Incidencias negativas del periodo electoral 2020-2021 ya rebasan las ocurridas en las elecciones anteriores; 782 agresiones, entre las que destacan 89 homicidios de personas con actividad política, entre ellas 35 candidatos y aspirantes, además de 41 privaciones de libertad. Zonas calientes con intervención de la delincuencia organizada en riesgo de no contar con casillas; Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, en foco rojo. Y lo nunca visto: cobro de derecho de piso por hacer campaña
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El proceso electoral que concluye con las votaciones del 6 de junio, es sin duda el periodo de pre campaña y campaña más violento en la historia en México, al registrarse 782 agresiones que dejaron un saldo preliminar de 89 personas asesinadas que se dedicaban a actividades políticas, entre ellas 35 que fueron candidatos o aspirantes a un puesto de elección popular.
La cifra total de agresiones rebasó las 774 ocurridas durante los comicios de 2018, solo que en ese entonces fueron 152 los políticos asesinados, de los cuales 48 eran candidatos, en un proceso más largo y de relevancia nacional porque se definía la Presidencia de la República y senadurías. Sin embargo, el tipo de atrocidades perpetradas durante 2021 advierten una mayor injerencia de la delincuencia organizada en la política del país.
Amenazas de muerte, golpizas, lesiones, homicidios, levantones, disparos a domicilios, corretizas a equipos de campaña, intentos de soborno para declinar candidaturas y la tan común guerra sucia, forman parte de las agresiones documentadas por consultorías como Etellekt, que prácticamente llevaron un conteo diario y emitieron sus informes en cortes periódicos a la opinión pública.
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Casos antes no vistos como candidatos que utilizaron chalecos blindados durante su campaña, presuntos ataques con ácido a simpatizantes de partidos y cobro de derecho de piso en algunas regiones del país para autorizar el proselitismo. Por denuncias, medios de comunicación o redes sociales, se conoció de por lo menos 41 casos de privaciones ilegales de la libertad, en la mayoría las y los candidatos fueron liberados. Unos fueron victimados. Y en algún otro evento, el candidato simuló un secuestro.
A mayor participación de mujeres en la vida política, más agresiones, pues de las 782 documentadas, el 35% se efectuaron en contra de ellas (260). En tanto que, de los 89 asesinatos, 14 fueron perpetrados en contra de mujeres; y de los 35 homicidios a candidatos y candidatas, siete de las víctimas eran del sexo femenino. Las fallecidas competían para presidir las alcaldías de sus respectivos municipios y en su mayoría eran madres de familia.
Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, fue
asesinado a balazos en el cruce de las calles
Guerrero y California, cuando se encontraba
repartiendo propaganda electoral.
De los 89 homicidios, Veracruz tuvo la mayor incidencia con 16 crímenes (18% del total nacional), Oaxaca once, Guerrero ocho, Guanajuato siete, Baja California seis, Estado de México y Morelos, cinco cada uno; Chiapas, Jalisco, Michoacán y Puebla, cuatro cada uno. Pese a las anteriores cifras, antes calificadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como “amarillismo” de los medios de comunicación, el mandatario asegura que existen condiciones de seguridad para celebrar las elecciones con total tranquilidad.
“En todos lados, en todos lados hay condiciones. Han querido también dar a conocer que hay mucha violencia con motivo de las elecciones. Como es un tema muy delicado, muy sensible, hemos sido cuidadosos de hablar de lo que sucedía antes, pero les puedo decir que aun siendo la elección más grande en los últimos tiempos en cuanto al número de candidatos que se van a elegir, aun con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo que lo que pasaba antes, y lo puedo probar, nada más que no nos vamos a poner a comparar número de fallecidos”, externó al respecto.
LA MANO DEL NARCO
En su quinto informe de violencia política en México, Etellekt señala que el 75% de los políticos y candidatos víctimas de agresión, son opositores a los gobiernos de los estados y municipios en los que se registraron los hechos, lo que hace presumir que muchos de los ataques provienen del mismo ámbito político; sin embargo, algunos de los incidentes y homicidios se cometieron desde el crimen organizado.
A la fecha, solo en seis de los 35 asesinatos de políticos hay personas detenidas, entre estos el de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, el pasado 25 de mayo, cuando realizaba campaña. Los asesinos, que vestían playeras color naranja, mezclados entre los simpatizantes, le dispararon. El detenido es Fernando “N”, quien estaba en poder de armas de fuego largas, una corta y droga, pero no ha revelado el móvil del impactante crimen.
Como en ese caso, en los demás que ha sido posible capturar a presuntos autores materiales o intelectuales de los homicidios, no se ha conocido el origen. A Arturo Flores Bautista, candidato de Movimiento Ciudadano a síndico por Landa de Matamoros, lo mataron el 23 de mayo. Su asesino dijo que el político tenía una deuda de droga con él. Antes, el 1 de marzo, en San Luis Potosí, fue victimado un empresario y político. Un socio lo mandó matar, pero no precisó el porqué. Hubo seis detenido.
El 24 de febrero, en una cafetería de Puerto Morelos, Quintana Roo, fue asesinado el candidato a la alcaldía de ese municipio por la alianza “Juntos Haremos Historia”, a manos de un sujeto armado. El 28 de mayo reciente, fue detenida la presunta autora intelectual del crimen, Karla Odethe Vivas Medina, quien resultó ser hermana de la candidata del Partido Encuentro Solidario (PES) a la misma presidencia municipal. No se tiene un móvil cierto porque la mujer se reservó el derecho a declarar.
Aún no se tiene la certeza de cuántas casillas no serán instaladas a lo largo del territorio nacional debido a diversas situaciones, unas relacionadas con la oposición de pueblos originarios y otras directamente con la violencia. Los focos rojos están puestos en las entidades donde se registra violencia global, como Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, entre otras.
El caso de Jalisco es muy emblemático. Ahí las autoridades electorales decidieron no instalar doce casillas en comunidades de Tuxpan de Bolaños y San Sebastián Teponahuaxtlán, en los municipios de Mezquitic y Bolaños, donde comunidades Wixáritari se oponen desde las pasadas elecciones de 2018 a que haya comicios. Fue precisamente en Mezquitic donde un ex presidente municipal, Álvaro Madera, aspirante del PRI a ocupar otra vez ese cargo, fue desaparecido por policías y presuntamente asesinado, aunque su cuerpo no ha sido localizado.
Más grave aún lo ocurrido en los municipios jaliscienses de Jilotlán de los Dolores, Tecalitlán y San Cristóbal de la Barranca, donde diversos partidos políticos prefirieron no designar candidatos, y aquellos que lo hicieron, optaron por retirar las candidaturas, dadas las condiciones de inseguridad y violencia que predominan en esos territorios.
En el caso de Jilotlán, limítrofe con Tepalcatepec, Michoacán, solo existe un candidato, José Manuel Cárdenas Flores, de Morena, quien será seguro ganador, ya que la autoridad electoral resolvió no suspender las votaciones.
En su momento, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, Ramiro Hernández García, anunció el retiro de una candidatura en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, limítrofe con Zacatecas, “donde ya habíamos hecho el registro de una planilla encabezada por una mujer, y antes de iniciar campaña fue presionada bajo el argumento de que querían que se les pagara una cuota (derecho de piso) por hacer campaña, y evidentemente la candidata decidió renunciar”, argumentó el dirigente.
FINANCIAMIENTO
Un aspecto preocupante durante el presente periodo electoral y que puede repercutir a futuro, es la opacidad en la rendición de cuentas por parte de los contendientes para estas elecciones. Autoridades electorales señalaron días previos a la celebración de los comicios que el 22% de los candidatos no habían reportado gastos de campaña. Es decir, uno de cada cinco, de los 29 mil 184 aspirantes a cargos de elección popular, no ha entregado al Instituto Nacional Electoral (INE) tal información obligatoria.
encobijado en el domicilio de la candidata
por el Partido Encuentro Solidario (PES) por
el distrito 4, Julieta Castillo en Cd. Juárez,
Chihuahua.
La situación es que a la fecha no se conoce sobre los montos erogados y se ignora el origen de los recursos y las fuentes de financiamiento, si son o no confiables y comprobables, pues la mano de la delincuencia organizada detrás de la estela de violencia hace presumir que algo esperan de la contienda electoral.
Los escándalos que ya se han vivido en Europa, Asia y América Latina, tienen que ver con la financiación de la política. Destaca el caso Odebrecht, utilizado para golpeteo mediático, aunque no ha habido consecuencias mayores para los involucrados.
Jorge Huerta Partida, experimentado jurista, advierte que más allá de que las autoridades de todos los niveles fueron incapaces de contener la violencia preelectoral, ahora “debe tener los ojos bien abiertos, porque está visto en hechos, que candidatos, servidores públicos de alto nivel y políticos que han ocupado ese tipo de cargos, son dirigidos por la delincuencia. “Lamentablemente son conocidos los casos de arreglos entre funcionarios con la delincuencia, y debemos tener mucho cuidado porque muchas familias y la ciudadanía andan en la calle, y pareciera que no hay Estado Derecho en México”.
Para el maestro en Derecho no es un secreto la vinculación entre políticos y financiadores de sus campañas que derivan en el compromiso de retribuir a los benefactores a través de decisiones de Estado, como en cualquier negocio. “Yo te doy, para que tú me des. Yo contribuyo, empresario o miembro del crimen organizado, y tú, político o funcionario, toma o deja de tomar decisiones según mis intereses. Ahí, el bien común desaparece, y el interés particular prevalece. El interés político queda monetizado. El financiador tarde que temprano pasa la factura para su pago”, ejemplificó Huerta Partida.
“Desafortunadamente las leyes de financiación de campañas, son endebles ante la corrupción y los graves problemas de gobernabilidad que se viven en México. De poco sirve identificar a sujetos corruptos, porque forman parte de toda una organización, son parte de una cadena, y ante el temor que esto genera y los riesgos que la denuncia o la confrontación podrían tener, el ciudadano opta por la ‘Ley del Silencio’ y por una cultura que aconseja no meterse, para no sufrir mayores males y no resultar involucrado, o víctima de represalias”, finalizó.
