahí sí se acabaron esas Mesas de Seguridad estatales. Hemos logrado rescatar algo de las Mesas de Seguridad municipales con Karla Ruiz ahora, en Mexicali también se están llevando a cabo, y en Rosarito entiendo del todo que también se están llevando a cabo. Realmente, si algo tendría yo que resentir a las administraciones actuales, es que no se le ha dado el reconocimiento ni el trato que se merece al Consejo Ciudadano.

“Como persona, tengo una buena relación con el gobernador, con el fiscal, inclusive al gobernador le debo un favor a nivel personal, familiar, que lo tengo que reconocer, pero a final de cuentas, no existió ya esa institucionalidad. La verdad, creo que no saben qué hacer con el Consejo Ciudadano, no alcanzan a conmensurar la fuerza que tiene a través de la Ley de Seguridad Pública, y por eso las situaciones que vimos con Amador Rodríguez; entiendo yo que con la anuencia del gobernador, porque siempre lo mantuve informado de lo que estaba sucediendo, pero creo que esa es la parte que ellos no terminan de reconocer. Y no es algo privativo al Consejo Ciudadano, creo que no hay una apertura para las organizaciones de la sociedad civil en estos nuevos gobiernos”.

¿Con cuál de los dos gobiernos tuvo menos apoyo el Consejo?

“Los actuales, sí. Como menciono, en los tiempos de Francisco Vega y de Daniel de la Rosa no se diga, ahí había una relación muy institucional, muy sólida, de mucho seguimiento. En este cambio con Gerardo Sosa, desafortunadamente entramos en una confrontación, pero siempre en ese respeto y en esa institucionalidad, incluido el mismo gobernador Vega. Acá pues los gobiernos nuevos, como diría por ahí un viejo político panista: nos atienden, pero no nos entienden, y dentro de ese no entendimiento, tenemos todos los problemas de seguridad que estamos viviendo hoy por hoy en el Estado”.

¿Cómo ha sido la relación con Jaime Bonilla? ¿Se han reunido con él, los escucha?

“Tuve varias reuniones hasta noviembre a nivel personal, digo, con temas de seguridad, pero a nivel personal. Reuniones a nivel Consejo Ciudadano, nos dio básicamente una previa a que tomara el cargo de gobernador, y una ya como gobernador del Estado, que fue cuando nos tocó la confrontación con el General. Resaltamos o tratamos de presentar una agenda en ese momento, pero realmente nunca hubo un eco o un seguimiento, o un plan de acción. La mayoría de las reuniones las tratamos de hacer con la Fiscalía General del Estado, y hago hincapié en que parte del reglamento del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública manda tener reuniones ordinarias con el pleno del Consejo, que lo conforman el fiscal y el resto de los secretarios, directores de Seguridad Pública una vez cada tres meses. Puedo contabilizar solo tres reuniones que tuvimos con el fiscal a nivel Consejo, en sesión ordinaria, en el año y medio que tienen en funciones. La última que tuvimos ha de haber sido por julio del año pasado, traíamos pendiente lo de los Certificados Únicos Policiales para los policías municipales. Quedamos de reunirnos posteriormente en octubre, él se enferma de COVID, pero de ahí nunca más nos pudimos reunir con ellos en una agenda oficial y de seguimiento”.

Bonilla prometió combatir la corrupción, depurar a las policías; llegó al gobierno, y de hecho eliminó a la Policía Estatal Preventiva. ¿Ha cumplido el gobernador en el combate a la corrupción? ¿Está mejor la PEP en la Fiscalía General del Estado?

“Ninguna de las policías está correctamente depurada. En la parte de la depuración policial, que se tiene que dar de una manera sistemática, es algo que simple y llanamente no está pasando. Me llama la atención el comentario de la Fiscalía General del Estado, con el policía que asesinaron en Tecate, que dicen que estaba coludido. Bueno, ¿estaba coludido desde cuándo, y por qué no se había hecho nada al respecto si sabían que había estado coludido? Pues lo mismo aplica con las policías”.

— Desde el año pasado dijeron que certificarían a los policías, que les harían los exámenes de Confianza, ¿les han hecho ustedes un reporte al respecto?

“Sí, tenemos los reportes, realmente los últimos se han completado. Digamos el Certificado Único Policial es un lineamiento que viene del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. En teoría, un policía que no tenga el CUP tiene que ser dado de baja y se le tienen que haber quitado las armas, y básicamente no se está haciendo eso afortunadamente, ¿no?, porque no nos podemos quedar sin policías; pero realmente el Certificado Único Policial no se ha cumplido y no se ha dado el seguimiento correspondiente”.

— ¿Qué porcentaje de los policías no cuenta con certificación?

“Estamos hablando en un promedio de 80-85 por ciento certificados. Llegamos a tener policías certificados al 49 por ciento, estuvimos apoyándolos a través de los contactos que tenemos con el Secretariado Ejecutivo y se incrementó, pero puedo decir que fue una acción directa entre Consejo Ciudadano, y, por ejemplo, la Policía de Rosarito. Ahí nos encontramos que los policías estaban certificados, pero no se podían subir a Plataforma México, entonces, nos comunicábamos con el subsecretario federal y él dio la línea para que pudieran seguir en sus certificaciones. Fue un esfuerzo entre el Consejo Ciudadano y la reacción de la Policía Municipal de Rosarito, porque nosotros los estábamos presionando, pero nunca apoyados por la fiscalía, o por la autoridad”.

— Se supone que ellos presentaron un informe a finales de 2020, que en el primer trimestre era muy similar, de cuántos policías habían pasado por exámenes de Confianza. Mexicali era la que tenía más policías.

“Con 99 por ciento”.

— En ese sentido, ¿han avanzado en ese porcentaje?

“Sí, hubo un avance, Rosarito, si mal no recuerdo andaba en el 49 por ciento y subió hasta el ochenta y tantos por ciento. En Tijuana se avanzó un poco básicamente, según yo a setenta y tantos por ciento, pero más que nada era una presión que estábamos ejerciendo, en este caso, con el apoyo del Secretariado Ejecutivo Nacional, con la gente de Leonel Cota”.

— ¿Y en cuanto a las depuraciones?

“Nos las reportan una vez al mes, pero volvemos a lo mismo: para nosotros el proceso de depuración no es el correcto, en el entendido de que sabemos que hay mucha policía que está coludida, inclusive corrupta, y finalmente no se está haciendo nada al respecto”.

¿Cuáles propuestas le han presentado al fiscal general Guillermo Ruiz, y cuáles ha cumplido?

“Volvemos un poquito al tema de que me atiende, pero no me entiende. Veo una fiscalía muy centralizada, donde prácticamente todo pasa a través del escritorio del fiscal, y bueno, el día tiene 24 horas y la semana siete días, y vemos cómo se atoran los trámites, ni siquiera puedo pensar que es mala fe, sino simplemente no les da para más. Veo una fiscalía, si pudiéramos decir, un poco setentera en cuanto a las maneras de conducirse, y pues finalmente, si todo tiene que pasar por la oficina del fiscal, y el fiscal anda entre una y mil cosas, pues no sucede, las cosas no pasan. Los veo muy dispersos. Nos vamos a los Ministerios Públicos, están desorganizados, es algo que hemos sentido a través de la ciudadanía, entonces, pues hay un discurso acá arriba, pero este discurso no está bajando a las estructuras ni a las huestes de la fiscalía”.

¿Existe una estrategia en el gobierno de Jaime Bonilla para contener los homicidios?

“No la conocemos. Llegamos a participar en algunas de las Mesas de Pacificación como invitados, veíamos la dinámica de cómo se llevaban a cabo los temas, y realmente todo eran temas a botepronto, no había una estructura, una estrategia, un plan de seguimiento, una línea de acción, un responsable con tiempos, con temas. No veo que estas Mesas de Pacificación se sigan llevando a cabo.

“Por otro lado, en la Ley de Seguridad Pública, en la nueva, inclusive, habla de conformar un Consejo Estatal de Seguridad, que se esté reuniendo periódicamente con la representación de los alcaldes y cada una de las fuerzas gubernamentales, y bueno, esos consejos estatales de Seguridad tampoco se han conformado. Y lo podemos ver con el número de homicidios, que nos ha estado creciendo en comparación con el año anterior”.

— En la Ley de Seguridad Pública se dedicó un artículo, respecto a que a los policías se les iba a dar seguro, prestaciones… Han pasado seis meses, ¿ha habido algún avance?

“Se había puesto un fondo de 400 millones de pesos, lo que pasó fue lo siguiente: nosotros presentamos una demanda ante la Comisión de los Derechos Humanos para que se cumplieran los artículos de la Ley de Seguridad Pública que hablaban sobre las prestaciones de los policías. La Comisión de los Derechos Humanos mandó una serie de recomendaciones a cada uno de los ayuntamientos, y finalmente no hicieron nada. Se armó el nuevo presupuesto de 2021 y no se puso nada de esos números. Lo que hizo el Congreso, basado en la nueva Ley de Seguridad, creó un fondo de 400 millones de pesos a expensas de que se reglamentaran en los municipios las prestaciones, y luego, que idealmente a partir de 2022, se pusieran las prestaciones correspondientes. Se inició, cumplió Tijuana, cumplió Tecate, y de ahí la verdad no sabemos qué fue lo que sucedió. Entiendo que los policías siguen agraviados en el tema, entonces, quiero pensar que no se les ha cumplido”.

¿Cuántas denuncias presentó el Consejo contra acciones del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid? ¿Cuántas contra la decisión de Jaime Bonilla?

“Presentamos la demanda del C5i, básicamente, y ya para la administración de Jaime Bonilla, fue la demanda ante la Comisión de los Derechos Humanos por los derechos de los policías, y ahora el amparo contra el nuevo reglamento”.

— Todas están en proceso…

“Todas están en proceso, desafortunadamente. Por el Consejo, la Comisión de los Derechos Humanos… de alguna manera se dio resultado si quieres indirecto, a través de los lineamientos que generó el Congreso”.

En cuatro años al frente del Consejo Ciudadano, ¿cómo ha evolucionado el tema de la inseguridad y la violencia en Baja California?  ¿Qué diferencias encuentra entre 2017, año en que tomó posesión, y 2021, cuando se retira?

“Prácticamente estamos parados donde mismo, a lo mejor dijera de alguna manera que estás aceptando que se fracasó en el proceso. Bueno, primeramente, yo diría que la seguridad pública no es mi responsabilidad; mi responsabilidad era ser el contrapeso a lo que estaba pasando, creo que posicionamos al Consejo Ciudadano, a lo mejor algunos niveles arriba de cómo estaba previo a cuando nos lo entregaron. Tuvimos participación en el Congreso Nacional de Seguridad, te puedo decir que le echamos todas las ganas, todo el esfuerzo, pero desafortunadamente seguimos sin políticas públicas ni un plan integral de seguridad a largo plazo. Mientras no tengamos eso, esto no va a avanzar”.

¿Con cuál o cuáles corporaciones tuvo mejor coordinación, ya sean federales, estatales, municipales, Ejército y Secretaría de Marina? ¿Están realmente comprometidos en el combate a la inseguridad?

“Tuvimos muy buena relación, como lo mencionaba, en su momento con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuando estaba Daniel de la Rosa. Después tuvimos una buena relación con Marco Sotomayor, secretario de Seguridad de Tijuana, no había información que pidiéramos que no se nos proporcionara en tiempo y forma. Con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, en los tiempos de Ulises Méndez también hubo una muy buena relación. Con el Ejército siempre ha habido una excelente relación, te puedo decir inclusive que hoy por hoy, la única entidad echada para adelante en materia de seguridad, es el Ejército”.

— ¿En qué se basa para afirmar eso?

“En las relaciones que tenemos, en las acciones que hemos visto. Hubo este evento en Sánchez Taboada, una especie de Mesa de Pacificación donde llegan y penetran, y todo eso ha sido liderado por el Ejército. Cuando el pleito aquel de las coordinaciones con la Policía de Tijuana, yo fui a visitar al General allá a la Segunda Zona, y bueno, él me llevó a ver y me dijo: ‘Las coordinaciones a nivel operativo se están dando’, ahí están, las pude ver. Indudablemente el Ejército es el que trae la estrategia de seguridad hasta donde le alcanza, porque a final de cuentas, sigue siendo Ejército, no es Policía, no tiene la operatividad como Policía, se tiene que seguir apoyando tanto de la Fiscalía, como de las policías municipales para ser efectivos”.

— Por lo que dice, ha registrado que hay una indiferencia del gobierno de Morena hacia el tema de seguridad. ¿Está abandonada la seguridad en Baja California?

“Está abandonado el tema de seguridad en Baja California, así lo puedo decir, tal cual es, y veo que el gobernador ni siquiera lo menciona. El tema de seguridad simple y llanamente no lo trata. El fiscal hace el esfuerzo, entiendo que hace el esfuerzo y tiene las buenas intenciones, pero también ya mencioné este cuello de botella en las estructuras que tiene la Fiscalía General del Estado.

“Cuando nos vamos a los municipios, el único que ha mantenido su director de Seguridad Pública es el de Rosarito, todos los demás han tenido tres o cuatro cambios dentro de las estructuras, no puedes hablar de una estrategia de seguridad donde en un año y medio cambias a tu secretario de Seguridad tres veces. Creo que hay desconocimiento de la problemática, de la estrategia, y simple y sencillamente, optan por evadirla para no confesar que no ha habido éxito en la misma”.

— ¿Se puede avanzar en esas condiciones? ¿Qué le recomendaría a quien le vaya a suceder?

“Nuevo gobierno, nueva esperanza, primeramente. Viene un relevo a partir del primero de octubre y luego el primero de noviembre. Cuando estuvimos en los procesos de la campaña, invitamos a los tres candidatos punteros, tanto a Marina, como a Jorge Hank y Lupita Jones, y les presentamos nuestro programa de seguridad. Y te lo digo sin términos de lisonja: la que mejor abrazó todas las propuestas, fue Marina. Cuando nos reunimos con ella, le pedimos una Cruzada por la Seguridad, que dijo: ‘Ese tiene que ser mi primer acto de gobierno’. He estado trabajando con sus asesores para armar lo que sería una nueva Cruzada por la Seguridad, un documento que estaré presentando a los asesores, catorce hojas, 71 líneas de acción. Estoy proponiendo que le llame Acuerdo de Voluntades, e inclusive no se espere a que tome el poder, porque los alcaldes entran primero que el gobernador. Entonces, si lo que quieres es primeramente alinear a tus secretarios, directores de Seguridad Pública, necesitas trabajar desde antes.

“Exámenes de Control y Confianza, experiencia previa, coordinación, la posibilidad de un Mando Único, la gobernadora también tendrá que tomar la decisión si jala a la Secretaría de Seguridad Pública de regreso al Ejecutivo estatal. Creo que el ejercicio que se ha hecho en Fiscalía es novedoso, digno de ver, pero no funcionó. Entonces, creo que la obligación constitucional del gobernador es dar seguridad, y para eso necesita un brazo operativo, y ese brazo operativo se tiene que llamar Secretaría de Seguridad Pública.

“¿Qué puedo hacer? En mi opinión, Mando Único, cuando menos en la primera fase, donde digo, yo absorbo todas las policías del Estado bajo una sola coordinación, bajo una sola estrategia, con los certificados correspondientes. Eso es lo que le estaríamos proponiendo a los asesores de Marina en materia de seguridad. El documento está bastante completo, creo que, si la convencemos de que lo adopte, otro gallo nos terminará cantando en un término de tiempo muy corto”.

Muchas gracias.

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